El juez federal Daniel Rafecas elevó a juicio oral la causa contra el represor Juan Antonio Azic por la sustracción de una niña nacida en cautiverio en la Escuela Superior de la Armada (ESMA), en 1977, y que resultó ser la actual diputada nacional Victoria Donda Pérez. Fuentes judiciales confirmaron que el magistrado imputó a Azic por la “sustracción y supresión de identidad” de la pequeña hija de Laureano Donda y de María Hilda Pérez, ambos desaparecidos durante la última dictadura militar.
En la causa se demostró que la niña “fue inscripta en septiembre de 1977 en forma fraudulenta” bajo el nombre de Claudia Analía Azic como hija propia de un represor integrante de uno de los ‘Grupos de Tareas’ que operaban en el centro clandestino de detención que funcionaba en la Esma. “Constatado mediante pruebas científicas irrefutables la filiación de Victoria con sus padres biológicos en su momento se ordenó la detención y el procesamiento del apropiador, a quien el Juez le dictó oportunamente la prisión preventiva por ocultamiento de menor y falsificación de documentos públicos”, explicaron las fuentes.
Los informantes ponderaron la “activa intervención en el caso de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo”, que actúa como querellante en la causa, que ya lleva más de 2.000 fojas de tramitación; y en la que Azic tiene procesamiento confirmado por la Cámara Federal y a quien el Tribunal Oral en lo Federal Uno (TOF1) deberá someter a juicio oral y público. Azic, ex suboficial de inteligencia de la Prefectura Naval, es un ex integrante del “GT 3.3.2” de la Esma, y permanece detenido acusado de crímenes de lesa humanidad a disposición del Servicio Penitenciario Federal.
Las fuentes confirmaron que Rafecas también investiga si el teniente de navío Adolfo Donda –hermano del padre desaparecido y tío de la niña apropiada–, tuvo alguna vinculación o participación en dicha apropiación.
Adolfo Donda también está procesado y detenido por delitos de lesa humanidad cometidos en la causa Esma lleva adelante el juez federal Sergio Torres y en la que aparecen imputados los destituidos ex capitanes de la Armada Alfredo Astiz y Jorge “el tigre” Acosta junto a otra treintena de represores. Tanto la causa que lleva adelante Rafecas por los hechos ocurridos en el Primer Cuerpo del Ejército y la que tramita Torres por los delitos cometidos en la Esma fueron reabiertas tras la derogación y declaración de “nulidad insalvable” de las leyes de obediencia debida y punto final.
(Fuente: Télam.)
