Las empresas extranjeras que demandaron a la Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) cuentan en su mayoría con abogados que son directivos o miembros del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, Fores, dos entidades que participaron en forma activa en el sostén de la dictadura militar.
Tales empresas extranjeras tienen patrocinadores legales vinculados a la última dictadura militar, según informó este domingo el diario Página 12. Esos abogados directivos han recibido financiamiento para investigaciones académicas de la Fundación Creer y Crecer, el equipo intelectual que desde principios de siglo preparó el desembarco político de Mauricio Macri y Francisco de Narváez.
El artículo indicó que Rodolfo Barra representa ante el CIADI a dos grupos de bonistas italianos que reclaman 21 millones de euros y medio millón de dólares, pero su paso por la Corte Suprema de Justicia lo inhibe moralmente de litigar contra el Estado Nacional, como le recordaron a Gustavo Bossert cuando firmó un dictamen técnico, que Telefónica usó contra la Argentina en el Ciadi.
También figuran en la lista los ex socios Emilio Cárdenas y Juan Carlos Cassagne, quienes pidieron 600 millones de dólares para el Bank of Nova Scotia. Cassagne colaboró con Barra y con Roberto Dromi en el diseño de las privatizaciones de los ’90.
El Fores es una institución de lobby creada en octubre de 1976, según sus propias declaraciones para enfrentar "la campaña antiargentina", en sintonía con "el espíritu que guía al Proceso de Reorganización Nacional".
Y el ex director académico del Fores e investigador senior de la Asociación Civil Unidos por la Justicia, Germán Garavano, es el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesto por el bloque macrista.
Unidos por la Justicia fue fundada en 2003 por De Narváez, como parte de su desembarco político. En tanto el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo tiene como socio a Eduardo Aguirre Obarrio, ministro de Defensa del presidente de facto Alejandro Lanusse en 1972, detenido y luego liberado por la masacre de Trelew y fue presentado como perito por TSA Spectrum en la causa en la que reclamó 509 millones de dólares en el Ciadi.
En tanto Jaime Smart, ex ministro de gobierno bonaerense durante la última dictadura y miembro fundador de Fores, espera el juicio en el penal de Marcos Paz por el secuestro y las torturas padecidas por el periodista Jacobo Timerman.
Sus hijos Héctor y Javier también acusaron al último ex presidente del Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y abogado del diario La Nación, Roberto Durrieu, quien era entonces fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires, sobre cuya actuación prosiguen las investigaciones.
En febrero de 2003, como presidente del Colegio, Durrieu exigió al gobierno mano dura con los cortes de rutas de "autodenominados grupos piqueteros" y le recordó que en una democracia representativa "toda reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticionen en nombre de éste comete delito de sedición".
En 2004, Durrieu fue uno de los asesores legales del ex ingeniero Juan Blumberg, quien organizó varias marchas en reclamo del aumento de penas y el ablandamiento de garantías procesales.
Por último el artículo remarcó que mientras Alfredo De Angeli acompañaba frente al Congreso a un grupo de ejecutivos de las AFJP que despotricaban contra "los montoneros del gobierno que quieren abolir la propiedad privada" (sic), Patricia Bullrich era recibida en el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo como la hija pródiga".
(Fuente: Télam).
