Pullaro eligió a los trabajadores –particularmente a los estatales– como sus principales adversarios. De los privilegios de festejar el cumple a los allanamientos a maestros.
Con la música de fondo del Gobierno nacional denunciando la existencia de bombas molotov en las universidades, la preparación de una guerrilla subversiva y golpes de Estado frente a cada marcha de repudio a sus políticas, la gestión de Maximiliano Pullaro ejecuta esa partitura bajo la definición política de que el sujeto social que debe enfrentar como principal adversario es el movimiento obrero que resiste a sus políticas: particularmente los sindicatos estatales. Los allanamientos y detenciones de tres docentes, un empleado público y otro vinculado a movimiento sociales por la protesta del 11 de septiembre en la Legislatura –cuando Diputados aprobó la reforma previsional que lesiona los derechos de activos y pasivos– son el último paso, hasta ahora, de una política que busca demonizar a los laburantes y criminalizar a las entidades que los organizan y enfrentan la voluntad ajustadora del mandatario provincial.
Los allanamientos a cinco trabajadores de Rosario en una causa por delitos de menor relevancia en la escala penal, cuando podían ser citados a presentarse ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA), son la cereza del postre que el gobierno provincial maceró discursivamente en sus primeros diez meses de gestión.
Antes de que la policía reventara las puertas de las viviendas de docentes, el gobierno de Pullaro instaló en la conversación pública su intención de eliminar “privilegios”.
No se refería a exenciones impositivas a grandes empresas o gravar a las exportadoras ubicadas en el cordón del Gran Rosario, sino a trabajadores de empresas públicas que perciben un bono anual o gozan de un día de descanso cuando cumplen años. Indignante.
Pullaro alertó que “se terminó la joda en las empresas”, pero el sector privado no se preocupó por esas declaraciones. Hablaba de la EPE y de Aguas, compañías estatales que amenazó con privatizar si hiciera falta, como lo hizo en un caso y lo intentó en el otro el ex gobernador Carlos Reutemann, cuando el ahora mandatario provincial era un estudiante universitario de la Franja Morada que resistía las políticas neoliberales.
Desarticular la resistencia
Antes también de que las botas policiales patearan las puertas de los domicilios de trabajadores que podían ser notificados de la citación judicial, el gobierno de Unidos fue obteniendo pequeños triunfos en su objetivo de disciplinar a los sindicatos que no aceptan mansamente el ajuste.
Con apoyo de una parte de la opinión pública y una perspicaz lectura –y cínico aprovechamiento– del clima de época, el gobierno provincial consiguió reinstalar el presentismo docente que estuvo vigente durante el reutemismo, ahora con el nombre propositivo de Premio a la Asistencia Perfecta.
En un contexto de pérdida del poder adquisitivo del salario, el “premio” de 60 mil pesos para un cargo inicial y del doble para los más altos del escalafón, se convierten en un buen motivo para ir a trabajar enfermo. El gobierno podría haber optado por el control de las inasistencias docentes, pero buscó el camino de la extorsión económico-sanitaria.
El descuento de los días de paro, un instrumento que ya existía pero que otras gestiones no utilizaron con el propósito de no escalar los conflictos con las y los maestros, se convirtió en la administración de Pullaro en el garrote salarial que disciplina la protesta.
En las asambleas docentes se revela esa aparente paradoja: las y los trabajadores de la educación expresando su bronca por el retraso salarial, y planteando la dificultad económica que le implica sumarse a una huelga.
El rechazo de Amsafé a la última oferta paritaria del 12 por ciento escalonado hasta fin de año, y la decisión del gobierno de firmarla igual con el aval de otras organizaciones gremiales del sector público, muestra la determinación oficial de doblegar la voluntad de los trabajadores de la educación.
Los allanamientos de esta semana para llevarse detenidas a personas que podían llegar en libertad a la audiencia imputativa que se realizó el jueves en la ciudad de Santa Fe, tuvieron como preludio los controles policiales a los colectivos que fletaba Amsafé desde Rosario a la Legislatura para participar de las movilizaciones opuestas a los deseos ajustadores de Pullaro.
Sin necesidad de un protocolo antipiquete, el gobierno provincial subió a los perros policiales en los micros docentes, realizó cacheos a maestras y equiparó a las y los trabajadores de la educación con delincuentes. Un acto simbólico infrecuente. La protesta, entonces, derivó de un derecho constitucional a un acto potencialmente criminal.
