La Justicia prorrogó las prisiones preventivas de represores procesados por delitos en la Esma. La Cámara en lo Criminal Federal desestimó el pedido realizado por las defensas de trece oficiales y suboficiales de la Marina procesados por violaciones a los derechos humanos cometidos en ese centro clandestino de detención. Todos están imputados por torturas y secuestros, en algunos casos seguidos de muerte.
La Cámara en lo Criminal Federal de esta Capital prorrogó por un año las prisiones preventivas de trece oficiales y suboficiales de la Marina, procesados por violaciones a los derechos humanos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) durante la dictadura militar.
La medida dictada por la Sala II alcanzó a Antonio Vañek, Julio Antonio Torti, Roberto Pérez Froio, Alberto Eduardo González, Carlos Orlando Generoso, Rogelio Martínez Pizarro, Néstor Omar Lanzón, Jorge Luis Magnacco, Eugenio Bautista Vilardo, Hugo Enrique Damario, Julio César Coronel, Carlos Jaime Fraguio y Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo).
En todos los casos se les imputan delitos tales como aplicación de tormentos, privaciones ilegales de la libertad por centenares de hechos, en algunos casos seguidos de muerte.
Las defensas habían pedido el cese de las prisiones preventivas con fundamento en la ley 24.390 y el plenario (general Ramón) "Díaz Bessone" de la Cámara Nacional de Casación Penal.
La ley 24.390 establece que el plazo máximo de la prisión preventiva es de dos años, prorrogable excepcionalmente por uno más, mientras que en el plenario Díaz Bessone el máximo tribunal penal de la Nación sostuvo que la detención sin sentencia firme sólo se justifica si existe riesgo concreto de que el procesado, en libertad, eludirá la acción de la justicia o entorpecerá el avance de la investigación.
La Sala II de la Cámara Federal sostuvo que la ley 24.390 no es de aplicación automática y, para apartarse de la doctrina del caso Díaz Bessone evaluó la "gravedad" de los hechos que se les atribuyen a los procesados.
Estas resoluciones que prorrogan las prisiones preventivas fueron firmadas por los camaristas Martín Irurzún y Eduardo Farah.
El 18 de diciembre pasado, la Sala II de la Cámara de Casación Penal, basándose en la ley 24.390, había ordenado la libertad de una veintena de represores, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta. Finalmente, y ante la apelación del fiscal Raíl Plee, dos días después la Cámara suspendió la libertad a los represores.
Hasta ese momento, todos los pedidos de las defensas de los represores eran desestimados, puesto que se les endilgaba en su contra nuevas imputaciones y se les ampliaba el procesamiento conjuntamente con las prisiones preventivas.
La megacausa que investiga delitos de lesa humanidad en la ex Esma fue reabierta en agosto de 2003 luego de la anulacián del Parlamento de las leyes de Obediencia Debiuda y Punto Final.
En la Esma funcionó la mayor cárcel ilegal de la dictadura que gobernó al país entre 1976 ya 1983 y se calcula que por allí pasaron unas 5000 personas que en su mayoría integran la nómina de desaparecidos.
