México interrumpió su relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Estos dos países se entrometieron en asuntos internos de la nación latinoamericana criticando la reforma judicial en marcha.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), decidió “una pausa” en el diálogo con las embajadas de Estados Unidos y Canadá en México “hasta que aclaren que debe haber respeto en las decisiones que corresponden a los mexicanos, porque está en su Constitución”. Fue la contundente respuesta a una vieja costumbre de Estados Unidos, a la que esta vez se sumó Canadá: la injerencia en asuntos internos de otros países, lo que implica una falta de respeto a su soberanía y un flagrante desconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos, un principio fundamental del Derecho internacional público que tiene carácter inalienable.
La decisión de las autoridades mexicanas incluyó además rechazar el diálogo solicitado por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el mismo que desató el conflicto al hablar “de los riesgos que hay en la elección popular de jueces, magistrados y ministros”, medidas incluidas en la reforma al Poder Judicial, según informó el diario mexicano Proceso.
“Que haya una aclaración de parte de ellos, como sea, que ellos expresen que en el asunto de la Constitución de nuestro gobierno, en la aplicación de nuestra democracia, en las decisiones que tome nuestro gobierno legal legítimamente constituido tienen que ser respetuosos”, indicó el medio mexicano.
AMLO aclaró que la relación con ambos países continúa y que la pausa sólo aplica a nivel embajadas. Asimismo, aseguró que el problema “no es Ken Salazar”, sino que detrás está el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El gobernante mexicano aclaró que la pausa es sólo con los embajadores de Estados Unidos, Ken Salazar, y de Canadá, Graeme C. Clark, pero no afectará a las relaciones con los gobiernos norteamericanos.
El mandatario señaló que la relación con Salazar “es buena, pero está en pausa desde que declaró eso”. Y agregó: “Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo, porque es el Departamento de Estado, tampoco es Salazar”.
“Además, qué casualidad que al mismo tiempo que se pronuncian en México a través de la embajada, lo hacen los canadienses, parece estado asociado”, consideró.
“Ellos quisieran tener injerencia en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. La carta que hace Salazar es del Departamento de Estado. La relación continúa, pero ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la independencia de México, de la soberanía de nuestro país, mientras no haya eso y sigan con esa política, hay pausa con las embajadas”, señaló AMLO.
“Sí, claro tiene que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa. Nosotros no vamos a darles consejos allá, a decir qué está bien y qué está mal. Queremos que haya una relación recíproca en cuanto al respeto”, agregó el mandatario.
“Es nada más para que entiendan que fue una imprudencia manifestarse como lo hicieron”, señaló AMLO.
“Si no hay respeto, mientras yo esté aquí, no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía. Ya me voy a ir, ya faltan 30 días, pero mientras yo esté aquí no puedo permitir que se viole nuestra Constitución”, agregó.
El presidente López Obrador consideró que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, mantendrá esa postura porque “cualquier gobierno tiene que defender la soberanía de sus pueblos, además son cosas nuestras”.
“Es más, ya lo dijo la presidenta electa y lo dijo bien: «Diálogo sí, nada más que hay cosas que sólo atañen a nuestro país»”.
De seguir permitiendo que extranjeros opinen sobre procesos de las leyes mexicanas, dijo el presidente, es como permitir que funcionarios de cualquier otro país quieran hacer lo mismo.
El problema son los negocios, no la democracia
Según informó el diario argentino Página 12, Salazar indicó que la reforma judicial pone en riesgo “la democracia en México y la relación comercial con Estados Unidos”, además de advertir que “la elección popular de jueces facilitaría la intromisión de los carteles en la justicia”. Ese mismo día, Clark informó a la agencia de noticias EFE de preocupaciones de inversionistas ante la reforma.
La Cámara Estadounidense de Comercio de México (Amcham) y la Cámara de Comercio del Canadá en México (CanCham) también cuestionaron la reforma judicial, señalando mediante sendos comunicados que observan “un potencial retroceso en la profesionalización de la justicia especializada”, señaló Página 12.
López Obrador reconoció que todos tienen su derecho a manifestarse, pero que la Constitución establece en su artículo 89 que el presidente tiene que ajustarse a los principios de no intervención.
AMLO acusó a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá de querer tener injerencia en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. “¿Cómo le vamos a permitir al embajador (Salazar), con todo respeto, que esto no es asunto de pleito de enemistades, y cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? Pero no vamos a decir que abandone el país, eso no, pero sí le tenemos que leer la Constitución», argumentó.
La iniciativa fue aprobada en lo general y en lo particular por la mayoría oficialista en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, con 22 votos a favor y 17 en contra. El oficialismo prevé votar la reforma en el pleno en septiembre, cuando tendrá los dos tercios del Congreso, necesarios para modificar la Constitución, tras las elecciones del pasado 2 de junio.
Según informó Página 12, de aprobarse la reforma, los mexicanos irían a las urnas a partir de 2025 para elegir a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mientras que en 2026 el país afrontará la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que pide seguridad jurídica para las inversiones.
La iniciativa, propuesta por López Obrador en un paquete de reformas en febrero pasado, busca, entre otras cosas, reducir de 11 a 9 el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y acortar su mandato de 15 a 12 años.
Además, puntualiza Página 12, contempla la eliminación de la pensión vitalicia para los ministros actuales y futuros de la Corte, así como un ajuste en sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México. También se propone sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos nuevas instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y eliminar las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
Horas antes de la votación, la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwhaite, dijo que la reforma podría socavar la independencia de la judicatura. “Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, enfatizó.
