En las últimas semanas, el debate educativo volvió a instalarse a partir del impulso oficial a la llamada “Ley de Libertad Educativa”, un proyecto que busca derogar la actual Ley de Educación Nacional y redefinir de manera profunda el rol del Estado, la escuela y las familias.
Presentada como una ampliación de libertades y opciones, la iniciativa propone cambios estructurales como la equiparación entre educación pública y privada, la introducción de vouchers, la habilitación del homeschooling y la reducción de la intervención estatal en la planificación pedagógica; sin embargo, lejos de ampliar derechos, el proyecto avanza hacia un vaciamiento de la educación pública y común y expresa un retroceso histórico que pone en cuestión las bases mismas sobre las que se construyó el sistema educativo argentino.
La construcción del sistema educativo argentino estuvo desde sus orígenes íntimamente ligada al proyecto de nación. Como sostuvieron Sarmiento y buena parte del pensamiento pedagógico del siglo XIX, la educación común, laica, obligatoria y universal no fue un simple dispositivo escolar, sino una herramienta central para la formación del ciudadano y para la constitución de una comunidad política.
En ese marco, la escuela pública aparece como un espacio de igualdad, de socialización y de producción de un horizonte común, en tensión –y deliberadamente– con los poderes de la familia, la Iglesia y los particularismos ideológicos, a los que el Estado debía poner límites en nombre del interés general.
En un reciente debate televisivo, Romina De Luca señala que este principio fundante implicaba reconocer al Estado como garante del derecho a la educación y como agente obligado a intervenir activamente en su organización, planificación y contenidos. No se trataba sólo de alfabetizar, sino de construir ciudadanía, de ofrecer a niños un espacio que los sacara del ámbito privado para incorporarlos a una experiencia social compartida. En ese sentido, la educación no podía quedar librada ni a la voluntad familiar ni a creencias particulares, porque su función excedía lo doméstico y se inscribía en el proyecto colectivo de nación.
El proyecto de “Ley de Libertad Educativa” invierte esa lógica. Al introducir mecanismos como los vouchers, al equiparar educación pública y privada y al colocar a las familias como agentes centrales del proceso educativo, la reforma desplaza al Estado de su rol histórico y habilita una creciente fragmentación del sistema.
En una entrevista, Adriana Puiggrós explica que este modelo no amplía libertades, sino que refuerza desigualdades y consolida la penetración de ideologías familiares en el calendario escolar, en la planificación pedagógica y en los contenidos, reproduciendo y profundizando los clivajes sociales preexistentes.
Bajo el discurso de la elección y la autonomía, se instala así una concepción del niño como propiedad privada de la familia, y no como sujeto de derecho ni como ciudadano en formación. Esta mirada remite a una etapa pre-sarmientina de la educación argentina, previa a la consolidación de la escuela pública como espacio común, laico y universal, y supone un retroceso respecto de las conquistas históricas del sistema educativo nacional.
Estas ideas, además, recuperan lógicas ya ensayadas –y fracasadas– durante la Ley Federal de Educación de los años noventa: descentralización sin igualdad, debilitamiento del Estado y ruptura del espacio escolar como ámbito de integración social. Lejos de modernizar la educación, la reforma propone una regresión que compromete el sentido mismo de la escuela pública y del proyecto democrático argentino.
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