Se cierra el círculo sobre la mandataria, denunciada por masacrar al pueblo, y también por actos de corrupción. Tras la detención de su hermano y su abogado, investigados por tráfico de influencias y asociación ilícita, sólo le queda el respaldo de las corporaciones, el fujimorismo y los medios.
Dina Boluarte fue elegida vicepresidenta en julio de 2021 y asumió como presidenta interina en diciembre de 2022. Acompañaba en la boleta a Pedro Castillo, que fue elegido presidente, pero los poderes fácticos nunca lo dejaron gobernar. Ambos se presentaron como candidatos del partido marxista leninista Perú Libre (PL), pero cuando la vice se quedó con la presidencia (tras una declaración de Castillo amenazando con cerrar el Parlamento, lo que lo llevó a la cárcel), Boluarte cambió de ideología (se convirtió en ultraderechista), se atornilló al cargo y se negó en forma sistemática a llamar a elecciones. Cuando el pueblo salió a la calle a denunciar el golpe parlamentario y militar contra Castillo, fue masacrado. De esta manera quedó claro que la mandataria interina estaba dispuesta a gobernar más allá de las leyes, los tratados internacionales y los derechos humanos.
Pese a que las multitudinarias protestas, que comenzaron tras el encarcelamiento de Castillo, exigían la renuncia de Boluarte, el cierre del Parlamento, y el llamado a elecciones anticipadas, el 10 de mayo de 2024 el Congreso peruano desoyó el clamor popular y dispuso que el llamado a las urnas será en 2026. La presidenta interina, que siempre se negó a adelantar los comicios, está habilitada entonces a completar el mandato de Castillo. Si la calle o la Justicia no logran modificar esta decisión.
Su gobierno viene desplegando el amplio espectro de acciones criminales que caracterizan a la derecha y la ultraderecha de la región y el mundo. La represión a la protesta social, con ayuda de Estados Unidos, fue el delito más grave, pero no el único. Las denuncias de organismos multilaterales y de derechos humanos de todo el mundo se reiteran desde entonces hasta hoy.
El 3 de mayo de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la represión a las protestas antigubernamentales en el que se hace referencia a ejecuciones extrajudiciales y se habla de “masacre”. El organismo exigió que los responsables sean sancionados e indica que las investigaciones deben tener “un enfoque étnico-racial”, en clara referencia a los componentes racistas de las persecuciones y la represión. La mayor cantidad de víctimas son pobladores indígenas, campesinos de las zonas andinas. “La respuesta del Estado (a las protestas) estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza”, señala el informe.
La CIDH no fue la primera en denunciar represión y etnocidio. El 17 de febrero de 2023, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer una investigación en la que denunció “graves violaciones a los derechos humanos”, con “ataques generalizados contra la población” y el uso de armas letales contra las manifestaciones sociales.
El organismo de derechos humanos señala “crímenes contra el derecho internacional” y agrega que el uso “abusivo y desproporcionado” de la fuerza represiva tiene un alto contenido racista contra las poblaciones indígenas andinas. Amnistía Internacional llamó al gobierno peruano a detener el uso de armas letales en la represión. Pero reveló que en reuniones con la presidenta y ministros no recibió garantías de que eso vaya a ocurrir. Y efectivamente, más de un año después de esas gestiones y nuevas denuncias, los hechos siguen impunes.
A pocos días de comenzada la represión, tres organismos de derechos humanos peruanos, el Instituto de Defensa Legal, la Asociación Pro Derechos Humanos, y Paz y Esperanza denunciaron penalmente a Boluarte, ministros y altos mandos policiales, por el caso de seis muertes y decenas de heridos en la andina Andahuaylas. También la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos peruana calificó a la represión como crimen de lesa humanidad.
Desde diciembre de 2023, cuando estallaron las protestas luego de la destitución y encarcelamiento del ex presidente Pedro Castillo, la represión ha dejado 49 muertos por disparos de la policía y del ejército. Hay más de mil heridos y numerosas detenciones arbitrarias. El informe de la CIDH analiza las matanzas en las zonas andinas de Ayacucho, donde el 15 de diciembre los militares mataron a diez personas, y Juliaca, donde el 9 de enero murieron 18 pobladores por disparos de las fuerzas de seguridad.
