¿Quién es Mario Marcote, uno de los condenados por delitos de lesa humanidad que recibió la visita de diputados de LLA? Policía torturador, es considerado “el violador serial” del Servicio de Informaciones.
“Mario El Cura Marcote: miembro del Servicio de Informaciones y condenado a 17 años de prisión en Rosario”. Así apareció presentado esta semana en varios medios nacionales, tras la difusión de la fotografía que seis diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) se tomaron con un grupo de condenados por crímenes contra la humanidad al visitarlo en la cárcel de Ezeiza. Mario Alfredo Marcote, un ex oficial de la Policía de Rosario que integró la denominada “patota de Feced”, aquella que operó en el Servicio de Informaciones (SI) de la fuerza de seguridad durante la última dictadura. Fue el mayor centro de detención clandestino del sur santafesino, que funcionó en la nada oculta esquina de Dorrego y San Lorenzo cuando entonces ese edificio –que hoy ocupa la sede local del Gobierno de Santa Fe- albergaba a la Jefatura de Policía de la ciudad. El Cura, considerado por los testimonios de sobrevivientes como “el violador serial” del SI, no sólo cumple una condena a 17 años de prisión. Esa fue la última de las dictadas en tres veredictos de la Justicia Federal local, que lo encontró penalmente responsable de múltiples delitos aberrantes. Antes, fue condenado a 25 años de prisión en un juicio oral que concluyó en 2012, y a perpetua en otro que terminó en 2020. A diferencia de lo que ha dicho el presidente Javier Milei, que los condenados por violaciones a los más elementales derechos humanos durante la dictadura cometieron “excesos”, Marcote es un ejemplo –aunque no el único- de la maquinaria criminal puesta en marcha por el Estado terrorista para exterminar a sus opositores. En 1995, el periodista y escritor Carlos Del Frade lo entrevistó, en dos oportunidades, mientras “el violador serial” era preceptor de una escuela secundaria religiosa. El represor le dijo: “Usted no sabe lo que era aquello. Yo traté de humanizar la tortura”. La aplicación de tormentos a cuerpos inertes es, propiamente, una acción humana. Las bestias no torturan. Los psicópatas sí, y hasta pueden incursionar en la paradoja de explicar que buscan humanizarla.
Tirame una foto, que se vea
Tras la difusión pública de la visita de seis diputados y diputadas de LLA, el 11 de julio pasado, a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, en la cárcel federal de Ezeiza, esta semana se “filtró” una fotografía que retrata el encuentro “humanitario”.
La delegación visitante estuvo encabezada por el organizador del encuentro, el ruralista entrerriano Beltrán Benedit, e integrada por las y los diputados Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.
Dos de las participantes, la santafesina Bonacci y la legisladora Arrieta, dijeron haber sido “engañadas” por Benedit sobre el objetivo del traslado a la unidad penitenciaria de Ezeiza, que se realizó en un vehículo oficial de la Cámara de Diputados, para disgusto de su presidente, Martín Menem, que debió dar explicaciones.
Bonacci dijo que desconocía quiénes eran las personas a las que iba a visitar junto a sus pares de bancada, hasta que llegó al penal. Arrieta fue un poco más allá y explicó que, como nació en 1993, el imperio de la juventud la habilita a desconocer a personas como el “Ángel de la Muerte”, el marino Alfredo Astiz, una de las figuras más simbólicas de la represión ilegal durante la dictadura, por su infiltración en el grupo embrionario de las Madres de Plaza de Mayo, al que llevaba a una secuestrada en la Esma (Escuela de Mecánica de la Armada, el mayor centro clandestino de detenciones por el número de víctimas) y presentaba como su hermana.
“Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock”, explicó Arrieta en declaraciones a la prensa. Y se excusó: “Nací en 1993, no tenía ni idea de quiénes eran. No les conocía las caras. Los tuve que googlear a la salida del penal para saber quiénes eran”.
Diputada nacional por Mendoza de la LLA, al asumir el 10 de diciembre del año pasado Lourdes Arrieta juró, además de “por Cristo, nuestro Señor”, debido a su fe evangélica, “por los héroes de Malvinas”.
