Una veintena de funcionarios y ex funcionarios de La Libertad Avanza adhirieron a la ley por la que eluden de control sobre el crecimiento de sus patrimonios durante su paso por el gobierno.
La ley de Inocencia Fiscal se transformó en una autoamnistía libertaria que redactaron, votaron y ahora usan para no declarar el crecimiento de sus patrimonios por fuera de sus ingresos registrados.
El caso de Manuel Adorni y su esposa Betina Angeletti fue el que disparó este nuevo escándalo del gobierno. En las vísperas de entregar su demorada declaración jurada donde tenía que dar alguna explicación sobre su crecimiento patrimonial, los Adorni adhirieron a la ley de Inocencia Fiscal. Pero no fueron los únicos: hay al menos 20 funcionarios y ex funcionarios que aprovecharon la jugada.
Fue el propio Milei el que explicó los beneficios de ser “inocente fiscal”. Cuando se aprobó la ley, escribió en un tuit: “Se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (Es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)”.
Así las cosas declaran lo que ganan en blanco, pagan un impuesto sobre eso que declaran y nadie se fija si tiene correlación con su patrimonio real.
El sitio El Destape publicó un listado de funcionarios de La Libertad Avanza que picaron en punta a la hora de blanquearse, y es solo el principio:
Manuel Adorni, el jefe de Gabinete que debe justificar ante la Justiia cómo pasó de un simple panelista televisivo a comprarse un departamento en Caballito, hacer una remodelación de lujo en una casa en un country, viajar a Punta del Este, el Llao Llao y Aruba con un sueldo de funcionario y gastar millones en las tarjetas de crédito por encima de sus ingresos.
José Luis Espert, quien presentó la ley en el Congreso y luego quedó expuesto que recibía miles de dólares de detenido Fred Machado. Ahora adhirió a la ley que le evita explicar su patrimonio.
Federico Sturzenegger, el ministro de Regulación, fanático del no control estatal. Adhirió el 7 de mayo.
Guillermo Francos, ex jefe de Gabinete, adhirió el 17 de abril.
Andrés Vázquez, titular de ARCA, investigado en la megacausa más grande de fuga de la historia judicial argentina, el caso BNP Paribas. La Procuraduría antilavado detectó que “entre 2004 y 2006 Vázquez y su hermana Silvia Mónica mantuvieron entre U$S 442.113 y U$S 460.491 en la Isla de Curazao, en una cuenta del ING Bank; y luego, a partir de 2006, al menos la suma de U$S 461.000 en Luxemburgo», publicó El Destape. Adhirió el 14 de marzo.
Juan Pazo, quien precedió a Vázquez al frente de la ARCA, también adhirió a inocencia fiscal. Fue, de hecho, el encargado de presentar la ley y sus ventajas. Adhirió el 20 de febrero.
Joaquín Benegas Lynch, senador que votó la ley de Inocencia Fiscal y ahora se acogió a sus beneficios. Adhorió el 24 de marzo.
José Rolandi, el vicejefe de Gabinete, también se sumó a la ley de Inocencia Fiscal. Adhirió el 20 de mayo.
Santiago Viola, el viceministro de Justicia, apoderado de La Libertad Avanza y abogado de confianza de Karina Milei. Adhirió el 7 de abril.
Santiago Oría, el filmaker personal de Milei con sueldo público, es otro que no quiere explicar su evolución patrimonial. Adhirió el 6 de abril.
Felipe Nuñez, conductor en Carajo y autopresentado como “Chief Financial Analyst de Toto”, aprovechó también la ley de Inocencia Fiscal. Adhirió el 1 de junio.
Marcelo Dalle Nogare, designado por Milei como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Adhirió el 6 de mayo.
Fernando Iglesias, el profesor de voley que Milei designó como embajador ante la Unión Europea.
El portal “Cuantodeben”, desarrollado por Andrés Snitcofsky, sistematiza mucha información pública de funcionarios del Poder Ejecutivo, diputados, senadores y jueces. Ahí aparecen otros funcionarios de segundo rango que también aprovecharon la jugada de adherir a la ley de Inocencia Fiscal.
Son:
Fernando Martin Kusiner, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad
Juan Pablo Allan, director del Registro Nacional de Armas
Sergio Gabriel Basich, funcionario de Capital Humano
Gabriel Martín Crugeiras, subsecretario de Administración y Normalización Patrimonial (el chiste se cuenta solo)
Juan Martín Ozores, interventor del ENACOM
Aymé Ayelén Vázquez, asesora de Adorni
Hugo René Vega, director del Belgrano Cargas
