El gobierno de la provincia llevó a cabo un relevamiento territorial y fiscal de las empresas portuarias del cordón industrial del Gran Rosario, a través del cual se detectaron 784.398 metros cuadrados de edificaciones que no se encuentran incorporadas a la base catastral de la provincia. Esto representa un incremento de valuaciones de 118.332.820 pesos y equivale a un ingreso para el Estado de 800 mil pesos por año en concepto de impuesto inmobiliario.
En algunos casos, también se advirtieron inconsistencias entre las actividades declaradas por las empresas y las instalaciones relevadas, informaron desde la Casa Gris.
El operativo realizado por la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía, permitió actualizar la información –y en consecuencia, los controles fiscales–, sobre las empresas titulares de puertos ubicados en el área ribereña del río Paraná, desde la localidad de Timbúes al norte hasta Villa Constitución al sur, tarea que no se hacía desde hace más de una década (prácticamente desde la ley de Puertos de 1992).
A partir de los resultados del operativo, el gobierno profundizará la investigación y abrirá un conjunto de controles integrales que permitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a la provincia por parte de empresas en concepto de operaciones comerciales, servicios portuarios y actividades conexas, informaron fuentes oficiales. El volumen de operaciones declarado representa el 38 por ciento de las exportaciones argentinas.
Para los trabajos de control se contó con fotografías aéreas de alta definición, que permitieron la detección y medición de detalle con un alto grado de precisión. El relevamiento aerofotográfico fue realizado por equipos y operadores del Instituto Geográfico Militar y de la Fuerza Aérea Argentina.
Asimismo, se trabajó con todos los legajos fiscales de las empresas y toda la información documentada en la base de datos fiscal y territorial de la provincia, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral.
El relevamiento territorial de las empresas portuarias también arrojó datos sobre la capacidad de acopio y operatividad respecto de sus muelles, movimientos de trenes de carga, barcazas y camiones, como así también una primera aproximación de sus intervenciones en la comercialización e industrialización del cereal.