Aunque tiene apenas 31 años, no debe haber tenido que googlear sobre lo que ocurrió en 1982 en las islas del Atlántico Sur, puesto que su padre, Tomás Arrieta, era entonces cabo del Ejército y participó del conflicto bélico, al igual que Astiz.
La periodista Ivy Cángaro reveló en el diario digital Data Clave, que Arrieta está señalado como acusado en la causa 1777/17 del Juzgado Federal de Río Grande en Tierra del Fuego, a cargo de la jueza federal Mariel Borruto, por malos tratos a los soldados. “Allí está acusado de violar los derechos humanos. Los testimonios indican que fue extremadamente cruel con los soldados, al punto de provocar la muerte por desnutrición de uno de ellos”, contó.
“El cabo primero Arrieta nos sacaba esa poca comida cada vez que nos veía con los borceguíes desatados o cuando nos encontraba dormidos. Lo hizo también con otros compañeros de mí mismo grupo. Yo veía que los oficiales comían en su búnker. La comida consistía en un guiso guacho con dos fideos, eso causó la muerte por desnutrición del soldado Segundino Riquelme”, dice un testimonio de la causa.
Antes de la visita a los represores ilegales en Ezeiza, Lourdes Arrieta, que mantiene un vínculo estrecho con el también mendocino ministro de Defensa, Luis Petri, participó el 20 de marzo del acto reivindicatorio de la dictadura que el ministro encabezó en el Círculo Militar.
Allí fue donde Petri dijo la escalofriante frase de que ve un “hilo conductor” entre “el combate al terrorismo en el pasado” y la “necesidad de intervenir en Rosario”. También se fotografió con Cecilia Pando, activista por la impunidad de los genocidas, y familiares de otros condenados por delitos de lesa humanidad, entre ellas dos hermanas de Astiz.
La diputada Arrieta también integró un grupo de Whatsapp creado por el sacerdote Javier Olivera Ravasi, hijo del genocida condenado a prisión perpetua Jorge Olivera, conocido en aquellos años como “El Carnicero”, que desde febrero último trabaja con legisladores y abogados en un instrumento jurídico que permita liberar a los condenados por crímenes contra la humanidad (ver aparte).
Un cura sin sotana
Uno de los que recibió la “visita humanitaria” de los diputados de LLA, que procuran la impunidad de los autores del genocidio argentino del siglo XX, fue Mario Alfredo Marcote.
Nacido el 1 de diciembre de 1949, Marcote cumplirá en cuatro meses 75 años. En 2012 recibió la primera condena por su actuación delictiva en el SI. Se casó luego de finalizada la dictadura, en 1987, y tiene tres hijos.
Cuando participó del grupo de tareas policiales del Servicio de Informaciones, bajo las órdenes del ex comandante de Gendarmería y entonces jefe de la Policía, Agustín Feced, era un joven de 27 años.
En el sótano del centro clandestino que funcionó en el SI, al que llamaban “favela”, interactuó con el resto de los miembros de la patota policial que secuestró, torturó, violó y mató.
Con José Rubén El Ciego Lo Fiego, jefe de torturadores, con Alberto Julio Vitantonio y José Carlos Scortechini, también con Ramón Telmo Ibarra, que utilizaba el alias de “Rommel” por el general nazi del mismo apellido.
Carlos Alberto Moore y César Heriberto Peralta, Carlos Ulpiano Caramelo Altamirano y Lucio César Ronco Nast fueron, junto Eduardo Picha Dugour, Julio Fermoselle, Ernesto Managua Vallejos y Héctor Beto Gianola, otros de sus compañeros de tropelías.
A Marcote lo llamaban “El Cura” porque, en las sesiones de tortura con picana y otros elementos, utilizaba un escapulario. Sobrevivientes del centro clandestino lo señalaron como “el violador serial” del SI, porque abusaba sexualmente de las mujeres secuestradas.
Su caso fue el primero, en la jurisdicción de Rosario, de condena por abuso sexual considero como delito de lesa humanidad.
El jueves 14 de mayo de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Rosario condenó a Lo Fiego, Marcote, Scortechini, Vallejo, Ramón Vergara e Ibarra a la pena de prisión perpetua en el juicio conocido como los tramos III y IV de la vieja “causa Feced”.
Fue la primera vez que se condenó por el delito de violación en los tribunales federales locales, reafirmando que los delitos sexuales fueron parte del plan sistemático del accionar de la última dictadura.
