La diputada provincial por el partido Solidaridad e Igualdad (SI), Alicia Gutiérrez, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley por el cual propone se otorgue una pensión mensual no contributiva, con carácter vitalicio, equivalente a la suma de dos haberes mínimos de la jubilación ordinaria vigente en la Provincia de Santa Fe, a los familiares de las víctimas, con motivo de los trágicos sucesos ocurridos del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde resultaran fallecidos Yanina García; Walter Campos, Ricardo Villalba, Juan Delgado, Rubén Pereyra, Graciela Acosta y Claudio “Pocho” Lepratti.
Los beneficiarios de dicha pensión serán los hijos menores de las víctimas, los cónyuges o convivientes, los progenitores o hermanos menores, según correspondiere, como establece en su artículos 2 el proyecto mencionado, otorgándoseles además cobertura médica integral de IAPOS, y designando a la Caja de Pensiones Sociales –Ley 5110– como la entidad que recepciona, tramita y otorga el beneficio.
La diputada Alicia Gutiérrez afirmó que “el proyecto persigue reparar económicamente parte del daño provocado por la responsabilidad por actos ilícitos del Estado Provincial”.
El 19 y 20 de diciembre de 2001 se produjo en el país el más trágico capítulo de represión estatal, violencia y muerte desde la restauración democrática en 1983. Treinta y cinco fueron los ciudadanos asesinados de los cuales siete fueron comprobados en territorio santafesino.
La provincia de Santa Fe, en ese entonces bajo la jefatura del actual senador Carlos Reutemann, fue poseedora del triste récord de la mayor cantidad de asesinatos y heridos de gravedad de todo el país, la mayoría de ellos en Rosario.
La Legisladora del SI recordó que “los asesinatos en los acontecimientos del 2001, constituyen la última ratio de un modelo de dominación y exclusión económico y político gestado desde la década del 70, cuyo ethos está dado por el disciplinamiento, la exclusión y la violencia institucionalizada. En nuestra provincia, casos emblemáticos de esta "privatización” patrimonial del aparato estatal son el Ministerio de Hacienda (luego Hacienda y Obra Pública), que no por casualidad, llevó adelante como abanderado las políticas neoliberales en la Provincia, y el Ministerio de Seguridad, a cargo del Tte. Coronel Riegue, acusado de crímenes de lesa humanidad (responsable de 40 casos de desaparición forzada de personas por su paso por la jefatura de la URII-Rosario de la policía Provincial)”.
Ante la falta de respuesta por parte de los poderes del Estado, en su momento se constituyó la Comisión Investigadora No Gubernamental sobre los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, conformada por familiares de las víctimas, integrantes de organismos de derechos humanos, abogados y legisladores nacionales y provinciales, que se abocaron a la tarea de investigar los hechos y recabar pruebas. Las conclusiones de dichas investigaciones son concluyentes en cuanto a las características de la represión policial y las responsabilidades políticas e institucionales, tornándose muy evidente la falencia de la investigación judicial.
Pasados más de siete años de este acontecimiento, las causas judiciales que investigan estos hechos no han dado respuesta de la responsabilidad personal de los ejecutores de tan feroces órdenes.
La Diputada Gutiérrez concluyó en su presentación del proyecto que “en los asesinatos impunes de diciembre del 2001 queda marcada la huella más dolorosa de una época de exclusión social y vaciamiento político. En la actualidad, los resabios de esta década perviven bajo diversas modalidades, de las cuales, quizás la más dolorosa, sea la impunidad”.
