Las elecciones legislativas del año próximo le van a permitir “tener una noción de la aceptación electoral que tiene el gobierno, más allá, obviamente, de los sondeos que hacemos para ir viendo las medidas de gobierno que vamos tomando”, dijo el gobernador santafesino en una entrevista con la radio Cadena 3, a uno de cuyos cronistas recibió en la sede de Gobernación el miércoles pasado. Y sí, los sondeos muestran más “acuerdo” que “desacuerdo” con las políticas de ajuste del Estado y de “mano dura” contra el delito. Y entonces le dan bien a él, a su “imagen positiva”, que supera el 60 por ciento. También más del 60 por ciento de imagen positiva llegó a tener, durante aquellos primeros meses de cuarentena contra el Covid en los que comenzaba su gestión, el hasta diciembre pasado presidente Alberto Fernández, hoy ni siquiera medido por las consultoras.
Los casos de subas y bajas de niveles de adhesión de dirigentes políticos son muchos más. Las causas de tanta volatilidad son muy diversas. Entre ellas, puede contarse la enorme debilidad estadística y manipulabilidad de los resultados que surgen de consultas como las que realizan los encuestadores, pródigas en simplificaciones, dicotomías forzadas, no presencialidad, exigencia de inmediatez en las respuestas.
A ver: una cosa es querer saber –vía “si es fulano, apriete 1, si es a mengano apriete 2..”– a quién va a votar el consultado. Pero más complejo resulta pretender escaso margen de error y lecturas cuando se trata de reflejar con la misma metodología la “opinión ciudadana” sobre temas más complejos como las políticas públicas de seguridad. ¿Será que la mayoría de “la gente” va a estar igual de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad que con que un policía verduguee en la calle a estudiantes secundarios?
Por lo pronto, hechos como el de la escuela Gurruchaga de estos días, o los violentos allanamientos a dirigentes sindicales de hace un par de semanas, o las detenciones de militantes defensores de la cultura de hace unos meses casi no forman parte ni de las consultas de los encuestadores ni de la agenda de la mayoría de los medios de prensa.
La búsqueda de datos precisos y su contextualización, el afán por intercambiar y debatir ideas y lecturas de hechos y acciones asumiendo subjetividades propias y respetando diferencias, repreguntar cuando las respuestas esquivan las preguntas, son actitudes que debieran abundar entre politólogos, periodistas, dirigentes y gobernantes, que sin embargo prefieren aferrarse cada vez más a resultados y métodos de las encuestas, aún cuando eso implique exponer incoherencias e incluso apelar a la mentira, el autoritarismo, la extorsión, la violencia, contra quienes defienden ideas e intereses distintos a los suyos.
En el caso de Pullaro, un claro ejemplo del ejercicio de tales actitudes se puede apreciar en los actos y mensajes oficiales contra trabajadores y trabajadoras estatales y sus organizaciones sindicales, en particular los docentes. En otra entrevista friendly que protagonizó esta última semana, insistió en considerar “privilegio” laboral a la posibilidad de acceder a lo establecido por normas vigentes, como las referidas a las licencias por enfermedad. Los privilegios, sostuvo Pullaro, “se tienen que terminar con muchos gremios docentes que sentían que la impunidad gremial les permitía hacer lo que quisieran, o asesorar a la gente para que falte, a los docentes para que falten, o hacerles sentir que estaba bien, que era un derecho poder faltar”.
En el mismo tren, se puede contar lo atinente a la reciente reforma previsional. Para Pullaro, que los trabajadores estatales pretendan por lo menos mantener el monto de sus ingresos mensuales es otro “privilegio”. Y además, no es cierto que las reducciones que implica la reforma sean tanto como para quejarse, afirma el gobernador. Su énfasis en ese sentido derivó en una gaffe cotejable con aquella de Milei de que en la Universidad Nacional de Rosario había 8 empleados por estudiante. En la entrevista en Radio 2, el mandatario negó con vehemencia que el 6 por ciento de 5 millones sea 300 mil. “¡Son 30 mil!”, exclamó, casi enojado con sus interlocutores, que habían partido de la aplicación correcta de los cálculos porcentuales para estimar los montos de los descuentos que se comenzaron a realizar en septiembre a afiliados y afiliadas a la Caja Previsional Santafesina.
Pullaro sostuvo también que el déficit de ese organismo asciende a 32 mil millones de pesos mensuales, cuya multiplicación por 12 da 384 mil millones anuales de saldo negativo, cifra que al menos orilla los 450 mil millones proyectados desde el mismo gobierno provincial en agosto.
Más diferencia surge si los 32 mil millones mensuales estimados recientemente se comparan con lo asegurado en mayo pasado también por un funcionario provincial: “Al 30 de abril el pasivo que acumuló supera los 90 mil 100 millones”, se dijo entonces. Así, la cuenta del déficit mensual da casi 10 mil millones menos que lo ahora indicado por el gobernador.
Un poco más de certezas se pueden hallar si se buscan datos del año pasado, cuando según el propio gobierno actual el déficit anual fue de 130 mil millones, es decir algo más de 10 mil millones mensuales promedio. Y en cuanto al año en curso, sea de 22 mil millones o 32 mil millones, el promedio de déficit mensual se achicaría notoriamente si el actual gobierno nacional no hubiera decretado el corte de los fondos que estaba obligado a enviar a la caja previsional santafesina. “Ese corte abrupto de transferencias ha ocasionado una deuda de casi 70.000 millones de pesos de enero a junio”, informó el Ejecutivo santafesino, que si bien acudió a la Justicia para reclamar ese incumplimiento, no lo considera tan injusto como los “privilegios” de los estatales y sus dirigentes sindicales. Para Pullaro, ellos son los malos que están “de joda”, mientras que el presidente Milei y sus funcionarios son personas con las que a veces no coincide, pero de cuya honorabilidad duda mucho menos, porque “es un gobierno de gente que tiene buena fe”.
Publicado en el semanario El Eslabón del 02/11/24
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