A principios de septiembre, el Ministerio de Educación de la provincia comenzó un ciclo de formación de la mano de la Fundación Varkey, bien conocida por ser la que premia al Mejor docente del Mundo con un millón de dólares. Más de 6 mil docentes participaron de esa clase que convocaba a formarse sobre Comunidades de Aprendizaje y Aprendizajes Basados en Proyectos (ABP). La iniciativa es un ejemplo más –el otro es del Plan de Alfabetización Raíz– de cómo la capacitación del magisterio santafesino queda en manos del mercado. Decisiones políticas que se toman además en un contexto de desfinanciamiento del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod).
La Fundación Varkey –dice la página institucional– es “una organización sin fines de lucro que diseña e implementa programas de formación dirigidos a directivos de escuela y docentes porque cree que cada niño merece un gran maestro”. Fue fundada en 2010 por el empresario multimillonario hindú Sunny Varkey.
En la Argentina, a través de diferentes programas implementa sus servicios educativos en distintas provincias. Si bien se presenta como una organización sin fines de lucro, el proyecto de formación docente inaugurado a principios de este mes en Santa Fe tiene sus costos.
“Paga el Consejo Federal de Inversiones (CFI)”, respondieron desde el Ministerio de Educación de Santa Fe a la consulta de El Eslabón sobre el financiamiento de esta capacitación, sin dar –al menos hasta el cierre de esta edición– más detalles sobre la cifra del desembolso. El representante titular por la provincia de Santa Fe ante el CFI (organismo público interestatal) es el ministro de Economía, Pablo Olivares.
La capacitación, seguimiento y evaluación de esta capacitación la lleva adelante el equipo pedagógico y administrativo que asigna la Fundación Varkey. Son especialistas vinculados con esta organización y formados en universidades privadas, como la Austral, la Católica o la de San Andrés. La mayoría –por no decir todos– sin experiencia de trabajo en la provincia de Santa Fe.
Es por lo menos llamativo este dato sobre quienes tienen a cargo esta formación del magisterio provincial. Además de universidades nacionales como la de Rosario (UNR) o la del Litoral (UNL), en Santa Fe hay 106 institutos de educación superior, destinados a la formación docente (algunos incluyen tecnicaturas) con educadoras de reconocida trayectoria profesional. Incluso el actual ministro de Educación, José Goity, estuvo dos ciclos seguidos (2011-2019) al frente de la Facultad de Humanidades y Artes (UNR), que cuenta entre sus carreras de grado con la de Ciencias de la Educación y varios posgrados en la materia.
Más llamativo aún si se considera que el gobernador Maximiliano Pullaro ha afirmado en más de una oportunidad que trabajan (él y sus funcionarios) “para ser más eficientes y utilizar los recursos de la mejor manera”. Una idea que también ha hecho propia y replica el ministro Goity cada vez que puede.
La investigación realizada por la Ctera (2019) y titulada La privatización educativa en Argentina, alerta: “No se trata solamente de que las empresas y fundaciones empresariales participen en la gestión de las políticas públicas en reemplazo del Estado, sino también de que intervengan en el diseño de esas políticas, lo que deviene en una creciente mercantilización de la educación, que se transforma cada vez más en un ámbito para los negocios privados”.
La decisión de abrir las puertas a los negocios educativos se da, además, en un grave contexto de desfinanciamiento y abandono del Instituto Nacional de Formación Docente (Infod), dado desde la asunción de Milei en la Nación. Desfinanciamiento que también afecta a todo el sistema educativo público y a las universidades nacionales.
Políticas educativas
Para entender más cómo se piensa y proyecta esta formación docente en la provincia junto a la Fundación Varkey sirve leer la Resolución del Ministerio de Educación de Santa Fe N°1.342 del 4 de septiembre pasado y que lleva la firma del ministro José Goity. Una formación –se anuncia– que se enmarca en las “políticas educativas” de la provincia.
El documento se explaya sobre el Proyecto “Formación Docente en Aprendizajes Basados en Proyectos organizado por la Subsecretaría de Planificación y Articulación Educativa conjuntamente con la Fundación Varkey, en el marco de la política educativa provincial en relación con la Red de Comunidades de Aprendizaje”.
Tal iniciativa “prevé dos programas de desarrollo profesional docente: Proyectos en Comunidad y Talleres para el Diseño de ABP”. Tiene como destinatarios a directivas y docentes de todos los niveles y modalidades de la provincia, tanto de la enseñanza pública como privada. Es de modalidad presencial y virtual.
En la presentación de la propuesta de la Fundación Varkey, y que Educación provincial hace propia, se habla de los cambios vertiginosos a nivel mundial que obligan a “reconfigurar el modelo educativo”, siempre en pos de la calidad de la enseñanza. Para esa meta, entre otras cuestiones se asegura que “la investigación y la experiencia acumulada apoyan de manera contundente la eficacia de la formación en liderazgo para la transformación de las organizaciones”.
