La Cámara de Carroceros de Ómnibus de Larga Distancia (Caladi), que agrupa a empresas de Rosario y la región, advirtió que en el sector hay suspensiones y reducciones salariales debido a la paralización de la producción de carrocerías, situación que afecta de manera directa a 800 trabajadores y a unos dos mil indirectamente. El conflicto se generó a partir de que los chasis de cuatro ejes que la Secretaría de Transporte exige desde marzo para la fabricación de colectivos de dos pisos, a fin de que sean más seguros, todavía no se producen en Brasil, desde donde Argentina importa los actuales chasis de tres ejes de los ómnibus de larga distancia.
Los empresarios carroceros llevaron este miércoles su preocupación al Ministerio de Trabajo de la provincia frente a la posibilidad de que el escenario se complique y se vean “obligados a despedir” personal. El problema laboral remite a una resolución firmada por la Secretaría de Transporte de la Nación, que exige que los futuros chasis de colectivos de dos pisos tengan cuatro ejes en lugar de tres, a fin de que sean más seguros. Pero según informaron desde la Caladi, esta materia prima “no existe” –por lo menos por ahora–, ya que las empresas fabricantes radicadas en Brasil aún no comenzaron con el proceso productivo de los chasis de cuatro ejes. En efecto, la cámara pide una prórroga de la mencionada resolución para continuar con la fabricación de carrocerías sobre chasis de tres ejes.
El 50 por ciento de las carrocerías de colectivos del país se fabrican en las ocho carroceras asentadas en Rosario y su zona de influencia. El resto se importa desde Brasil, donde las terminales automotrices Mercedes Benz, Scania y Volvo también son las encargadas de fabricar los chasis sobre los que se montan las carrocerías. Desde la Caladi proponen que para reactivar la producción en las diferentes plantas, “hoy paralizadas”, la Secretaría de Transporte que comanda Ricardo Jaime prorrogue la resolución y habilite a las empresas a fabricar las carrocerías para unos 150 chasis de tres ejes, que –según la Caladi– después de ensayos de vuelco fueron aprobados por la Comisión Nacional del Transporte.
“Están en riesgo 800 fuentes laborales directas y más de dos mil de forma indirecta. Hay suspensiones y salarios reducidos. No puede ser que por una resolución de la Secretaría de Transporte que plantea un período de transición hasta tanto comience la fabricación de los chasis de cuatro ejes se ponga en riesgo tantos puestos de trabajo”, consideró la viceministra de Trabajo provincial, Alicia Ciciliani, quien ayer escuchó las quejas de la cámara del sector.
La funcionaria de la administración Binner indicó que ya se han contactado con el secretario general de la UOM, Antonio Caló, también con los ministros de Trabajo, Carlos Tomada, y de la Producción, Débora Giorgi, para ponerlos al tanto de la situación que atraviesan las fábricas de carrocerías para ómnibus. “Al final el costo siempre lo pagan los trabajadores y esto no puede ser”, dijo Ciciliani, al tiempo que informó que el miércoles de la semana que viene se realizará una nueva audiencia con referentes de la Caladi en la sede local del Ministerio de Trabajo.
Raúl D’alesandro, vicepresidente de la cámara que nuclea a las empresas carroceras, dijo que la solución al conflicto “para que no haya despidos masivos” sería, como se dijo más arriba, una modificación de la resolución de la Secretaría de Transporte que rige desde marzo pasado. “Todas las empresas tienen paralizada la producción porque no llegan los chasis de Brasil, chasis que por otra parte todavía no son fabricados, es decir que no contamos con la principal materia prima para realizar nuestro trabajo”, indicó el empresario.
D’alesandro propuso que la cartera de Transporte de la Nación habilite los chasis de tres ejes que ya están en el país para volver a producir carrocerías. “Estos chasis pasaron por el ensayo de vuelco y fueron aprobados por la Comisión Nacional del Transporte. Es decir que son más seguros que los cinco mil coches de dos pisos que hoy circulan en el país”, planteó.
El vicepresidente de la Caladi insistió con que “si la solución no llega pronto, la situación se agravará y habrá inevitablemente despidos”. “Son 800 los puestos de empleo en riesgo, pero hay otros dos mil trabajadores afectados. Son los proveedores que nos dan los asientos, los plásticos y todo lo que lleva un colectivo”, comentó D’alesandro.
