La educación superior es un derecho y como tal hay que defenderlo. En este principio se encaminó una charla sobre la situación de los institutos de formación docente, artística y técnica a nivel nacional, organizada por Amsafé para docentes y estudiantes de toda la provincia. Se alertó sobre los cambios normativos que ya están en marcha, los que vienen en camino y avanzan sobre los diseños de las carreras, la modalidad de las clases y hasta el sostenimiento de los propios institutos. Todo en un panorama de ajuste generalizado.

La charla estuvo a cargo del secretario de Educación de Ctera y Cultura de Amsafé, Miguel Duhalde, y el secretario de Cultura del gremio docente provincial, Javier Albrecht. Fue por el canal de Youtube del gremio y se llamó En Defensa de los Institutos y del derecho a la educación superior.

La intención, anunció Duhalde, fue la de “analizar y compartir información sobre lo que atraviesa la educación superior de nuestro país, la posición como sindicato y promover el estado de alerta y movilización” ante el peligro que representa el encuadre de normas que se busca imponer. Y desde ya avisar que Santa Fe no queda al margen de estas decisiones. 

Los cambios que se persiguen para la educación superior se dan en un panorama generalizado de achicamiento de la enseñanza pública. Basta con asomarse al proyecto de presupuesto 2025 que presentó el presidente Milei ante el Congreso de la Nación –apuntaron en la charla– para entender que los recortes no pasarán de largo para quienes trabajan y estudian una carrera docente, técnica o artística. 

Duhalde repasó algunos puntos centrales de este proyecto de presupuesto que afectan de manera directa a toda la educación, no sólo a la formación docente. Se valió de un análisis reciente de la Ctera que asegura que de aprobarse esta iniciativa presupuestaria será “la legalización del ajuste que ya se viene implementando”. 

“Este presupuesto significa un ajuste del 50 por ciento (en educación) respecto de lo invertido en 2023”, señaló el dirigente del magisterio. Y agregó que lo que se destina a los institutos de educación superior para formación, investigación, acciones de extensión se recortarán en un 63 por ciento. 

El programa Conectar Igualdad directamente desaparece de lo presupuestado para el año que viene. En la charla se recordó que se trata de un plan clave para sostener las carreras, tanto para las y los estudiantes como docentes. Las becas sufrirán un recorte mayor al ya irrisorio monto que otorgan. Otro recorte, del 69 por ciento en este caso, será el que alcance a la infraestructura y equipamiento para los institutos. Y se suspende la inversión en educación técnica. 

Los datos ofrecidos sobre los achiques planificados son necesarios para entender en qué realidad se piensan las normativas ya cocinadas y que se cocinan para los institutos superiores. “Todo lo que signifique proyectos de acreditación ligados a los equipamientos, infraestructura, lo tenemos que leer en esta clave ¿De qué Planes de Mejoras hablamos para los institutos si lo que viene es un ajuste total?”, preguntó Duhalde en la presentación.

En línea con ese planteo presupuestario, recordó que el gobierno nacional, a partir de la ley Bases y las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente, se desentiende de cumplir con la ley nacional de educación 26.206 y la de financiamiento educativo 26.075 (que obliga a invertir en educación no menos del 6 por ciento del PBI). En palabras del educador de Ctera, “este presupuesto va a condicionar la vida de los institutos”. 

Resoluciones en marcha

El camino para el achicamiento de la educación superior también se da por el marco de resoluciones que aprueban las y los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, más el secretario de Educación de la Nación (Carlos Torrendell) dentro del Consejo Federal de Educación (CFE). A lo que Duhalde pidió sumar la reforma jubilatoria dada en la provincia de Santa Fe, que afecta a la formación y al trabajo docente.

En esas reuniones del CFE, las organizaciones sindicales docentes tienen voz, participación, pero no voto. Sin embargo, las últimas convocatorias han sido sobre la hora y sin mayores detalles de lo que se iba a tratar. Se aprobaron resoluciones de manera exprés –denunció Duhalde– que afectan a todo el sistema educativo, y en particular a la formación docente. La palabra de la docencia no fue tenida en cuenta.

