Una línea en común tienen el gobierno de la provincia de Santa Fe con el de la Nación en materia educativa: el ajuste. En esa idea se para el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, para decir por qué las paritarias se cierran por decreto y los salarios docentes están por debajo de la línea de la pobreza. Todas medidas que impactan de lleno en la educación pública. Esperan que esta semana haya convocatoria de la Provincia a negociar salarios.
Esta semana, el ministro de Educación de la provincia, José Goity, sostuvo que la última paritaria estaba cerrada y que se iba a volver a convocar para “empezar a trabajar en las actualizaciones de octubre hasta fin de año”. Las declaraciones fueron en el marco de la licitación para la construcción de 45 aulas en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Carcarañá. Antes había asegurado que ese llamado sería para la semana que viene, sin precisar fecha.
La última paritaria docente fue rechazada por Amsafé con un paro que se concretó el 7 de agosto pasado. El gobierno ofertó un 9, 95% a pagar en tres tramos: el 4,5% para julio, un 3% para agosto y un 2,45% para septiembre. El Sadop aceptó la propuesta salarial, por lo que el gobierno decidió por su cuenta dar por cerradas las discusiones y pagar el incremento ofertado a todo el magisterio.
“Hay un denominador común entre la paritaria provincial y la paritaria nacional: terminan cerrando por decreto”, señaló Alonso para marcar la sintonía de ajuste en la que están el gobierno de Maximiliano Pullaro y el de Javier Milei. El jueves pasado la Ctera rechazó “el piso salarial mínimo dispuesto por decreto por el gobierno nacional, en la última paritaria nacional docente” y que establece un salario mínimo a partir de julio pasado de 420 mil pesos. Una propuesta -expresan desde Ctera- que “no condice con la inflación, con la suba de tarifas, alquileres, transporte, alimentación”.
“El gobierno de la Provincia se equivoca si cree que las paritarias se cierran por decreto. Las paritarias se cierran cuando se llega a un acuerdo entre partes”, defiende el secretario general de Amsafé el ámbito de las discusiones colectivas. Aseguró que tal como lo establece la resolución de asamblea van a exigir una nueva propuesta paritaria y recordó que la ofrecida a fines de julio fue rechazada por insuficiente. La exigencia del magisterio era comenzar a “recuperar el poder adquisitivo del salario perdido en el primer semestre”, y también “el cumplimiento de la paritaria 2023 de la que todavía hay un 22,4 que el gobierno adeuda a los trabajadores activos y jubilados”.
Alonso cuestionó el doble discurso del gobernador Pullaro, que destaque como una cualidad de su gobierno “el diálogo y el consenso” -como hizo en un acto público reciente- cuando justamente no hay ni una cosa ni la otra: “Las reuniones paritarias últimamente terminan siendo comunicaciones del gobierno de la provincia, es decir definiciones unilaterales que toman, las comunican en el ámbito paritario y después no soportan ninguna discusión ni admiten que se pueda rechazar la propuesta y convocar a una continuidad en la discusión”.
La preocupación por la situación salarial de las y los docentes en la provincia es tema central para Amsafé. “A una maestra de máxima antigüedad, que está a punto de jubilarse, le están faltando más de 100 mil pesos para llegar a la línea de la pobreza”, advirtió Alonso y recordó que “en noviembre del 2023 la gran mayoría de los docentes estaba por encima de esa línea”.
Alertó que en Santa Fe “los docentes están obligados a cobrar un plus salarial para poder mejorar el poder adquisitivo”. Esto en referencia al presentismo que desde el ámbito oficial llaman Premio, y que obliga a las maestras y maestros a ir a trabajar enfermos, a no poder despedir a un ser querido, a no gozar plenamente de la licencia por maternidad y menos cuidar de la familia.
Otro punto en común entre el gobierno de la Provincia con el de la Nación es el de afirmar que los salarios les ganan a la inflación. De hecho en esas declaraciones recientes, el ministro Goity ratificó esa idea. “¿Cómo se puede explicar entonces que todos los docentes caímos por debajo de la línea de la pobreza? Está claro que hay una caída brutal del poder adquisitivo del salario y eso no se puede negar”, señaló Alonso y reclamó que el gobierno de la Provincia admita “la deuda que tiene con los trabajadores, que no cumplió con su contrato electoral, que dijo que había que iba a respetar la paritaria y todavía no terminó de cerrar la de 2023”.
