Es una medida precautelar. “Hasta que no se resuelva la cuestión de fondo —que se discuta en Concejo— no se puede tocar ni un grano de arena, nada”, explicó el concejal Juan Monteverde sobre lo dictaminado.
El juez civil y comercial Luciano Juárez dispuso una medida precautelar que suspende los efectos jurídicos del decreto firmado por el intendente Pablo Javkin y ordenó elevar el expediente a la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial para que resuelva un conflicto de competencia entre distintos juzgados que intervienen en causas vinculadas al emprendimiento.
El concejal Monteverde dijo que el hecho de que la Justicia diera lugar a su presentación significa “una gran noticia”.
“Suspende el decreto 715 del 2026 del intendente hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo, hasta tanto no se investigue y se cotejen las distintas miradas; hasta tanto no se decida si este proyecto tenía que pasar o no por el Concejo porque cambiaba los usos, que ese es el planteo que yo hice en la Justicia”. detalló ele edil y agrego que “hasta que no pase todo eso, la obra no puede avanzar”.
“Esto es un primer paso — siguió Monteverde— hay que seguir movilizados, pero indica que teníamos razón, que había razón de sobra para poner cordura, racionalidad. Esto suspende la licitación, suspende la adjudicación y ahora hay que discutir todo de nuevo”.
El concejal vaolró; “Esto no es solo producto de un fallo de un juez o de un partido político, es producto de que la gente dijo basta a esta forma de gobernar; esto es producto de la identidad y de la dignidad de los vecinos de la zona norte, de la gente del río que se paró a defender lo que es suyo lo que es nuestro. Luchar vale la pena”.
Antes de resolver la suspensión, el juez Juárez insistió en que todos los procesos judiciales abiertos contra el parque acuático deberían tramitarse de manera conjunta, ya que existen al menos cuatro demandas diferentes radicadas en distintos juzgados de Rosario, todas vinculadas al mismo proyecto.
Entre ellas figuran un recurso promovido por vecinos, una acción presentada por la Asociación de Guías e Instructores de Kayak (AGIKS), otra impulsada por el concejal Juan Pedro Aleart y el amparo iniciado por los ediles de Ciudad Futura.
Para el magistrado, las diferencias de enfoque entre las presentaciones no alteran un dato central: todas buscan cuestionar la validez del decreto municipal y detener las obras.
“Todas las demandas coinciden en que el proyecto del Parque Acuático es un acto ilegítimo y arbitrario, que amerita ser invalidado”, afirmó el juez.