En ese juicio oral se analizaron dos casos de violaciones achacadas a Marcote, el ahora adulto mayor que recibe “visitas humanitarias” en Ezeiza de parte del Gobierno de los hermanos Karina y Javier Milei.
Una de ellas, cuyo nombre este semanario va a preservar a pesar de que se hizo público en su momento, para evitar una innecesaria revictimización y exposición, fue secuestrada junto a su novio el 10 de julio de 1976. Tenía 19 años.
Fue trasladada al centro clandestino del SI, donde sufrió torturas y abuso sexual. Al enterarse en 2013 que el juez federal Marcelo Bailaque había procesado a Marcote por ese delito, dijo: “Qué bien para todos y qué mal para mí, porque es dificultoso sostener estas denuncias”.
Sobre las violaciones, explicó en una entrevista con Rosario 12 que “es un tormento bastante particular por el contenido sexual que tiene. En este sentido, me parece importante inscribirlo como crimen de lesa humanidad. Era una práctica extendidísima, con modos muy particulares, porque tenían que ver con la sexualidad, con someter, ultrajar, humillar e intentar aniquilar”.
El costo de contar
Otras de las sobrevivientes del SI que denunció a “El Cura” Marcote por abuso sexual en el mismo juicio, testimonió que “una noche me viene a buscar Carlitos (al apodo de un represor), junto con el Cura Marcote, me llevan a una oficina donde el Cura me obliga a desnudarme y me viola. Yo sólo lloraba”.
Había sido detenida el 11 de enero de 1977, cuando como militante de la Juventud Peronista (JP) realizaba tareas sociales en un barrio popular, entonces llamados villas de emergencias.
“Todos supimos que el Cura Marcote era un violador serial, y que cumplía con ese rol”, dijo la testigo en su declaración, y contó que estuvo durante los seis meses de detención ilegal sin menstruar, perseguida por el fantasma de un posible embarazo de su violador.
Entonces, la sobreviviente contó que dio “todo este testimonio que fue muy duro para mí, pero quiero que declaren la violación como un delito de lesa humanidad, porque fue algo sistemático en el Servicio de Informaciones, no eran hechos aislados».
“Por mí y por todas las compañeras que no lo pueden denunciar, porque esto no es sencillo, tiene un costo altísimo poder contarlo”, agregó la víctima del terrorismo de Estado.
En 2022, “El Cura” volvió a ser condenado, esta vez a 17 años de prisión, por abuso sexual de otra mujer detenida ilegalmente en el SI. La víctima lo identificó como uno de los represores que la violó, y el mismo testimonio brindó quien entonces era su pareja, que también estaba secuestrada en el Servicio de Informaciones.
El fallo del tribunal señaló que la víctima “manifestó en audiencia haber sido violada por tres personas, una tras otra, logrando identificar a dos de ellos, Marcote y Fermoselle, como sus violadores, señalando un tercero que pertenecía a la guardia de Fermoselle y a quien nunca pudo identificar, apodado Jorge”.
El veredicto agregó que “en favor de la credibilidad de sus dichos, debe ponderarse que su caso no fue el único abuso sexual contra las mujeres detenidas. Como dije anteriormente, se probó una práctica sistemática dentro del SI en ese sentido”.
El celador
Por la dinámica que adquirió el juzgamiento de los crímenes cometidos durante la última dictadura una vez recuperado el sistema democrático, Marcote no tuvo mayores contratiempos con el Poder Judicial.
Con el histórico Juicio a las Juntas de 1985, en el que fueron condenados los jerarcas de aquel período, sobrevino la impunidad para los autores materiales de los delitos, por imperio de las leyes de Punto Final, primero, y Obediencia Debida, después.
“El Cura”, que en 1984 estuvo detenido un tiempo antes de la sanción de esas leyes exculpatorias, sintió por un breve período que “desde que empezó la democracia no la pasé nada bien”.
Cuando Del Frade lo entrevistó en 1995, para su libro Desaparecidos, desocupados, Marcote era preceptor del colegio de la Santa Unión de los Sagrados Corazones, que depende del Arzobispo rosarino. Nada menos, el “violador serial del SI” ahora cuidaba estudiantes.
