Despidos en medios públicos, manejo extorsivo de pauta oficial y monitoreo persecutorio a prensa y dirigencia opositora son moneda corriente en el Chaco gobernado por el Zorro Zdero.
Toda una postal de época lo que vivieron trabajadoras y trabajadores de los medios públicos del Chaco: en una de sus habituales jornadas de trabajo, lo que les tocó registrar y transmitir fue una conferencia de prensa en la que autoridades del gobierno provincial los acusaron de “ñoquis” y anunciaron que serían despedidos. “Sádico le queda chico a lo que hizo esta gente, han quedado sin trabajo compañeros con hijos con discapacidad grave, con tratamiento oncológico, con licencia psiquiátrica; ningún tipo de sensibilidad han tenido para esta situación”, describió Cecilia Insaurralde, una de las casi un centenar de cesanteadas y cesanteados en la provincia donde las denuncias de graves restricciones a la libertad de expresión arrecian desde el inicio de la gestión como gobernador de Leandro Zdero. Apodado el Zorro, se trata de uno de los apenas seis mandatarios provinciales que optaron por asistir al reciente discurso de apertura de sesiones legislativas que brindó el presidente Javier Milei, entre los cuales se contó también el santafesino Maximiliano Pullaro, que comparte filiación radical con su par chaqueño.
El de Insaurralde fue uno de los relatos que se pudo escuchar el pasado 26 de febrero en la charla debate sobre censura y libertad de expresión llevada a cabo en Resistencia, en el marco de la Feria del Libro Chacú Guaraní. La charla fue convocada por la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco (Amcch), surgida por iniciativa de representantes de radios, diarios y portales cuyas continuidades peligran debido al corte de la pauta publicitaria oficial provincial, dispuesto por el gobierno del Zorro.
Dicho corte, vale aclarar, no fue generalizado como en el caso de lo dispuesto por el gobierno nacional también al comienzo de su gestión. En el Chaco el flujo de publicidad oficial siguió, pero a la hora de seleccionar los medios destinatarios hubo una fuerte reducción respecto de la cantidad a la que se llegaba en los años anteriores. Los excluidos fueron los “truchos”, se adujo desde el Ejecutivo comandado por Zdero, que no se desdijo pese a que buena parte de los medios en cuestión no sólo siguen funcionando dentro del marco de las leyes vigentes sino que además resolvieron agruparse para peticionar por sus derechos y advertir que “en Chaco la libertad de expresión está en emergencia” ante “la ofensiva del poder político contra los medios críticos, haciendo un uso extorsivo de la pauta oficial”.
“Lo que vemos es que se busca premiar a los medios adictos y castigar a los críticos, situación que repudiamos con toda nuestra firmeza y que además advierte la vulnerabilidad de la sociedad a ser presa o víctima de un mensaje único, de escuchar una sola campana para la imposición de una verdad absoluta”, se explicó desde la Amcch presidida por Juan Diego Turraca, director del portal Infochacu y ex titular de la cooperativa chaqueña La Prensa y de la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina (Fadiccra).
A la vez que por los sadodespidos en los medios públicos y el manejo arbitrario de la pauta, la gestión chaqueña es blanco de repudios por otras prácticas reñidas con una política comunicacional de un gobierno democrático. “Fondos públicos para financiar la persecución a medios de comunicación críticos y diputados opositores. Con esta oración se podría resumir lo que el gobierno del Chaco viene realizando desde el inicio de la gestión, usando como usina de datos lo que en comunicación se conoce como «clipping»”, se informó en noviembre del año pasado desde la revista Litigio.
La nota describió cómo funcionó, “desde el 12 de diciembre, a dos días de la asunción de Zdero, y bajo las órdenes del secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico”, un equipo conformado por periodistas dedicados en principio a “una escucha y revisión general de los medios de comunicación para identificar los temas de los que se hablaba, el impacto en la gente y ver cómo respondían a ciertos tópicos”.