Masacres, autoritarismo y mentiras
A un año y medio de ejercer el cargo en forma interina, la situación política, social y económica de Perú es muy grave: creciente militarización del país, con tropas de Estados Unidos incluidas, violación sistemática de la Constitución, las instituciones democráticas, la división de poderes, los tratados internacionales y los derechos humanos. A esto se suma el manejo discrecional del Congreso (con una mayoría fujimorista que sostiene a la multi-denunciada mandataria interina), un plan de ajuste contra las grandes mayorías y en beneficio de los intereses económicos más concentrados. Y tanta injusticia se sostiene gracias al indispensable apoyo de los poderes fácticos, los grandes medios de comunicación hegemónicos, y buena parte de la Justicia.
Con apenas el 7 por ciento de aprobación de su gestión, varias investigaciones en su contra por la comisión de graves ilícitos y un pedido de vacancia por incapacidad moral, Boluarte sigue en el cargo, pese a todo. Y el presidente elegido por la voluntad popular, Pedro Castillo, continúa encarcelado sin juicio, derechos ni garantías. Pero las causas en su contra se han ido sumando y se cierra el cerco, aunque no está todo dicho.
“El gobierno de Dina Boluarte se hunde en una crisis que se agrava aceleradamente. Una crisis de corrupción, de gestión y de representatividad. Un alto rechazo ciudadano a la presidenta –tiene una aprobación de apenas siete por ciento–, recesión económica, incremento de la pobreza, aumento de la delincuencia y graves acusaciones por corrupción contra la mandataria y su entorno más cercano, complican seriamente a un gobierno que se inauguró en diciembre de 2022 con una brutal represión a las protestas”, señala Página 12 en la nota firmada por Carlos Noriega el 12 de mayo de 2024, titulada “Perú: la corrupción hunde a la gestión de Boluarte”.
Noriega señala que la situación se agravó con las detenciones producidas el viernes 10 de mayo: El hermano y el abogado de Boluarte están acusados de integrar una organización criminal, y a esto se suman “las crecientes evidencias en las investigaciones fiscales por corrupción en su contra, que debilitan más a una mandataria cuya continuidad en la presidencia se pone en duda”.
Uno de los casos más sonados fue el denominado “Rolexgate” (por una colección de relojes de la marca Rolex) y sus costosas joyas, cuyo origen nunca pudo explicar en forma convincente. La Fiscalía también la investiga por una diferencia en su declaración de bienes de más de 400 mil dólares. La Justicia trata de probar si se trató de ilícito y posible cobro de sobornos.
La detención de su hermano agravó su situación. La Fiscalía inició una nueva investigación por obstrucción a la justicia por ordenar, la noche anterior a la captura de su hermano, la desactivación del equipo especial de la policía que ha venido apoyando a la Fiscalía en las investigaciones en casos de corrupción relacionada al poder político, como las que involucran a la mandataria y su hermano.
La nota de Página 12 informa que Boluarte no está como investigada en el caso de la organización criminal que integrarían su hermano y su abogado, señalada de vender nombramientos en el sector público a cambio de pagos, negociar contratos con el Estado y maniobrar para obstruir las investigaciones fiscales, pero eso podría cambiar.
“Boluarte también aparece involucrada en otras investigaciones de acciones para obstaculizar el trabajo anticorrupción de la Fiscalía. A esto se suma la denuncia en su contra por las muertes en las protestas sociales. Un escenario legal cada vez más complicado para la presidenta”, sintetiza Noriega.