Construir al enemigo
La ejecución de la melodía de la criminalización por parte de Pullaro tiene como compositor al gobierno de los hermanos Karina y Javier Milei. En su caso, durante las últimas semanas, el enemigo a construir fueron los docentes y estudiantes universitarios, que confrontan con la política de desfinanciación de la educación superior impulsada por la Casa Rosada.
Con desprecio por la verdad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, invocó una presunta violencia estudiantil, al asegurar en declaraciones periodísticas que “en la década del 70 también se tomaban universidades”.
“Se tomaban universidades y después se generaba un movimiento que utilizaba la violencia para expresar sus posiciones, se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión”, comparó el funcionario nacional.
Y llamó a los estudiantes a abandonar la protesta y aguardar el paso del tiempo hasta que crezcan y estén en condiciones de conformar una fuerza política, presentarse a elecciones y ganarlas.
“Yo creo que uno puede expresar una protesta, no digo que no, pero la tiene que expresar dentro de los carriles normales. El gobierno se gana con votos, no se gana haciendo una marcha o tomando una universidad”, dijo Francos. Y agregó que “si quieren ganar y cambiar la posición del Gobierno nacional que vayan a una elección y la ganen, tienen todo su tiempo por delante los chicos, hagan un partido y ganen. En este momento el Gobierno es de Milei”.
Patricia Bullrich, que fue militante insurgente en los 70 que Francos fogonea como fantasmas, se expresó en el mismo sentido. “Lo que hacen es una provocación que la llevan al límite. Conocemos bien cuál es el objetivo que tienen: generar una revuelta al modelo chileno que destruyeron todo, y tratar de desestabilizar”, sostuvo la ministra de Seguridad sobre los estudiantes universitarios que protagonizan protestas.
La funcionaria advirtió entonces que “nosotros vamos a trabajar con la prudencia de no dejarnos llevar por estos pocos estudiantes que están tomando las universidades”, y agregó sobre la movilización prevista el miércoles pasado al Palacio Pizzurno que “van a ir con molotovs”. “Nosotros no vamos a permitirlo, no somos tontos”, explicó.
Mensaje político
El miércoles de la semana que pasó, un día antes de que fueran imputados los cinco trabajadores, un amplio abanico de organizaciones gremiales repudió las políticas del gobierno santafesino, con un nutrido acto frente a la sede local de la Gobernación.
“Además de la manera brutal en la que se los detiene, es un ataque certero al corazón de la lucha de los trabajadores”, dijo el secretario general de los Aceiteros de Rosario, Marco Pozzi, cuyo gremio se sumó al paro un día después de que también convocaran Amsafé y ATE Rosario.
Pozzi agregó que “el gobierno provincial viene metiéndose desde varios lugares con la clase trabajadora, sobre todo con los estatales, y nosotros los trabajadores del sector privado no quedamos exentos, porque tenemos un montón de despedidos por las políticas del gobierno nacional”.
El titular de Sadop Rosario, Martín Lucero, sostuvo que las detenciones de dirigentes sindicales por el delito de “daños” parece, en verdad, “un mensaje político más que una cuestión judicial”.
Para el dirigente de los docentes privados, la acción judicial contra los trabajadores “la entendemos como un mensaje político para el movimiento obrero y para quienes luchan, y también como un mandato para seguir luchando”.
El secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, consideró que los procedimientos de detención fueron “insólitos, abusivos y violentos”.
“No recuerdo que se den desde la época de la dictadura, no se justifica de ninguna manera”, dijo el maestro, para preguntarse “¿qué hay detrás de esto? Criminalizar la protesta, avanzar contra los gremios que no ceden ante el gobierno provincial”.
Casiello recordó que “hay un accionar represivo” en la política oficial que estuvo precedido de “una cantidad de declaraciones, como que había barrabravas en los colectivos que iban a la Legislatura” el 11 de septiembre, cuando Diputados dio sanción definitiva a la reforma previsional y la declaración de emergencia del sistema.
Recordó, en ese sentido, “la sobreactuación vergonzosa de Rubén Galassi (diputado del PS) de presentar un proyecto para premiar a los policías que habían participado de la represión” en la Legislatura.
Una semana después de la protesta ocurrió un hecho poco frecuente: el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, recibió en su despacho a la presidenta de la Cámara baja provincial, la socialista Clara García, para “condenar la violencia y apoyar a las instituciones de la democracia”. Todo dicho.
Publicado en el semanario El Eslabón del 19/10/24
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