Sin “chequera” disciplinadora, a Milei le alcanzó con la reactivación de un puñado de obras para tener la voluntad de los gobernadores a cambio de la ley Bases. Pullaro celebró que se retomen 25 proyectos.
La popular frase de los gobernadores opositores durante las gestiones del kirchnerismo acerca del método empleado por la Casa Rosada para “disciplinar” a esos jefes provinciales, mediante el uso del “látigo y la billetera”, derivó en los primeros meses de gestión del Gobierno de los hermanos Karina y Javier Milei en una versión más austera, pero no por eso menos efectiva: látigo sin chequera. Bajo el mandato irrevocable de la búsqueda de equilibrio fiscal, se paralizaron las transferencias a los distritos subnacionales, se congeló la obra pública, se recortaron recursos para el transporte público y se desfinanció la educación, mientras paralelamente se instaló el destrato y el insulto como forma legítima de comunicación oficial. Pero ahora, en procura de la sanción definitiva de la ley Bases, la administración central modificó nuevamente los términos del binomio disciplinador por el de “látigo y monedero”.
Sin quejas estridentes ni denuncias de “discriminación”, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, firmó esta semana con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, un acuerdo para “la continuidad de obras” en el distrito que gobierna, como antes la Casa Rosada lo había hecho con otros mandatarios provinciales, a cambio del apoyo a la sanción de la ley Bases, fuente de toda razón y justicia del experimento libertario. Según el detalle difundido por las partes, Nación retomará 25 de las 189 obras públicas federales paralizadas en diciembre, y transferirá a Santa Fe otro grupo de tareas inconclusas (20), lo que redujo la chequera a modesto monedero. El ministro de Obras Públicas provincial, Lisandro Enrico, sostuvo que mejor que nada es algo, ya que “llegar a esto, que alguna obra vamos a retomar tras este acuerdo, es un avance”. Es la forma en la que La Libertad Avanza.
Necesidad y urgencias
El mismo martes 25 de junio en que Pullaro puso su firma en el acuerdo con Nación por la reactivación de una modesta cantidad de obras públicas paralizadas desde la asunción de Milei, Francos rubricó convenios similares con los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de San Luis, Claudio Poggi. Antes lo había hecho con otros líderes distritales.
Lo que modificó el dogma mileiano acerca de que el Estado no debe realizar obras de infraestructura, tarea que los libertarios asignan con exclusividad al sector privado, no fue una apertura ideológica sino una necesidad concreta: garantizar la aprobación de la ley Bases, la única que el Gobierno envió al Congreso en siete meses, y que llegó hasta el inicio del invierno en veremos.
Para eso, requería de la voluntad de los originalmente destratados jefes provinciales y sus necesarias recomendaciones o indicaciones –según los casos– a los diputados nacionales por cada provincia.
Por lo tanto, no hubo “capacidad de gestión” o modificación de la relación de fuerzas de los gobernadores en la consecución de esos objetivos, sino una mutua conveniencia entre dos niveles del Estado. La necesidad de LLA y las urgencias de los caciques distritales.
Sí, en cambio, la transacción muestra la ineludible politización del Gobierno de los hermanos Milei, que llevó adelante el más político de sus funcionarios, el jefe de Gabinete Francos, digno representante de los mejores atributos de la denostada casta.
Además, la transacción se revistió de carácter “político” desde que fue puesta a circular por canales institucionales, adquiriendo la forma de convenios entre jurisdicciones, menos cuestionables que la denostada rotonda de Choele Choel o la mejor justipreciada embajada en la Unesco, que produjeron efectos en la votación del proyecto de ley por parte del Senado de la Nación.
Como pequeña carambola, los convenios de reactivación de obras públicas en distintas provincias, a pesar de su timidez, contribuirán a desperezar a un sector agobiado por las políticas libertarias.
Lo novedoso, o que marca una diferencia con el pasado más o menos reciente, es que los gobernadores “domados” ya no hacen referencia al uso del látigo como método para trocar bravura por docilidad o amansamiento, sino que, en algunos casos, como el de Pullaro, se expresa bajo la forma de “objetivos compartidos” pero con diferencias de acentuación. En síntesis, quién paga el ajuste.
La tentativa de reforma de la Caja de Jubilaciones santafesina por parte del frente que lidera el gobernador no permite advertir grandes bifurcaciones entre ambos modelos: los jubilados son parte del objetivo. De todos modos, esta semana Pullaro se reunió con sus pares de la Región Centro, el entrerriano Rogelio Frigerio y el cordobés Martín Llaryora, para reclamar en conjunto a la Nación el pago de la deuda de Ansés con los tres sistemas previsionales provinciales no transferidos.
“El desafío que tenemos como Región Centro es reclamar la deuda que tiene Nación con nuestras Cajas de Jubilaciones. Es importante que podamos plantear estos temas de fondo, son políticas de Estado. Para eso tenemos que hacernos muy fuertes y reclamar lo que nos corresponde, que es que se respete la ley y el federalismo”, afirmó el gobernador santafesino, que no confronta con Milei, pero tampoco come vidrio.
La deuda de Ansés con Santa Fe en este ítem es de unos 800 mil millones de pesos, cuya percepción permitiría revertir buena parte del déficit mensual de la Caja provincial. En lo que va del año, según explicó el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, la deuda asciende a 172 mil millones de pesos.