“Pretender detener la investigación fiscal sobre ella y su hermano como ha hecho desactivando el equipo policial encargado de esas investigaciones es gravísimo, es una clarísima obstrucción a la justicia que la compromete seriamente, pero sigue haciendo este tipo de cosas que la van hundiendo cada vez más porque sabe que si la siguen investigando van a seguir creciendo las evidencias en su contra. Por eso digo que no tiene salida”, le señaló a Página/12 el sociólogo y profesor de ciencias políticas en la Universidad de San Marcos, Carlos Reyna, que aclara que si bien existe la posibilidad de un pedido de vacancia presidencial por incapacidad moral, Boluarte tiene el respaldo de la derecha y la extrema derecha, y ese pacto conservador y autoritario sigue en pie, al menos hasta ahora. Se trata de un pacto de conveniencia entre descarados representantes de oscuros intereses. No existen lealtades duraderas en ese mundo, y nadie puede asegurar cuándo le soltarán la mano a Boluarte.
Tráfico de influencias y organización criminal
Según informó el diario peruano La Razón, la Justicia de ese país ordenó la detención de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, por un período de hasta diez días. También se tomaron las mismas medidas contra el abogado de la mandataria interina, Mateo Castañeda, en el marco de una investigación por presunta organización criminal y tráfico de influencias en el caso denominado “Los Waykis en la sombra” (“wayki” significa “amigo” en quechua). Además de Boluarte y Castañeda, también se encuentran en prisión preventiva José Luis Ortiz Morreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Griselda Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina.
El medio peruano agrega que el Ministerio Público acusó al investigado hermano de la mandataria interina de organización criminal y soborno para el nombramiento de prefectos y subprefectos (en Perú, son quienes encabezan un gobierno regional o local). Para hacer efectiva esa detención, agrega La Razón, se consideraron los presuntos hechos criminales, incluyendo una recolección de firmas en los formularios de afiliación en San Martín. “La posible influencia del nombramiento del subprefecto para financiar redes criminales y recolectar firmas para el registro de partidos políticos en la región Cajamarca”, precisó el diario peruano.
Asimismo, Castañeda está acusado de intentar detener y obstaculizar la investigación contra Nicanor Boluarte al “otorgar el máximo nivel de beneficios de protección al coordinador policial que apoya al equipo fiscal en el traspaso de cualquier información contra él y su entorno”, indica La Razón citando el texto de la denuncia.
El portal peruano RPP Noticias señala que Nicanor Boluarte habría cometido delitos “investido del poder de facto otorgado por su hermana (…), habría instrumentalizado el aparato estatal de las prefecturas y subprefecturas provinciales y distritales en los departamentos de San Martín, Cajamarca y otros por determinar, con la finalidad de hacerse de dádivas económicas mediante su influencia ilícita en la designación de estos funcionarios políticos, representantes del Poder Ejecutivo, y también, obligar a estos a recabar fichas de afiliación para la inscripción del partido político Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones”.
La Justicia investiga, asimismo, si a través del abogado Castañeda, se habría buscado “captar a miembros clave del Equipo Fiscal, con la finalidad de neutralizar la persecución penal” contra Nicanor Boluarte, ofreciendo beneficios indebidos al Coordinador General de la Policía Nacional y el Equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder (EFICCOP) (…), con la finalidad de lograr la continuidad en el poder en una eventual contienda electoral” para la actual presidencia interina.
“La finalidad de esta organización criminal sería la de copar el poder para obtener recursos económicos y reclutar afiliados para solventar y lograr la constitución del partido político Ciudadanos por el Perú, a fin de que sea utilizado como plataforma para mantener el poder en el aparato estatal y, con ello, obtener ganancias ilícitas”, señaló EFICOOP.
Según la Fiscalía, la supuesta organización criminal habría iniciado sus operaciones “inmediatamente después de que Dina Boluarte asumiera como Presidenta Constitucional de la República, esto es el 07 de diciembre del 2022”, reproduce el medio RPP Noticias.
“Hasta el momento la presidenta Boluarte no ha declarado nada frente a la situación de su hermano. Así mismo tampoco ha declarado nada referente a los 12 días de ausencia no justificadas en los que se habría sometido a cirugías estéticas”, concluye La Razón.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 18/05/24
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