“Con el pasar de los meses, la tarea fue mutando hacia algo menos inocente. A los integrantes del equipo ya no se les pedía una revisión general, sino determinar concretamente qué medio y periodista hablaba mal del gobierno”, se informó desde Litigio. “A partir de recopilar esta información, se confeccionaban las listas negras y se producían las bajas de pauta publicitaria a los medios que no se alineaban completamente con el mensaje gubernamental. Esto también incluyó la no reposición de la pauta a aquellos medios que se habían quedado afuera con la actual gestión”, se agregó, cerrando el círculo en torno a los manejos oficialistas para el control de la opinión pública. En cuanto a la persecución a legisladores, la nota señala que “se registraba lo que decían en las radios, en los canales de streaming, en la televisión, en los portales de noticias, en las sesiones de la Legislatura provincial y hasta en sus cuentas de redes sociales” y que luego, con esa información, el gobierno “coordinaba ataques mediáticos” contra algunos de los espiados, entre los que se contaron los diputados provinciales Nicolás Slimel, Rodrigo Ocampo, Santiago Pérez Pons, María Pía Chiacchio Cavana, todos opositores y también Iván Gyoker, oficialista él, pero monitoreado “porque es un boca de jarro”.
“¿Qué se sabe ahora sobre el equipo de clipping? ¿Sigue funcionando? Sí pero no. El gobierno decidió desmantelarlo y despidió a todos sus integrantes. Lejos de dejar de utilizar esta herramienta, que le sirvió para perseguir a opositores y medios críticos, ahora el trabajo de monitoreo de medios quedó a cargo de una empresa de Buenos Aires, que trabaja con Inteligencia Artificial. Todo un símbolo de los tiempos que corren”, cierra el texto de la nota firmada por Bruno Martínez y publicada el 28 de noviembre de 2024.
Más recientemente, el último miércoles, el medio de la capital chaqueña tituló como “otro golpe a la libertad de expresión en Chaco” al dar cuenta del fallo del Superior Tribunal de Justicia chaqueño conocido el mismo día, avalando uno de los primeros despidos en los medios públicos, el del periodista Roberto Espinoza. La resolución de la Corte chaqueña tuvo un voto en disidencia, el de la magistrada Iride Grillo, quien coincidió con lo que tituló Litigio y se viene denunciando. En su argumentación, Grillo tomó en consideración las declaraciones de funcionarios radicales (incluyendo el propio Leandro Zdero cuando era candidato a gobernador) que cuestionaron la postura política del periodista por lo cual consideró que esos elementos hacen “concluir la existencia de una relación causal directa entre sus expresiones políticas y la decisión de despido”.
La magistrada a la vez consideró que en el caso deben ponderarse la importancia de la libertad de expresión, el derecho a la información y el “papel particular que desempeñan los medios de comunicación con participación estatal mayoritaria”, lo que “le confiere al Gobernador de la Provincia una particular responsabilidad en términos de protección de la libertad de expresión y la libre circulación de ideas en la provincia, y con ello, el fortalecimiento de nuestra democracia”.
El texto incluyó otros señalamientos, como que “en razón de la importancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática y a las responsabilidades que importan para los comunicadores sociales, es deber del Estado no solo minimizar las limitaciones a la circulación de información sino además equilibrar razonablemente la participación de las distintas informaciones en el debate público, garantizando así el pluralismo informativo”.
Así, lo de haber echado a Espinoza “puede ser entendido como una vía indirecta de silenciamiento de la expresión”, añadió Grillo, al tiempo que completó el reto a Zdero con una consideración: “El despido injustificado de un periodista crítico” encuadra en la “censura indirecta” del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El fallo del Superior Tribunal de Justicia se esperaba con ansiedad en la charla debate del 26 de febrero, en la que el de Espinoza, junto con los de Cecilia Insaurralde y Marita Velázquez, completó los testimonios de periodistas afectados directamente. Pero los repudios se multiplicaron en boca de dirigentes sindicales, legisladores, referentes de pueblos originarios y movimientos sociales, quienes dejaron en claro que el que tienen como gobernante es un Zorro que nada que ver con el que montaba a Tornado.
Publicado en el semanario El Eslabón del 08/03/25
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