Como en los 90, Pullaro obtuvo la semana pasada la emergencia previsional. Ya antes descontaba días de paro, restableció el presentismo y licuó el valor del salario.
Con la emergencia previsional y la reforma de la Caja de Jubilaciones que aprobó la semana pasada en la Legislatura, sumado al neo presentismo docente disfrazado de incentivo, el descuento de los días de paro y la pérdida del poder adquisitivo del salario de los estatales, el gobierno de Maximiliano Pullaro pica en punta en la carrera por el ajuste que lidera el presidente Javier Milei, bajo el lema duro con los débiles y amable con los poderosos. Los gases que la policía provincial derramó sobre los manifestantes en la puerta de la Legislatura, mientras adentro se aprobaba la norma en medio de un escándalo, completan el clima de época. Sin una oposición clara –con excepciones, por supuesto–, los sindicatos del sector público son quienes enfrentan con mayor vehemencia las políticas de ajuste hacia el trabajo y sumisión al capital, que en la retórica oficial se denomina como “la producción”. El secretario general de Amsafé provincial, Rodrigo Alonso, expresó esa idea con claridad al referirse al sistema previsional: “Es una reforma que va en línea con las medidas de ajuste que lleva el gobierno provincial, y que van en línea con las políticas de la década del 90. El gobierno de Maximiliano Pullaro tiene muchísimas semejanzas con el gobierno de Carlos Reutemann”.
Narrativas
El debate sobre la emergencia previsional por dos años –con uno más de prórroga– y la reforma del sistema jubilatorio santafesino es, entre otras cosas, un tema técnico que puede escapar a las mayorías.
En ese entendimiento, el Gobierno de Unidos decidió dar la batalla en el terreno semántico, donde posee una gran colaboración de la mayoría de los medios de comunicación de la provincia, cuyos balances Pullaro domesticó de entrada cortando la pauta publicitaria oficial durante los primeros meses de gestión.
Así, la mayoría de las santafesinas y santafesinos puede pensar que la reforma de la Caja apunta solamente a cortar “privilegios” a quienes engalanan sus testas con “coronita”.
“Lo que hago es terminar con todos los privilegios, principalmente de los que más ganan y de aquellos que se creían que tenían coronita en la provincia de Santa Fe, que son los jueces y es el Poder Judicial”, dijo el gobernador.
También aseguró que a los maestros que están frente al aula “no se les toca ningún privilegio”, pero advirtió que descontará los días de paro y reinstaló un presentismo new age. La operación discursiva es clara: el gobernador llama “privilegios” de los docentes lo que son derechos consagrados por ley, algunas de esas –como el 2×1 de años de aporte por edad y el 82 por ciento móvil de los haberes jubilatorios– fueron sancionados durante los gobiernos del Frente Progresista, que acompañó como diputado e integró como ministro.
La bancada socialista, que acompañó sin remilgos la sanción de la emergencia y la reforma de la Caja de Jubilaciones de Pullaro, fue objeto de vituperio por parte de las oposiciones, que le recordaron la incoherencia. Paradójicamente, o con algún grado de sentimiento de culpa, fue el partido integrante de la coalición oficialista Unidos que impulsó los cambios que morigeraron el texto original enviado por el Ejecutivo a la Legislatura.
Como un Bernardo Neustadt del siglo XXI, Pullaro también sostuvo durante la discusión previa que “un kiosquero, con sus impuestos, no tiene que sostener la Caja de Jubilaciones”.
En la sesión del jueves de la Cámara baja, el diputado del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Fabián Palo Oliver, pidió que “dejen de demonizar que el kiosquero paga el déficit de la Caja, porque en realidad ese kiosquero paga el sueldo del gobernador, de los diputados y senadores, y de los empleados públicos de Santa Fe”. Y recordó que “nosotros también hacemos los aportes para que se pague eso y se puedan consagrar los derechos”.
El legislador advirtió sobre el efecto boomerang que trae consigo el uso de esas figuras retóricas. “Entrar por ese andarivel es peligroso, porque de a poco es ir negando la posibilidad de que el Estado cobre impuestos para sostener la igualdad de oportunidades y la seguridad social”, dijo, para agregar que “el mercado no se va a hacer cargo de hacer escuelas ni hospitales ni de pagarle los salarios a los empleados públicos”.
