El Partido Socialista no pudo aprobar el balance de 2007, año en el que el actual líder del FAP fue electo gobernador de la provincia. Una de las observaciones de la justicia es que hay aportes privados por casi dos millones de pesos que no pudieron ser justificados. El balance lleva la firma de Hermes Binner y Miguel Lifschitz. En 2012, por una situación similar, Jorge Sobisch fue inhabilitado por dos años para ejercer cargos y ser candidato en cualquier elección.
«En el Tribunal Electoral está la rendición de cuentas de cómo se financió la campaña. Es una prueba irrefutable», afirmó la diputada Alicia Gutiérrez hace apenas unos días, cuando el Frente Progresista Cívico y Social entendió que un artículo del periodista Horacio Verbitsky en Página 12 formó parte de “una campaña destituyente del sistema democrático de Santa Fe”.
La intención fue descalificar la nota publicada por Verbitsky, quien citó declaraciones de Ana María Frascona y Silvia Fuster, madres de Luis Medina y su pareja, Justine Fuster, ante la Comisión Investigadora de la legislatura. Allí ambas se explayaron sobre la relación del presunto narco asesinado con el gobierno provincial y los aportes económicos que éste habría realizado.
Hace unas semanas se conocieron escuchas en las que el ex policía de la división Judiciales, Germán Almirón, detenido por facilitar la fuga de un sicario de Los Monos, habla con Arón Treves, acusado por homicidio y tráfico de drogas. Allí dialogan sobre el atentado a la casa de Bonfatti, ocurrido hace un año (cuyo avance judicial ha sido hasta el momento escaso) y también se refieren a los supuestos aportes narcos.
La credibilidad de los testimonios antes citados es materia de discusión. Lo que no puede discutirse es que el Partido Socialista no pudo justificar hasta el momento los aportes privados que recibió durante la campaña electoral de 2007, en la que Hermes Binner fue electo gobernador.
Según documentación a la que el equipo periodístico de Radio Nacional Santa Fe tuvo acceso, un auditor de la Cámara Nacional Electoral, tres fiscales y un juez federal coinciden en que el balance no posee documentación que respalde esos aportes, por lo que fue desaprobado. Para el juez, el PS “no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma clara la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007”, lo que podría complicar al presidente y tesorero del partido que presentaron ese balance: Hermes Binner y Miguel Lifschitz.
Durante 2007 el Partido Socialista recibió aportes privados por un total de 1.879.207,07 pesos, divididos de la siguiente manera: $ 565.394,48 de Aportes Partidarios para Fines Generales; $ 938.172,59 de Aportes Privados para Campaña Provincial; $ 316.740 de Contribuciones y Donaciones Privadas de Personas Jurídicas para Campaña Nacional y $ 58.900 de Contribuciones y Donaciones de Personas Físicas para Campaña Nacional.
En ese año Binner se impuso en la provincia, acompañado por Griselda Tessio, mientras que a nivel nacional Rubén Giustiniani secundó en la fórmula presidencial a Elisa Carrió, lo que le permitió al PS obtener un buen número de bancas en el Congreso Nacional.
En su informe León Derhovsepian, auditor del Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, sostiene que “no se acompaña la documentación respaldatoria de los ingresos”, sino “una lista detallada de aportes de personas físicas titulada Aportes Partidarios 2007 que totaliza 781.907,07 y que no coincide con ninguno de los totales detallados”.
En 2008 el auditor le solicita al PS “la lista completa y detallada de aportes y la documentación respaldatoria del ingreso de los fondos”. Además, agrega: “No me resulta posible establecer si se han superado los límites legales vigentes de contribuciones o donaciones privadas” y aconseja al juez federal, Reinaldo Rodríguez, a “no aprobar los estados contables”.
Desde ese momento hasta hoy el PS no respondió a esa observación, por lo que el auditor repitió cada uno de los conceptos vertidos en ese primer informe en los posteriores.
La imposibilidad de determinar de dónde recibió ese monto de dinero el PS no fue la única irregularidad que advirtió la auditoría: también le cuestiona los aportes recibidos por “Terminal Puerto Rosario SA”, que en 2002 ganó la licitación del puerto. La ley 26.215 de financiamiento de los partidos políticos le prohíbe recibir «contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas».
También observa los aportes recibidos de la “Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de Rosario”, de la “Asociación Cooperativas Argentinas CL” y de la “Cámara de Estaciones de Servicio y Garage”, ya que la ley no permite “contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales”. El PS tampoco respondió estos cuestionamientos.
Años sin respuestas
Más allá del informe del auditor, en estos años tres fiscales federales desaconsejaron la aprobación del balance: Cintia Gómez, Marcelo Del Teglia y Walter Rodríguez. Ante estos incumplimientos el juez federal Reinaldo Rodríguez le aplicó al PS una multa del 18 por ciento sobre los fondos aportados por el Estado nacional (luego la suspensión cautelar sobre el total de los mismos) y la pérdida de los aportes extraordinarios que el Estado realiza para el financiamiento de los partidos políticos.
Para el juez, el balance del PS “no representa la situación económica real sobre la rendición de cuentas de la campaña electoral presidencial y legislativa correspondiente a las elecciones del 28 de octubre de 2007”.
Además, sostiene que el partido “se apartó de las disposiciones legales aplicables respecto a la rendición de cuentas de los fondos y al patrimonio administrado por esa agrupación, por lo cual las deficiencias del informe señaladas por la auditoría y no subsanadas por el interesado son de tal magnitud que impiden la aprobación del mismo”. Por eso “la agrupación política no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma mínimamente clara o al menos aceptable la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007”.
El antecedente Sobisch
El artículo 63 inciso “b” de la Ley 26.215 afirma que “el presidente y el tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña serán pasibles de inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años” cuando “no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos”. Esa inhabilitación afecta “sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios”. En este caso, Hermes Binner y Miguel Lifschitz.
En marzo de 2012, en una causa similiar, la jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, inhabilitó por dos años al ex gobernador de esa provincia, Jorge Sobisch, basando su sentencia en el artículo antes mencionado. Esa decisión luego fue revocada porque a Sobisch no se le garantizó la defensa en juicio y el debido proceso, por lo que se reinició la investigación con intervención del Ministerio Público. Aquí en Santa Fe, en cambio, el pasado 5 de agosto el juez federal Reinaldo Rodríguez le delegó la instrucción de la causa al fiscal federal, Walter Rodríguez.