La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, le respondió a la relatora especial de la ONU: “Queremos fortalecer al Poder Judicial, es falso quien dice que queremos minimizarlo. ¿Qué más fuerte puede ser un Poder Judicial que si los jueces, ministros (de la Suprema Corte) y magistrados son electos por el pueblo?”.
“Hay esta idea de que con la reforma judicial se pierde la independencia y la autonomía del Poder Judicial, es al revés” contestó Sheinbaum, quien hizo referencia a cómo los presidentes previos a AMLO tenían injerencia ante la Suprema Corte. “Parece que se les olvidó el periodo neoliberal donde la Corte era un apéndice del Ejecutivo”, añadió la presidenta electa.
La respuesta de Salazar
“Siempre trabajamos con el máximo respeto a la soberanía de México, tal y como lo expresamos en la nota diplomática que enviamos el pasado 23 de agosto”, escribió Salazar en su cuenta en X.
Según informó el sitio ruso RT, en el mensaje, Salazar adjuntó la carta mediante la cual responden a una nota diplomática que la semana pasada emitió la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, en la que tacha de “injerencia” las expresiones de Salazar sobre la reforma judicial.
En la respuesta se señala que Washington “sigue apoyando el compromiso de México de fortalecer el Estado de derecho a través de la reforma judicial, con el objetivo de crear un poder judicial que goce de independencia, autonomía y legitimidad”.
No obstante, en el mismo texto, Estados Unidos reitera que le “preocupa mucho” que, de aprobarse la reforma, la elección popular de jueces “no aborde la corrupción judicial ni fortalezca el Poder Judicial”.
“Estados Unidos desea continuar su estrecha colaboración con México para alcanzar nuestros objetivos compartidos como socios iguales y en el espíritu de amistad que refleja nuestros lazos de antaño”, dice la misiva.
El sitio de noticias ruso considera que el tema escaló luego de que, la semana pasada, Salazar comentara que la propuesta del Ejecutivo mexicano “representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia” en México. “Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el Poder Judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política”, dijo. Sin embargo, posteriormente bajó el tono, apostando por el diálogo, una vez que López Obrador catalogara sus críticas como “una acción inaceptable de injerencia”.
El senado imperial, más guapo que la diplomacia
El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense emitió este martes una declaración de un tono más duro e injerencista que la del embajador Salazar.
“Instamos firmemente a la administración de López Obrador, así como a la administración entrante de Sheinbaum, a perseguir sólo aquellas reformas que mejoren las calificaciones profesionales, combatan la corrupción, protejan la autonomía judicial y fortalezcan la confianza de los inversionistas. Estas consideraciones son esenciales para preservar los valores democráticos y la prosperidad mutua que unen a nuestras naciones”, señaló el Senado de los Estados Unidos.
Según informó el diario mexicano La Jornada, los senadores estadounidenses Jim Risch (republicano de Idaho) y Ben Cardin (demócrata de Maryland), miembro de mayor rango y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, respectivamente; y Marco Rubio (republicano de Florida) y Tim Kaine (demócrata de Virginia), miembro de mayor rango y presidente de la subcomisión para el Hemisferio Occidental, respectivamente, señalaron en una declaración que “un Poder Judicial independiente y transparente es un sello distintivo de cualquier país democrático”.
“Nos preocupa profundamente que las reformas judiciales propuestas en México socaven la independencia y transparencia del poder judicial del país, poniendo en peligro intereses económicos y de seguridad críticos compartidos por nuestras dos naciones. También nos alarma que varias otras reformas constitucionales actualmente en discusión puedan contradecir los compromisos asumidos en el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá, cuya revisión está programada para 2026”, añadieron los legisladores.
La elección de jueces en Estados Unidos
El sistema de elección de jueces, magistrados y miembros de la Corte en Estados Unidos es complejo. Varía según cada estado, y también según los cargos. Conjuga varias formas diferentes de designar a los funcionarios. Pero más allá de estas complejidades, la elección por parte de la ciudadanía, al menos en ciertos casos, existe.
El Brennan Center for Justice (Centro Brennan por la Justicia), señala que la mayoría de los estados de los Estados Unidos utilizan elecciones como parte de su proceso de selección: “39 estados usan alguna forma de elección en algún nivel de los tribunales”, se lee en la página web de la organización estadounidense.
En su página oficial, el Brennan Center for Justice se define como un instituto no partidista sobre política y derecho. “Luchamos por hacer respetar y defender los valores de la democracia. Abogamos por la justicia y el estado de derecho”.
CNN agrega, en base a lo que indica el instituto Brennan, que de los 39 estados donde se utilizan las elecciones para seleccionar jueces para el Tribunal Supremo, en 16 de ellos los jueces son designados por el gobernador y reelegidos en elecciones sin oposición.
“En 8 estados, los jueces son seleccionados en elecciones partidistas y disputadas, incluyendo Nuevo México, que utiliza un sistema híbrido que incluye elecciones partidistas”, señalan CNN y Yahoo News.
El País de Madrid, siempre contrario a cualquier gesto de independencia y soberanía de Latinoamérica, se expresó en forma contundente sobre las diferencias que existen entre México y Estados Unidos: “Morena no puede compararse con el país vecino, porque allí el pueblo tiene más peso en elegir a las personas que persiguen los delitos que a quienes los juzgan, pero el partido no quiere hablar de las Fiscalías”, señala la nota firmada por Javier Garza Ramos y titulada “Lo que Sheinbaum calló sobre los jueces de Estados Unidos”.
Publicado en el semanario El Eslabón del 31/08/24
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