La práctica política en la universidad es un dispositivo cuyo propósito es la preparación de los militantes para el funcionariado. El “carguismo político” nace en la Universidad, aquella que alguna vez supo formar militantes sociales implicados en la dinámica de los barrios populares.
La caracterización del sistema universitario, en Argentina y en Latinoamérica, plantea un escenario complejo frente al avance de políticas neoliberales con este nuevo tinte de ultraderecha que agudiza los discursos de odio, dirige todos sus cañones a todo lo público y discute el acervo académico construido a las luces del conocimiento científico, indiscutido hasta hace 50 años.
El embrutecimiento creciente de nuestra sociedad en todos sus estratos, la ausencia de lectura, la proliferación de mentiras en medios digitales, la saturación de opiniones sobre un mismo tema, la ausencia de fuentes confiables, sobre todo en redes sociales, tienen como consecuencia la imposibilidad de comprender causalidades y consecuencias de los hechos reales. La Universidad Pública ya no es un deseo para quienes no tienen la posibilidad de ir.
La política universitaria tiene una dinámica propia, un territorio definido, una concepción endogámica producto de las características propias que tiene una institución autárquica como es la Universidad. En los años 80 y 90, con el afianzamiento del sistema neoliberal y la caída del muro de Berlín, el discurso único produjo un deslizamiento del sentido de la educación universitaria. La productividad y la rentabilidad comenzaron a ser el patrón de intercambio y las formas organizativas de las empresas se trasladaron al funcionamiento interno de las facultades. La modernización fue la excusa, la digitalización fue la prueba concreta de que estaba sucediendo. Lo que nunca se discutió es la ética, los principios que regían a la enseñanza superior. Todo lo que tenía un sentido altruista, como también el compromiso de formar ciudadanos para una sociedad democrática, construir pensamiento crítico y emancipador, con perspectiva de mejorar la sociedad, fue barrido en función de las demandas del mercado.
Es en este contexto, el de la reapertura democrática y sobre todo en la década infame privatizadora, que el perfil profesional de las diferentes carreras se mercantiliza. Toda la historia de la Universidad Pública es política. La participación de los diferentes claustros en la definición de las reglas de funcionamiento de la enseñanza superior provocaron un dinamismo y una vida interna activa. Grandes sectores de la militancia política de los años 60 y 70 pasaron por la Universidad, construyeron pensamiento crítico y terminaron en organizaciones políticas. El pensamiento que se construía en las facultades luego iba a contraponerse con la realidad efectiva y las teorías eran ratificadas o refutadas en función de los hechos sociales reales, de los procesos históricos. La política en este espacio tenía un sentido formativo, de reclutamiento de jóvenes para la participación, de transición hacia las ligas mayores. Las verdades de la modernidad existían y las ideologías se disputaban su sentido. Una visión liberal, integrada, que abonaba a un ejercicio de la profesión liberal y de movilidad social ascendente, con una perspectiva de pertenecer, de tener una marcada identidad, la clase media, que pretende no ser trabajadora y, sin embargo, por no parecerse a los trabajadores acepta todo tipo de recortes en nombre de la buena gestión.
Por otro lado, una concepción emancipadora, en la que la ciencia tenía que estar al servicio de la revolución, de la transformación social. En esta concepción, la militancia se parecía más al pueblo, al que consideraban el sujeto social por excelencia.
La dictadura fue el punto de inflexión. El disciplinamiento de jóvenes y docentes, la prohibición de leer determinados libros, la desaparición de actores políticos, la persecución de las organizaciones, la erradicación de la discusión en los pasillos de las facultades hasta la reapertura democrática, provocaron una ruptura que permitió la instalación de lo que hoy conocemos como agrupaciones universitarias. Organizaciones que tienen como objetivo el manejo de lo interno. Ganar el Centro de Estudiantes y disputar, junto a docentes, graduados, los ejecutivos de las facultades. El acceso a decanatos y secretarías, consejeros directivos, se encuentra entre las aspiraciones de las agrupaciones de las diferentes facultades. En algunos casos responden a partidos políticos y en otros no. Aún así, los que responden a algún partido evitan mostrarse como tales para no pagar el costo político de las decisiones de su partido. Esto sucede generalmente porque las agrupaciones se muestran como progresistas en el ámbito universitario, mientras los partidos suelen ser más conservadores.
La política universitaria se fue fagocitando a sí misma a lo largo de estos 50 años de democracia. La práctica clientelista ya no se cuestiona. La persecución de los ingresantes y las invitaciones a las actividades organizadas por las agrupaciones y los métodos de las empresas de turismo que venden los viajes de egresados se parecen bastante. Las disputas por el manejo de los recursos –como la fotocopiadora– y la ocupación de cargos, ponen de manifiesto un esquema de compromisos políticos en los que no siempre se protegen cuestiones básicas como son el nivel académico y la integración de los contenidos curriculares, con excusas que alguna vez fueron principios como la libertad de cátedra.
Las diferentes adecuaciones de contenidos curriculares responde muchas veces a necesidades del mercado, comprendiendo a los futuros profesionales como simples espectadores de una realidad a la que no pueden modificar, en la que sólo tienen que certificar lo que les indican las empresas. Hace mucho tiempo que ya no se discute el sentido de la educación superior. La política de este sector es intrascendente, no modifica aspectos sustanciales de las facultades, sólo tecnicismos que permiten u obstruyen que algo ocurra. El pragmatismo economicista con el que se manejan las instituciones superiores tiene consecuencias severas en la consolidación de la democracia en la Argentina. El simulacro de la representación se encuentra encarnado por las agrupaciones universitarias que hablan con los estudiantes como si fueran consumidores de servicios y no como actores sociales. La práctica militante a la que apuntan es a ser buenos gestores, proveedores de servicios y, en el mejor de los casos, coordinadores de grupos como los que acompañan a los jóvenes en su viaje de estudio.
¿Es importante la política universitaria?
Así como está planteada no. No sirve ni siquiera para mejorar el nivel académico. Esto no implica que pueda transformarse en una herramienta de transformación, que confluya con otros sectores para comenzar a transformar una sociedad que mira con desconfianza. Para ello es fundamental que deje de mirarse el ombligo, que aporte conocimiento a la construcción de lo nuevo y que deje de justificar cambio sólo por aquello que requiere el mercado.
La política interna de la Universidad, que es secundaria respecto a la construcción de legitimidad social, tiene como desafío deconstruir los mecanismos burocráticos que impiden la participación real, que banalizan la representación y que postergan el surgimiento del pensamiento crítico. La universidad necesita romper el status quo disputando el sentido de la realidad, del sujeto y de la historia. Deberíamos plantearnos si la universidad necesita reproducir prácticas propias de las empresas o tiene la misión de construir un acuerdo en el disenso que permita poner estos gigantes al servicio de la emancipación, la decolonialidad, la equidad y volver a hacer carne los preceptos constitucionales que tantas luchas han costado.
Publicado en el semanario El Eslabón del 25/4/26
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