Algo es algo
Atrás parecen haber quedado los años en los que el kirchnerismo ponía “un pie sobre la cabeza de Santa Fe” y utilizaba los métodos que ahora emplea Milei para “disciplinar con el látigo y la chequera”.
Para el gobernador santafesino, el cambio tiene que ver con los objetivos que comparte con el presidente. “Compartimos la intención del Ejecutivo de terminar con el déficit fiscal”, dijo tras firmar el acuerdo con Francos.
En igual sentido se había pronunciado durante los actos oficiales por el Día de la Bandera, en Rosario, cuando el convenio con Nación por la reactivación de un puñado de obras públicas ya estaba acordado.
En los dos casos, el gobernador santafesino remarcó las diferencias que posee con LLA en ese marco de coincidencias de objetivos: “Compartimos la intención del Ejecutivo de terminar con el déficit fiscal, pero vemos un camino distinto; para nosotros hay que fortalecer el sistema productivo y asociarlo con el sistema educativo, para que se pueda producir más y de esa manera se pueda crecer”.
En ninguna de las dos agendas aparecen como temas prioritarios la pobreza, la desigualdad social y distributiva o el empleo, salvo como consecuencias de las que deberá hacerse cargo el derrame de riqueza si, como desea Pullaro, el Gobierno de los hermanos Milei atendiera además del déficit fiscal los caminos de la producción y el conocimiento.
“Necesitamos obras de infraestructura, viales, energéticas y de conectividad, que nos permitan potenciar nuestra producción”, dijo también el Gobernador tras rubricar el acuerdo con Francos, a cambio del apoyo a la ley Bases y la orientación general del Gobierno.
El ministro de Obras Públicas provincial, Enrico, también celebró el convenio, aunque de un modo más cauto. Durante una rueda de prensa que ofreció luego de la firma del acuerdo, recordó que el Gobierno central había decidido paralizar la totalidad de la obra pública, lo que redundó –entre otras cosas- en la pérdida de unos 80 mil puestos de trabajo en el sector de la construcción.
“Pasado esos meses, llegar a esto, que alguna obra vamos a retomar tras este acuerdo, es un avance”, se consoló el ministro, bajo la irreductible lógica que mejor que nada es algo. “Ahora tenemos un panorama, y sabemos que a fin de año nos encontrará con muchas obras reactivadas”.
Luego, mostró como logro que Nación asuma sus responsabilidades. “Hace algunos meses venimos dialogando, y llegamos a un entendimiento por el cual Nación asumirá el compromiso de concluir diferentes obras que ya eran de su competencia; mientras que la provincia tomará posesión de las restantes, para su reactivación”.
“Con la intención de colaborar para que no se paralicen las obras nacionales en Santa Fe, decidimos hacernos cargo”, añadió, para afirmar que el acuerdo “marca un horizonte de trabajo. En diciembre el presidente Javier Milei dijo que se paraba todo y no habría ninguna obra pública, se cortaba todo. Eso nos dejó realmente a todos con mucha preocupación por lo que pasa sobre todo en las rutas”.
Más enérgico en la difusión del convenio que la Cámara de la Construcción de Santa Fe considera modesto, atento a que se retomarán 45 obras de 189 (20 de ellas transferidas a la provincia) fue el gobernador.
En su cuenta de X, consideró al consenso alcanzado como “un importante acuerdo por obra pública para Santa Fe que nos permitirá aumentar conectividad y potenciar la producción”. En rigor, se trata de la reparación de las desoladas rutas nacionales que atraviesan la provincia, que Enrico estimó en 2.800 kilómetros de cinta asfáltica, y por las que venía reclamando desde el inicio de la gestión, atento a su mal estado y los riesgos para la seguridad vial. Había dicho que “ni los pastos” de las banquinas cortaba Nación.
Finalizamos el día en la Casa Rosada junto al jefe de Gabinete @GAFrancosOk firmando un importante acuerdo por obra pública para Santa Fe que nos permitirá aumentar conectividad y potenciar la producción.
Con firmeza y determinación, seguimos trabajando para que la Invencible… pic.twitter.com/MDtOEOCnzH
— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) June 25, 2024
Con el inocultable objetivo de “vender” adecuadamente el convenio, Pullaro sostuvo que “con firmeza y determinación, seguimos trabajando para que la invencible salga adelante y sea motor productivo de la República Argentina”.
Lo mismo podrían afirmar el resto de los gobernadores que recibieron grajeas de obra pública a cambio de la sanción de una ley y “un paquete fiscal” que modifica unas 200 normas, avanza en una reforma laboral sin discusión, reimpone la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y beneficia a ricos y blanqueadores mediante la reducción de alícuota y facilidades en Bienes Personales.
La presidenta de la Cámara de la Construcción de Santa Fe, Verónica Eizmendi, dijo en una entrevista esta semana con Aire de Santa Fe, que la situación del sector es “muy crítica”.
“La incertidumbre que tuvimos desde que comenzó este Gobierno cuando se paralizaron las obras hasta ahora que se va aclarando, en cierta forma para mal, porque realmente de 200 obras que tiene la provincia con fondos nacionales, Nación sólo se va hacer cargo de terminar 24”, dijo la dirigente, mientras que la provincia se hará cargo de unas 20.
“Pero quedan otras paradas que no van a terminar”, añadió Eizmendi, para afirmar que lo acordado entre ambas jurisdicciones “es poco: lo ideal sería que los contratos en marcha se mantengan y sigan todas las obras”.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 29/06/24
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