Por Demetrio Iramain. A no confundir: lo que falló la Corte Suprema de Justicia de la Nación no es feliz para los derechos de agremiación y participación sindical de la clase obrera. Claramente, favorece a la burguesía y contraría el interés de los trabajadores.
Lo que dictaminó el máximo tribunal del país, so pretexto de la libertad de acción gremial y en supuesta censura al monopolio de la representación, se inscribe en la peor tradición liberal, siempre censuradora de los movimientos populares que sumaron a la vida política nacional a grandes segmentos de la población, históricamente despojadas de participación, y sin derechos sociales, civiles ni políticos.

¿Sirve de algo aquí y ahora hablar de peronismo o antiperonismo? ¿Posicionarse a favor o en contra según categorías ya en desuso? Es falaz poner en discusión el modelo peronista de sindicalismo, o el chileno, o el europeo, sin entender cuál de todos es el más favorable para el desenvolvimiento de la clase obrera, en el hoy y aquí de su historia como sujeto social. Lo importante es advertir el interés de cuál clase se defiende tras la toma de partido.

No es correcto interpretar que la Corte haya dictado un fallo progresista, respetuoso de las libertades individuales y favorable a la acción gremial. En vez de democratizar al sindicalismo, como pretende hacer creer, el fallo fragmenta aún más la fuerza de los trabajadores y busca debilitar a sus organizaciones gremiales, atomizándolas. No "libera" sino que "desregula".

No es democracia ni libertad sindical que, como procura la Corte, cualquiera pueda ser delegado en cualquier circunstancia; que cualquiera pueda convocar a una asamblea gremial; que cualquier asamblea gremial, sin estatuto ni reglamentación que la regule, pueda resolver cualquier medida.

A las experiencias sindicales más democráticas, horizontales y con gran legitimidad en la representación, les resultará ahora muy difícil evitar que, con argumentos democratizantes y liberales, surjan nuevos “delegados” a imagen y semejanza de los
patrones. A los gerentes de Metrovías ya no les será necesario inaugurar una nueva línea de subterráneos para inviabilizar al Cuerpo de Delegados, ni pactar con la conducción
nacional de la UTA; les bastará con conseguir unas pocas decenas de empleados que
confabulen con la gerencia de dirección y “armen” una Comisión Interna paralela, sin poder legítimo, pero en pie de igualdad legal.

Lo mismo para Macri: el multi empresario devenido en Jefe de Gobierno porteño, ya no
tendrá que inventar un gremio de fantasía, como es la Unión de Trabajadores Legislativos (UTL), para que dispute, deslegitime y desnaturalice la representación de los gremios mayoritarios (Sutecba, ATE y UPCN), sino, simplemente, ascender a una treintena de los empleados más dóciles, a cambio de que acepten ser los nuevos delegados PRO de cualquiera de las organizaciones preexistentes.

Es falso que un delegado honesto y combativo desestime la cobertura que el gremio pueda darle. Es mentira que no se afilia. No existe tal caso. La experiencia concreta demuestra que el mérito de aquellas formas de acción gremial, sostenidas en la discusión horizontal y el asambleísmo, consiste en que han logrado el reconocimiento formal de las cúpulas sindicales, siendo que a través de su acción político-sindical las ponen en discusión. ¡¡¡El último conflicto de los trabajadores del subte fue porque la dirección nacional del gremio pretendía desafiliarlos y echarlos, con el consecuente desafuero gremial, mientras los delegados de base querían, con toda razón, justamente lo contrario a lo que la Corte resuelve ahora: reivindicar su derecho a ser parte de las estructuras orgánicas de la UTA!!! ¡Que se les garantice su afiliación!

El mismo Agustín Tosco, en aquel debate televisivo con Rucci, así defendía tozudamente la libertad sindical y la democracia obrera, pero sin menospreciar su alineamiento con la CGT: “La CGT de Córdoba está dentro de la CGT nacional. No pretendemos ni como CGT de Córdoba, ni como Movimiento Nacional Intersindical, ni como Sindicato de Luz y Fuerza, constituir un ente paralelo a la CGT”.

