Los trabajadores de la fábrica de cosechadoras Bernardín de la localidad santafesina de San Vicente ya no saben qué hacer para cobrar los cuatro meses de salarios que les deben y las indemnizaciones por despidos que les correspondería a buena parte del casi centenar de afectados. “Tiramos bombas de estruendo por todos lados pero no aparece nadie”, cuenta Julio Fasseta, uno de los obreros del establecimiento. Se refiere al ruidoso recorrido por el pueblo que los empleados de la firma Agroindustrial San Vicente, que hace unos días entró en concurso de acreedores, realizan en busca de respuestas del propietario de la empresa, Aníbal Cúneo, de quien no tienen noticias desde hace varios días. Una de las alternativas que barajan los obreros es reactivar el establecimiento, paralizado hace ya unos dos meses, a través de una cooperativa de trabajo. Pero el objetivo más inmediato que persiguen es cobrar aunque sea parte de lo que les deben.
Los trabajadores no logran dar con Cúneo pese a que, según cuenta Fasseta, el dueño del establecimiento tiene una activa vida económica y social en la localidad del departamento Castellanos, en la que se instaló hace varios años tras llegar de Buenos Aires. Además de propietario de la planta de cosechadoras, el hombre es uno de los socios de Over Veterinaria, una fábrica de productos para la cura de animales; y además participa de algunas instituciones de la comunidad como el Rotary Club, que preside en San Vicente.
Pero los obreros de Bernardín conocen una faceta de Cúneo que no es precisamente la del altruismo o la del cumplimiento de sus obligaciones sociales. Fasseta relata a redaccionrosario.com que el personal de la fábrica fue aceptando propuestas que implicaban reducción de ingresos salariales cuando desde la patronal se invocaron problemas económicos por la crisis del sector agroindustrial, marcada por el llamado conflicto del campo.
Así, por ejemplo, los trabajadores, que son afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica de Rafaela, comenzaron a principios de año a cumplir media jornada laboral con el consiguiente achique de sueldos. Pero a partir de abril el achique fue total porque ya no cobraron un peso de los salarios. Y tampoco percibieron el aguinaldo de mitad del año Después, el conflicto que se generó ante tal situación, que incluyó la toma de la fábrica, derivó en más de 70 despidos. Y el combo incluyó entonces una propuesta de pago de sólo el 50 por ciento del total de las indemnizaciones.
Un período de conciliación obligatoria dispuesto por el Ministerio de Trabajo de la provincia transcurrió sin que se llegue a un acuerdo entre las partes. Hubo una nueva toma de la fábrica con un posterior desalojo empujado por un importante despliegue policial. Y ahora los obreros permanecen en el acceso a la planta, con un campamento de protesta, a la espera de novedades de sus sueldos y sus indemnizaciones.
Frente a este panorama, la posibilidad de iniciar una nueva experiencia de autogestión comenzó a barajarse en San Vicente. El primer aliento en ese sentido llegó desde la vecina Cañada Rosquín, donde la cooperativa La Jabonera reactivó la planta de Sagyd; y a partir de contactos con abogados de la regional Santa Fe de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta), los trabajadores de Bernardín ya avanzaron en la conformación de una cooperativa y asisten expectantes a la evolución del concurso de acreedores de la empresa decretado la semana pasada.
De todos modos, Fasseta remarca que el anhelo inmediato es revertir al menos parcialmente la situación de atraso salarial porque la situación económica de los obreros es desesperante. “Estamos sobreviviendo con los 600 pesos del Repro”, indica, en referencia al programa del Ministerio de Trabajo de la Nación que prevé un subsidio mensual por ese monto a empleados de firmas en crisis.