Esto ocurrió en la reunión del 28 de agosto pasado en la que se aprobó la resolución 476 (Lineamientos curriculares nacionales para la formación docente inicial) y quedó en camino de aprobación de la 477 (Sistema Federal Integrado de Evaluación, Certificación y Acreditación Institucional de la Formación Docente -Sifiecai). Las dos tienen que ver con la vida de los institutos de educación superior y su funcionamiento.

Según se detalló en la charla gremial, las dos resoluciones son de aplicación en el ámbito nacional, por tanto también alcanzan a la provincia de Santa Fe. “La 476”, como ya se la nombra en los pasillos del magisterio, tiene que ver con la reforma de los diseños curriculares. Un cambio que se hace “desde una perspectiva tecnocrática y que reflota hablar de las capacidades profesionales”, dijo Duhalde, y citó como ejemplos aquellas propias de los 90 como “la capacidad de gestionar el grupo escolar, la cuestión del liderazgo, la formación tecnocrática que entiende a la escuela como una empresa”.

Desde el inicio, la resolución aprobada “pinta el sentido que le quieren dar a su contenido”. Es que la normativa plantea que la “calidad de los institutos depende de la calidad de los docentes”, es decir, dejando toda la responsabilidad de la formación, del trabajo de estas instituciones en manos de las y los educadores. “Como si no existieran otros condicionantes como la situación del país, los salarios”, remarcó Duhalde sobre el conjunto de factores que determinan la calidad de los sistemas de formación.

Otros de los aspectos abarcados por la resolución 476 son los cambios curriculares que determinan nuevas titulaciones, esta vez por áreas; y la novedad del formato híbrido para cursar los estudios. El secretario de Educación Superior de Amsafé, Javier Albrecht, repasó las dificultades con las que se sostuvo el proceso educativo en la pandemia, al tiempo de reconocer lo central de la presencialidad. 

Foto: Julia Oubiña | El Eslabón/Redacción Rosario

Según explicó, los cambios admiten que “hasta un 50 por ciento de la carrera puede ser en formato híbrido”. Albrecht compartió los interrogantes que surgen respecto de la conectividad para las y los estudiantes y docentes, las dificultades en muchas regiones de la provincia. 

Otra de las cuestiones contempladas en la resolución es que aparece la figura de “los créditos”, dejando abiertas muchas dudas sobre cómo se daría esa acreditación, además del riesgo del recorte de horas. 

La otra resolución del CFE, “la 477”, no fue aprobada todavía y tiene que ver con la acreditación de los institutos de educación superior. Las docentes de más años la vinculan directamente a lo que fue el famoso “Documento A 14” de los 90. 

Albrecht detalló que, según esta normativa, acreditar significa para los institutos poder seguir funcionando como tales o no, es decir seguir teniendo trabajo o no. No lograrlo les impide entregar títulos con validez nacional. “¿Qué hay que hacer para poder acreditar? Según la resolución en marcha, primero pasar por un proceso de autoevaluación; luego un grupo de expertos evaluadores nombrados de afuera, sin saber con qué criterios son elegidos, son quienes deciden si el instituto seguirá funcionando o no”, describió el dirigente de Amsafé. 

Para este educador, “es fundamental empezar a pensar en acciones en defensa de los institutos, que son los que enriquecen el mapa social de cada comunidad”. Habló de la inserción que tienen a nivel comunitario y destacó que las propuestas de enseñanza siempre recogen la cultura de cada lugar. 

Duhalde y Albrecht convocaron a las y los profesores, a los centros de estudiantes, a reunirse, estudiar, seguir de cerca la implementación de estos cambios, y sobre todo tener en claro “que la educación superior es un derecho”, además de contribuir a la construcción del sistema democrático. Denunciaron que el gobierno apunta a un cambio estructural en la formación docente, y que lo hace de espaldas a la docencia.

Publicado en el semanario El Eslabón del 05/10/24

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