En una audiencia realizada este martes ante el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal N° 1 de Rosario, Germán Sutter Schneider, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Rosario representada por el fiscal general Adolfo Villatte, se opuso a que se otorgue la libertad condicional a Juan Daniel Amelong, condenado por crímenes de lesa humanidad. La intervención del Ministerio Público Fiscal se dio luego de que la defensa del exteniente coronel solicitase el beneficio, al estar próximo a cumplir veinte años en prisión.
El fiscal puso de relieve el estándar fijado por el sistema interamericano de protección de derechos humanos y por la Corte Penal Internacional para casos de lesa humanidad, y destacó que el condenado cuenta con una pena a prisión perpetua y otras dos de 10 y 13 años de prisión firmes, dos penas a prisión perpetua en etapa de revisión, y que se encuentra procesado en dos causas.
En su intervención, Villatte rememoró las causas por las cuales el genocida Amelong se encuentra condenado, con una prisión perpetua firme, penas de 13 y 10 años de prisión también firmes y otras dos prisiones perpetuas aún no ratificadas. En total, Amelong cuenta con sentencia firme por la comisión de 36 homicidios agravados y sentencia no ratificada por diecinueve desapariciones forzadas, de las cuales todas salvo una fueron seguidas de muerte. En estos procesos también fue condenado por 72 casos de torturas y 59 privaciones ilegítimas de la libertad, y al momento se encuentra con prisión preventiva en otras dos causas.
La defensa de Amelong fundamentó su pedido en que se encuentra detenido desde el 17 de mayo de 2004 de forma ininterrumpida, actualmente en la Unidad 34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, y destacó el cumplimiento de reglamentos penitenciarios, además de incluir informes del organismo técnico criminológico y del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario Federal. De acuerdo a estos documentos, Amelong se encontraría “en condiciones temporales” para acceder a la libertad condicional; pero los Organismos de Derechos Humanos y la Fiscalía entienden que el único lugar para un represor genocida es la cárcel.
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