La Corte no ha hecho más que mostrar un nuevo alineamiento del Poder Judicial, que
no es otro que seguir obedeciendo los dictados de los grupos más concentrados de la
economía, enemigos declarados del gobierno nacional. En el actual proceso de
transformaciones sociales y económicas que atraviesa el país, sintonizando lo mejor
de la realidad continental, la Corte falla en perfecta disonancia con el actual momento, atentando contra las organizaciones sindicales que cumplen un rol decisivo en el sostenimiento del proyecto oficial nacional y popular. A pesar de sus errores y contradicciones, las organizaciones sindicales de trabajadores constituyen la única fuerza social organizada con que cuenta el Gobierno en su proyecto emancipador. Gobierno y CGT son aliados estratégicos.

¿Acaso es ésta la década del setenta, cuando las bases obreras desbordaban a sus
dirigentes? ¿Existe en el país una ola de tomas de fábricas, de creciente combatividad de la clase trabajadora? ¿Es el momento más punzante de la crisis de representación que distinguió al año 2001? ¿Asistimos a luchas obreras fabulosas, por su magnitud y radicalidad, como la que protagonizaron las seccionales rebeldes del gremio de los maquinistas ante el plan privatizador de los ferrocarriles, cuando Menem les respondió “ramal que para, ramal que cierra”?

En aquellas circunstancias el fallo podría ser revolucionario, edificante, progresivo, pero no ahora. La resolución del Tribunal llega treinta y cinco años tarde y en el momento más inoportuno para los trabajadores organizados. Ante una crisis del capitalismo financiero a escala mundial, que amenaza con frenar el ciclo de expansión económica que caracterizó a la Argentina durante los últimos cinco años, ¿cuál es el sentido de maniatar a las organizaciones obreras desregulándolas?

¿No se está estimulando un período de conflictividad al interior de los gremios, de
crisis internas, de disputas intestinas, en vez de preparar al movimiento obrero
organizado para combatir contra la clase social que lo explota y espera ansiosa
que, ahora sí, los poderosos sindicatos se debiliten? ¿Con qué delegados preferirán
las patronales sentarse a discutir?

No es casual que en los días en que el país está a punto de dar un paso fundamental en el restablecimiento de sus derechos sociales, como es el fin del robo que significó la jubilación privada, la Corte dicte una resolución fundada en los conceptos más atrasados de la década del noventa: si termina la historia, si se acaba la clase obrera, si no hay más trabajo, si el trabajo humano ya no genera valor, si el único valor del capitalismo es el dinero, ¿para qué sirven los gremios? ¿Para qué sirven los trabajadores? Modernicemos el mundo sindical, entonces. Bienvenidos a los gremios del siglo XXI, sin estatutos y con fuerza política borrosa. ¡Basta de política en las asambleas de trabajadores; luchemos por jabón líquido en los baños!

¿No sería más productivo para el presente y el futuro del país, que la Corte invierta su verba legal en dilucidar el carácter presuntamente democrático de las organizaciones llamadas “del campo” y no encuentre el pelo del gato justo en la leche del bebé?
El fallo del tribunal más alto del país es el fruto tardío del neoliberalismo argentino, el último manotón de ahogado de la patria financiera, pero exige de nuestro pueblo una severa reflexión y toma de conciencia.

No debemos leer el dictámen ante las urgencias de los conflictos más próximos, o sólo atendiendo necesidades coyunturales. Se le está permitiendo a la Corte Suprema, que es la cabeza del Poder del Estado más retrogrado y menos democrático de la institucionalidad republicana, dictar la agenda política. Y peor: se le está limitando a la clase obrera su potencialidad como sujeto histórico y social. La patricia elite que hegemoniza los tribunales nacionales, pretende ponerle un corsé a los derechos gremiales de los trabajadores, con la excusa de liberarla de sus cerrojos.

Vaya paradoja la argentina: los jueces que nadie nunca votó, máximos responsables de
un Poder público que jamás revisó su complicidad con la dictadura militar y la década del genocidio económico, alecciona ahora a los obreros, cuyas organizaciones y estatutos sobrevivieron a la masacre que soportó la clase trabajadora (física en los años 70, social en los 90), sobre cómo tienen que practicar sus derechos civiles y políticos.

Demetrio Iramain es Delegado de los empleados del Cuerpo de Calígrafos Oficiales
Comisión Interna de la Corte Suprema – UEJN – Judiciales.

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