El ministro de Defensa, Luis Petri, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron este jueves en una conferencia de prensa que enviarán un proyecto al Congreso Nacional para modificar la Ley de Seguridad Interior, con el objetivo de darle mayor intervención a las Fuerzas Armadas.
“Como todos saben la situación de Rosario es crítica, lleva años sufriendo el flagelo del narcotráfico (…) y lo que estamos viendo actualmente es la presencia de actos terroristas, como la muerte de un colectivero, dos taxistas y un playero”, mencionó Petri al presentar la peligrosa iniciativa que impulsa su cartera.
Ante este escenario, continuó, “el presidente de la Nación nos dio instrucciones para que modifiquemos la Ley de Seguridad Interior, teniendo en cuenta que esta ley establece dos supuestos de intervención de la Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior”, el primero para “dar ayuda (logística) a las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales” y el segundo “a partir de la declaración de estado de sitio, donde claramente no se resuelve el problema porque se suspenden las garantías constitucionales y las Fuerzas Armadas no actúan bajo un procedimiento determinado y tampoco pueden prepararse para actuar”.
“Teniendo en cuenta que es facultad del Congreso organizar a las fuerzas pero también del presidente de la Nación disponer de las Fuerzas Armadas, entre esta alternativa de mínima intervención (supuesto 1) y de máxima intervención (supuesto 2), estamos modificando la Ley de Seguridad Interior”, comunicó Petri.
Esa modificación, explicó, busca “que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos en un supuesto muy particular que es el de terrorismo, que está definido en el Código Penal como todas aquellas acciones y delitos que están destinados a aterrorizar a la población”.
Esa calificación de “terrorismo”, aclaró, “va a depender del Comité de Crisis que prevé la Ley de Seguridad Interior pero además va a requerir la concurrencia y la voluntad expresa del gobernador de la provincia donde se reclame la participación de las Fuerzas Armadas”.
Entre las funciones que tendrán a su cargo las Fuerzas Armadas, en caso de que el proyecto de ley sea aprobado por ambas cámaras del Congreso, Petri mencionó “tareas patrullaje, control de personas y de vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediata intervención al juez y al fiscal interviniente para dar las máximas garantías”.
También tendrán la “posibilidad de utilizar medios coercitivos”, anunció Petri. La utilización de estos medios, señaló, “se va a regir con las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”.
Estas acciones, no obstante, “no van a ser punibles” porque “van a ser consideradas en cumplimiento del deber”, finalizó el funcionario.
Destinan tres aeronaves para el Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe
Con el dictado de la Resolución 578/24, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le asignó este jueves tres aeronaves al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe para realizar actividades operativas e investigativas de policía en función judicial orientadas a la lucha contra el narcotráfico. Además, autorizó la contratación de seis funcionarios para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, abocados a dicha tarea.
En el marco de una causa en la que se investigan posibles infracciones a la ley 23.737 (narcotráfico), el Juzgado Federal de Rosario N°3 dispuso que una serie de vehículos secuestrados quedara a exclusiva disposición del Máximo Tribunal, en los términos de la Acordada 2/2018 (Reglamento de efectos secuestrados y objetos decomisados).
Esta acordada dispone, entre otras cuestiones, que los bienes afectados podrán ser asignados provisoriamente para uso del Poder Judicial de la Nación, Fuerzas de Seguridad y Entidades con fines de interés público, exclusivamente conforme sus funciones y dentro del territorio nacional.
En la resolución 578/24, dictada hoy con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte resolvió asignar al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe dos aeronaves marca Beechcraft modelo Baron 58P y una Cessna modelo 210K.
Asimismo, por medio de las resoluciones 568/2024, 569/2024 y 570/2024, la Corte autorizó la contratación de seis funcionarios para desempeñarse en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario números 1, 2 y 3, que trabajan en causas contra el narcotráfico.
Fuente: P12
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