La diputada Lucila De Ponti (PJ-Movimiento Evita), también abominó del uso de la apelación al kiosquero como figura para explicar que, en realidad, el gobierno de Unidos está practicando un ajuste a los jubilados. “Todas esas declaraciones que escuchamos una y otra vez, son también la que construyen este clima de malestar que vimos hoy ahí afuera”, dijo sobre la represión en la puerta de la Legislatura el jueves, mientras sancionaba Diputados.
“Parece que ajustar a los jubilados se puso de moda a raíz de lo que estamos viviendo a nivel nacional y en nuestra provincia, lo que nos lleva a una situación insostenible», añadió la legisladora, para señalar que “la reforma que se acaba de aprobar no es ninguna solución, porque propone insistir en el recorte de jubilaciones y salarios, muy lejos del sistema previsional justo y equitativo que necesitamos”.
Los Carlos
A ese sentido que el gobierno intentó convertir en común, el conjunto de los sindicatos estatales le opuso su discurso sobre las consecuencias de la reforma de la Caja de Jubilaciones, tanto para los activos como para los pasivos.
Además de dar la discusión en términos técnicos, el secretario general de Amsafé provincial, Alonso, contextualizó el debate al afirmar que “es una reforma que va en línea con las medidas de ajuste que lleva el gobierno provincial, y que van en línea con las políticas de la década del 90”, cuando gobernaban la Nación y Santa Fe los dos Carlos: Menem y Reutemann.
En esa línea, el dirigente sindical de los trabajadores de la educación señaló que, en menos de un año de gobierno, Pullaro consiguió “salarios a la baja” en relación a la inflación; la reinstauración del “presentismo docente, la emergencia previsional, el descuento de los días de paro y la reforma jubilatoria”.
“El gobierno de Maximiliano Pullaro tiene muchísimas semejanzas con el gobierno de Carlos Reutemann”, sostuvo Alonso en una entrevista con Radio Universidad.
El Gobernador utiliza con inteligencia y en provecho propio el clima de época instaurado por la presidencia de los hermanos Karina y Javier Milei.
El discurso imperante es el del recorte y el ajuste de lo público, pero no contra cualquier sector social. Así como el cuestionable superávit fiscal nacional –construido en parte con compromisos impagos, más licuadora y algo de motosierra– se explica por un aporte del 30 por ciento del total a través de la pérdida de poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, en Santa Fe Pullaro propuso que parte del déficit de la Caja lo paguen los estatales activos y pasivos, porque no puede ser que lo haga el kiosquero.
Según los datos del mismo oficialismo, la reforma implicaría una reducción de alrededor de 30 puntos del rojo del sistema previsional local. El ministro de Economía, Pablo Olivares, explicó ante la comisión técnica que realizó el proyecto de reforma que el déficit anual para 2024 llegaría a unos 430 mil millones.
El diputado Carlos Del Frade recordó que ese monto es equivalente al 10 por ciento del presupuesto de la provincia para este ejercicio. Varios bloques legislativos pusieron en debate la deuda que Nación mantiene con Santa Fe en materia de compensación por la no transferencia de su Caja de Jubilaciones, que asciende a unos 850 mil millones de pesos.
Algunos de los puntos salientes que los gremios y la oposición cuestionaron del proyecto oficial fueron el “aporte solidario” que deberán hacer activos y pasivos, para financiar el déficit.
En la redacción original, debían aportar los jubilados que percibieran dos haberes mínimos. Finalmente, se llevó a tres, que es equivalente a poco más de un millón de pesos, el mismo valor que la canasta de pobreza que midió el Indec para agosto.
Los aumentos paritarios otorgados a los activos no se trasladarán en forma automática a los pasivos –como era hasta ahora– sino que recién se hará efectivo a los 60 días.
La ley cede facultades legislativas al Poder Ejecutivo para modificar la edad jubilatoria, en caso de que la Nación realice ese cambio, algo altamente probable para los especialistas.
En el caso del régimen especial docente, los cambios aprobados por la Legislatura significan que las docentes mujeres deberán trabajar 3 años más para acceder al 82 por ciento móvil. Eso repercute en las vacancias, en las titularizaciones y las suplencias.