Tras solicitar la baja en la Policía, en diciembre de 1980, ingresó a trabajar al instituto de Servicios Sociales Bancarios, según la investigación de Del Frade.
Al salir a la luz su historia por la nota periodística, lo echaron del colegio católico y obtuvo su indemnización. A los tres meses había conseguido conchabo en la empresa Cirsa, de España y 3 de Febrero, lo que revela que a la ausencia del castigo institucional se le adhería la del olvido social. Eran momentos en los que el “algo habrán hecho” que pesaba sobre las víctimas estaba legitimado en la conversación pública.
En aquella entrevista, Marcote intentó suavizar su participación en el terrorismo de Estado al afirmar que “cuando uno está en una época de represión muy grande, como eran esos años, uno no se puede poner en contra. Entonces hay que meterse para tratar de cambiar las cosas desde adentro. Si usted le pregunta a los que estuvieron ahí le van a decir que yo fui el que mejor los trataba. Gracias a mí muchos salvaron la vida. Usted no sabe lo que era aquello. Yo traté de humanizar la tortura”. No hay testimonio judicial sobre su bondad.
Este hombre condenado de 74 años, al que visitaron los diputados de LLA en Ezeiza con el real propósito de avanzar jurídica y políticamente en su liberación, fue a los 27 un temible torturador y violador, condiciones que la mayoría de la sociedad argentina continúa repudiando.
Acá tenemos los viejos para la liberación
Los chats que aportó la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, a la Justicia de Lomas de Zamora al presentar una denuncia contra el Servicios Penitenciario, su par de bancada, Beltrán Benedit, y el sacerdote Javier Olivera Ravasi por la visita a represores en el penal de Ezeiza, reveló la existencia de un grupo de políticos y juristas con el fin de conseguir la liberación de los criminales de la dictadura.
El grupo fue creado en febrero pasado por el cura Olivera Ravasi, hijo del ex mayor del Ejército, José Antonio Olivera, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, tras permanecer cuatro años prófugo de la Justicia y ser detenido mientras se escondía en el baúl de un auto en San Isidro, en el domicilio de un familiar.
El grupo de Whatsapp fue constituido para acordar una cena en la que se reunieron varios de los protagonistas, y se llamó “Comida informal con Padre Javier X milit”, según publicaron algunos medios nacionales que accedieron al contenido de la denuncia.
Del grupo participaban los diputados Benedit, Guillermo Montenegro, Lilia Lemoine, Alida Ferreyra, María Celeste Ponce, Santiago Santurio, Carlos Zapata, Gerardo Huesen, María Fernanda Araujo, el santafesino Nicolás Mayoraz, María Emilia Orozco, la propia Arrieta y Alberto Arancibia.
También se sumaron cinco abogados de represores: Enrique Munilla Lacasa; Edgardo Frola; Eduardo Rafael Riggi, ex camarista federal; María Laura Olea (hija de un represor condenado) y Ricardo Saint Jean, hijo de un represor condenado y ya fallecido.
Un mensaje del padre Olivera da cuenta de que el Poder Ejecutivo sabía con anticipación de la visita al penal de Ezeiza: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz Se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán para coordinar”.
En otro mensaje, de síntesis de lo hablado en el encuentro, el sacerdote expuso que estaban analizando instrumentos jurídicos para garantizar la impunidad de los genocidas condenados y que recuperen la libertad.
“Entre los proyectos que había para debatir, todos excelentes desde lo técnico, vimos, con las cartas sobre la mesa, cuáles serían los más conducentes al fin sabiendo que el tema acá es eminentemente político más que jurídico.”
«A raíz de esto, aprovechando la presencia de los jueces, los ex jueces y abogados que había ayer en la mesa chica, vimos que el más viable serían una de las siguientes vías: La promulgación de parte del presidente de un Decreto (…) o la promulgación de una ley con el beneficio de plazo razonable”, señaló Olivera.
Los proyectos son que Milei firme, como hizo Carlos Menem, un indulto presidencial o, si no, que el Congreso sancione una ley que establezca la prescriptibilidad de las causas por «plazo razonable» y, de ese modo, obtener la inmediata prisión domiciliaria a los 70 años de edad del condenado.
Publicado en el semanario El Eslabón del 10/08/24
¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 4000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.
