Cooperativas y movimientos sociales denuncian que “la agricultura familiar es discriminada” frente a las patronales del campo. Reclaman un lugar en la mesa donde se investiga, proyecta y elaboran políticas públicas para el sector.

Cuatro años de macrismo y uno de pandemia parecen haber colmado la paciencia de quienes esperan que sus derechos sean reconocidos y sienten que ha llegado el tiempo de hacer lugar a demandas largamente postergadas. Así lo hicieron saber diversas federaciones de cooperativas, de agricultores familiares, organizaciones campesinas y movimientos indígenas que salieron estas últimas semanas a reinstalar un reclamo histórico: integrar el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Se trata de espacios que en muchos casos son integrantes del Frente de Todos, otros más o menos cercanos al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y algunos no tanto, pero todos relacionados con la producción –nada más y nada menos– de alimentos, en un contexto de fuerte disputa con los sectores más concentrados de la industria, los formadores de precios. Proponen justamente un debate sobre el actual modelo que, entienden, el Inta reproduce desde hace años a instancias de las patronales agropecuarias y los grandes exportadores.

“Ponemos en discusión a los integrantes del Consejo Directivo del Inta, que son quienes le van dando curso a las políticas más importantes de la institución”, resumió Agustín Suárez, vocero de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), en diálogo con este medio

“Ahí están sentados prácticamente la Mesa de Enlace, con una orientación muy afín a los intereses de estos sectores concentrados”, señaló Suárez. Y explicó: “Lo que venimos reclamando con fuerza ahora, aunque es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo, es la apertura de ese Consejo a integrantes de otros sectores, cooperativos, campesinos, organizaciones como nosotros”.

Las organizaciones denuncian que, a pesar de experiencias positivas pero marginales dentro del Inta, la institución está colonizada por el histórico bloque económico que representa al modelo agroexportador. “Creemos que podemos aportar otra mirada, ideas nuevas, sumar las necesidades de nuestro sector, que se dedica a producir alimentos para el pueblo argentino, mientras el otro representa a los productores o a las empresas que exportan granos, justo en este marco en el que están en discusión los precios de los alimentos”, remarcó el vocero de la UTT.

Hay una ley, sancionada a finales del gobierno de Cristina, que respalda el reclamo: La 27.118 de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, también conocida como de Reparación Histórica, que entre otras cuestiones plantea que representantes del sector deben ser reconocidos como miembros plenos del organismo que conduce el Inta.

El Inta es un organismo público descentralizado, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Agricultura y Pesca, creado por el Estado Nacional para apuntalar el sector agroindustrial. “El máximo nivel de decisión del Inta es el Consejo Directivo, regido por un presidente y un vicepresidente designados por el Poder Ejecutivo Nacional”, explica el propio organismo en su web, en la que también puede chequearse quienes integran dicho Consejo.

“El Consejo Directivo integra un cuerpo colegiado con cinco representantes del sector público y cinco del sector privado. De esta manera se garantiza una activa participación del sector productivo en la fijación de las políticas y las estrategias globales de decisión institucional, como así el control social de su accionar”, añade la bío de la institución.

La presidenta actual es Susana Mirassou, el vicepresidente Tomás Schlichter –ambos designados por el Ejecutivo– y el resto de los integrantes del Consejo son Manuel Pedreira por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Liliana Monterroso por las Facultades de Ciencias Agrarias (Universidades Nacionales), Humberto Luis José Occhi por las facultades de Ciencias Veterinarias (Universidades Nacionales), Alejandro Conci por la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), Mario Nicolás Carlino por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), Sergio Melgarejo por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Pablo Paillole por la Federación Agraria Argentina (FAA) y Santos Zuberbhuler por la Sociedad Rural Argentina (SRA).

“La agricultura familiar y campesina representa el 65 por ciento de los establecimientos agropecuarios del país, ocupa el 13 por ciento de las tierras cultivadas, genera el 20 por ciento de la producción y el 54 por ciento del empleo rural, según datos brindados por el mismo Inta”, planteó un documento difundido esta semana por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) Somos Tierra. 

“Este sector es el principal productor de alimentos saludables para el mercado interno y sin dudas la salida del hambre y el camino a la Soberanía Alimentaria de nuestro país están enmarcados en el rol estratégico en el marco de políticas públicas acertadas”, continuó el texto.

La organizaciones apuntaron que “el hecho de que, de los diez lugares que conforman el Consejo del Inta, cinco los ocupen entidades que representan al mismo sector del campo”, las patronales agropecuarias, “parece un desacierto”. “La agricultura familiar no está representada y eso conforma una discriminación”, subrayaron en el documento. 

Por su parte, con una junta de firmas a través de plataformas digitales, la Federación de Organizaciones Nucleadas en la Agricultura Familiar (Fonaf), también reclamó un lugar en la mesa donde el Inta proyecta sus políticas. “Avasallando la Constitución, los Tratados Internacionales de DDHH, la ley de creación del INTA (que consagra la protección a la familia campesina y el derecho a la alimentación) y a la ley de la Agricultura Familiar, se discriminan a los pequeños productores”, remarcan desde la Fonaf. 

Para la federación, “la exclusión de la agricultura familiar es sumamente grave en tiempos de emergencia alimentaria, de pandemia y de inflación del precio de los alimentos”.

“La agricultura familiar es la única que vuelca su actividad sólo a la satisfacción de las necesidades del mercado interno, para abastecer de alimentos frescos a la mesa de los argentinos. Según la FAO, es la responsable del 80 por ciento de los alimentos que consumen diariamente las familias”, concluye la convocatoria.

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