Entre otros argumentos sobre el proyecto de capacitación y sus finalidades, se lee en la resolución oficial que “Fundación Varkey trabaja para formar una nueva generación de líderes educativos transformadores, cuya acción en las instituciones impacte en las relaciones interpersonales, en los modos de desarrollar la enseñanza y en los aprendizajes de todos los estudiantes”.
Facilitadores y uso de datos
Los encuentros presenciales y virtuales con las y los docentes son moderados por 15 facilitadores, tal como se los denomina en la descripción de esta capacitación. La resolución detalla con nombres propios quiénes son los facilitadores, quiénes dirigen esta capacitación docente y quiénes la piensan pedagógicamente. Todas y todos responden a la Fundación Varkey.
La figura más visible y conocida es el director del proyecto, Agustín Porres. Según especifica la resolución ministerial “su función será gestionar y coordinar los recursos operativos y económicos del proyecto a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos”. En la página oficial de la Fundación Varkey, Porres es presentado como “el director regional para América Latina de Fundación Varkey. Trabajó en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y en la Administración Nacional de Seguridad Social” (Ansés). Estudió Filosofía en la UCA y es magíster en políticas públicas de la McCourt School of Public Policy de Georgetown University, entre otros datos de su currículum.
La aplicación del proyecto de formación docente considera también el seguimiento y la evaluación de los trabajos. Según se explicita en la Resolución Ministerial la “Fundación Varkey cuenta con un área de Monitoreo y Evaluación (M&E) que permite dar cuenta del progreso e implementación del programa y el seguimiento de los proyectos en desarrollo en las instituciones educativas”. Y aclaran que este “proceso de recolección y análisis de datos se encuentra respaldado a través de un sistema integral de gestión propio de la fundación, que administra y almacena datos de los participantes y de sus respectivas instituciones educativas (Salesforce) y que será transferido en su totalidad al Ministerio de Educación de Santa Fe, la información de los docentes e instituciones no podrá ser usada salvo conformidad del Ministerio de Educación”.
El uso de datos de la docencia santafesina, también en juego con estos acuerdos.
Tendencia privatizadora
El estudio de la Ctera advierte que si bien la presencia de empresas, ONGs y fundaciones en la educación no es nada nueva, en la actualidad superan la mera participación, ya que son “los propios directores o gerentes de las empresas y fundaciones al frente del diseño y de la gestión de las políticas públicas”. El gobierno de Cambiemos, con Mauricio Macri al frente, abrió el camino para que esta tendencia crezca. Con Milei quienes hacen negocios con la educación están de asado.
La intromisión de estas fundaciones en la vida de las escuelas y en la formación de maestras y maestros –dice el informe de la Ctera– “trae nuevos actores al proceso de construcción de las políticas, validando nuevos discursos políticos y estableciendo una nueva modalidad de poder estatal, agencia y acción social”. Influyen en las agendas educativas y en el diseño de las políticas pedagógicas.
La privatización educativa en Argentina analiza la presencia de la Fundación Varkey en el sistema argentino. Señala que comenzó a trabajar en el país en octubre de 2016 en la implementación del programa “Leadership & Innovation” (Liderazgo e Innovación), diseñado en conjunto con el Ministerio de Educación nacional de ese entonces.
Para llevarlo adelante firmó convenios de cooperación con algunas provincias argentinas, las cuales pagaron en dólares estos servicios educativos. En el estudio de la Ctera se cita el caso de la provincia de Mendoza, que firmó en 2016 un acuerdo de cooperación, en realidad de contratación, en cuya “cláusula 4.2. establece que el proveedor (la fundación) debe facturar en dólares y que los ministerios (de la Nación y Provincia) deben pagar en esa moneda, renunciando a cualquier derecho de pagar en otra moneda, como lo establece el art. 765 del Código Civil y Comercial”.
Estas contrataciones en dólares –Mendoza no fue la única provincia– derivaron en un pedido de informes de la Cámara de Diputados de la Nación al Poder Ejecutivo (presentada en 2018) “sobre los convenios firmados por el Ministerio de Educación de la Nación con la Fundación Varkey y otras cuestiones conexas”.
En la investigación ¿Qué hay detrás de las Fundaciones y ONGs educativas? Las redes de influencia público-privadas en torno a la educación argentina (2015-2018), publicada en 2019 (Citra, Umet/Conicet) se señala que “el ámbito de la educación constituye un área de interés primordial para las elites económicas por tres motivos”. Uno es la necesidad de moldear la formación de “los recursos humanos del futuro, en función de las demandas del sector productivo”; otro, “la posibilidad de ampliar y acceder fácilmente a un mercado que ofrece rentables oportunidades de negocios brindando diversos servicios educativos donde el Estado es el principal demandante, regulador e inversor (capacitación docente, plataformas educativas, informatización de datos, edición de materiales, realización de evaluaciones estandarizadas, etc.)”; y el tercero “la pretensión de difundir ideas, valores, actitudes y predisposiciones propias del ámbito empresarial como si fueran cosmovisiones del conjunto social que le permitan legitimar socialmente cambios en las políticas públicas que habiliten y/o amplíen el proceso de mercantilización educativa”.
Publicado en el semanario El Eslabón del 21/09/24
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