Para argumentar sobre la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en el magisterio, Alonso repasó que “de los primeros seis meses del año, la inflación acumulada es del 78%, según los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censo (Ipec)”; en tanto “el aumento salarial en estos primeros seis meses” con las paritarias aprobadas y tomando como referencia diciembre 2023 “tuvimos un 38% de aumento”. Es decir, una diferencia de un 40%. Alonso ofreció como otra variante de cálculo para la inflación acumulada sumar la de mes a mes (desde enero hasta junio) “y eso da el 61%”. “Cualquiera sea el dato que se quiera tomar muestra que hemos perdido ante la inflación”, advirtió.
A la espera de otra convocatoria
Hasta la fecha la Amsafé no ha recibido ningún llamado de la Provincia ni convocatoria a continuar las negociaciones salariales. “La estamos esperando, nosotros queremos discutir en el ámbito paritario”, dijo Alonso y recordó que la resolución de asamblea faculta a la comisión directiva del gremio docente a tomar las acciones necesarias. “Si no llega a haber convocatoria esta semana estaremos evaluando los pasos a seguir”, adelantó el secretario general de Amsafé.
Aseguró que la Provincia tiene recursos para pagar buenos salarios. Recordó que el 1° de agosto pasado, tras una reunión entre Pullaro y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el funcionario de Milei felicitó a la provincia por “el ajuste fiscal y el superávit”. “Eso se llama ajuste. Son los recursos que tenían que estar en los bolsillos de los trabajadores, de la clase media”, marcó Alonso.
En ese ajuste generalizado que hacen Provincia y Nación sobre los derechos de las y los trabajadores, también entra el sistema de jubilación docente. “Se está proponiendo la reforma del sistema previsional (en Santa Fe) en un contexto político en el que los trabajadores venimos perdiendo derechos; indudablemente que cualquier reforma jubilatoria va a ser para perjudicar a los trabajadores y más cuando se tome como eje la cuestión del déficit”. Déficit -agrega Alonso- que no considera los fondos que la Nación no envía.
Políticas contra la educación pública
-Docentes que no tienen derecho ni a enfermarse, con salarios por debajo de la línea de la pobreza, a quienes se les niega el diálogo, y se proyecta quitarles un régimen previsional conquistado como derecho ¿Qué imagen de maestra, de maestro se construye a nivel simbólico? ¿Qué imagen se devuelve a las chicas y los chicos de sus maestras en el aula?
-Estas políticas no solamente nos afectan a nosotros como trabajadores sino que afectan a los procesos de enseñanza y aprendizaje. El gobierno habla muchísimo de la calidad educativa, pero todas las políticas que lleva adelante van en contra de esa supuesta calidad educativa (aunque particularmente prefiero hablar más de los procesos de enseñanza aprendizaje). Van en contra porque tenés docentes que van enfermos a trabajar, que no llegan a fin de mes, porque no hay fondos nacionales que te ayuden a tener mejores materiales para enseñar, porque intentan modificar el régimen jubilatorio, pero además hay algo que es más doloroso: el gobierno denosta a los docentes permanentemente. Habla de calidad educativa pero nos dice que “somos vagos”, que “presentamos licencias truchas”, que “no vamos a trabajar!, que “nos quejamos pero en verdad estamos ganando más que la inflación”. Lo que el gobierno debiera hacer, si pretende mejorar la calidad educativa, es todo lo contrario: es dignificar al docente; que, dicho sea de paso, es lo que planteó en su contrato electoral.
-Todas esas políticas contra la docencia, en definitiva, terminan golpeando contra la educación pública.
-Por supuesto que termina pegándole a la educación pública. Justo cuando hay un debate que es central y que es el de la esencialidad (considerar a la educación pública como servicio esencial y no como derecho). Porque la esencialidad no es solamente limitar el derecho a huelga, como si el problema fueran las huelgas que hacemos los docentes, sino que se entienda a la educación como un servicio, porque así se está abriendo una puerta a la mercantilización educativa. Y eso es gravísimo.
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