Ajuste y represión
La aprobación de la ley el último jueves en Diputados se dio en medio de un escándalo en el recinto y una represión policial afuera de la Legislatura, donde se movilizaban las y los trabajadores estatales afectados por la emergencia previsional.
Mientras los diputados fundamentaban su voto, y cuando apenas lo habían hecho cuatro legisladores, el jefe del interbloque de Unidos, el socialista Pablo Farías, pidió interrumpir la participación de Juan Domingo Algañaráz, de la bancada Inspirar.
“Por qué el tratamiento tan exprés, tan rápido de un proyecto tan importante. Creo que quieren cerrar una puerta, para abrir otra. Quieren cerrar la puerta de la reforma de la Caja, para abrir la puerta de la reforma de la Constitución”, argumentaba el legislador, cuando la presidenta del cuerpo, Clara García, lo cortó para darle la palabra a Farías.
“Me permite una interrupción, es evidente que están cediendo las puertas de la Legislatura, es una situación que no le gusta a nadie. Pediría pasar a la votación en general y en particular y después seguir el debate todo el tiempo que queramos”, dijo el socialista, mientras de fondo se escuchaban gritos, gases y los sonidos de la represión policial a los trabajadores que se manifestaban.
Rápidamente, muy rápidamente, la mayoría automática del oficialismo aprobó la moción de Farías de votar la ley para luego continuar con las argumentaciones, y en segundos el texto estaba aprobado.
Tal fue el apuro que lo único que quedó confirmado fue el voto del oficialismo, con 23 voluntades a favor de la reforma. El tablero de la Cámara mostró 9 votos negativos y 11 abstenciones. Entonces, a los gritos de afuera se sumaron los de adentro.
Tanto el PJ, como el FAS y Somos Vida, de Amalia Granata, reclamaron que sus votos estaban mal registrados, porque se habían abstenido. De hecho, para hacerlo, por cuestiones reglamentarias es necesario solicitar previamente a la votación la autorización del resto del cuerpo.
Farías les dijo que no se hicieran problema, que todo tiene solución: “Estábamos en una situación compleja, no estábamos dispuestos a que los violentos interrumpieran la sesión. Quienes no pudieron votar, y no se abstuvieron y estaban en contra, pueden dejarlo notificado en la versión taquigráfica”.
Tras un extenso cuarto intermedio para calmar las aguas afuera del palacio, los bloques opositores plantearon que la votación había sido nula. Celia Arena, del PJ, planteó una moción en ese sentido, pero fue descartada por la mayoría oficialista.
La presidenta de Diputados, García, dijo que “estamos en una situación en la cual tenemos la responsabilidad de cuidar la institucionalidad. De ninguna manera íbamos a limitar la libertad de hablar, pero entendimos que era riesgoso, ese fue el motivo” de la acelerada y extraña votación.
“La votación ha sido reglamentaria”, sostuvo García, quien le solicitó a sus pares “que tengamos tranquilidad. Entendemos a los trabajadores, seguramente los que hicieron esto no son docentes ni jubilados, hay gente que ha querido romper la puerta, romper la puerta no es democrático”.
Más tarde, el interbloque de Unidos emitió un comunicado en el que repudió “la violencia contra la Legislatura” y anunció que “hará una denuncia penal para investigar los hechos”.
Señaló por esos hechos a “un grupo de violentos que nada tiene que ver con los trabajadores de ningún sector”, pero que no identificó, y cuya tarea dejó en manos de la Justicia.
Tras la reanudación de la sesión, cuando ya se había votado, continuaron las argumentaciones de las y los legisladores, al solo efecto de dejar sentada su posición en la versión taquigráfica.
Tanto Lucila De Ponti, del PJ, como Amalia Granata (Somos Vida) apuntaron contra el voto a favor de los socialistas. La mediática dijo que hubo “muchos que votaron con la nariz tapada” y la justicialista recordó que “cuando gobernaba el Frente Progresista se aprobó el 2×1 (de años de aporte para acortar edad jubilatoria) y el 82 por ciento móvil. Tiene que haber una coherencia que se tiene que mantener más allá de los climas de época. No nos parece menor la falta de coherencia”, apuntó.
A los radicales ya le perdieron la fe de que puedan sentir culpa. Nadie les dijo nada.
Publicado en el semanario El Eslabón del 14/09/24
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