El ministro de Defensa del país trasandino, Francisco Vidal, confirmó que al menos 13 ex agentes de la policía secreta de Pinochet aún cobran sueldos del estado por trabajar en el Ejército.

La solicitud del ministro ocurrió en respuesta a los pedidos de explicaciones que hicieron organismos defensores de los derechos humanos y la Cámara de Diputados, a raíz de informes de la prensa, que denunciaron que los ex agentes recibieron entre 2008 y 2009 pagos regulares a honorarios por miles de dólares.

"Hay 13 que trabajan en el Ejército, seis contratados y el resto a honorarios. Había uno adicional, un coronel en retiro que trabajaba en Iquique (Pedro Teyssedre), pero fue condenado en primera instancia y por eso no está prestando servicio", precisó Vidal, según reportaron las agencias de noticias DPA y Prensa Latina.

El funcionario agregó que el gobierno aún no recibe los reportes que pidió a Carabineros y a la Policía de Investigaciones sobre la presencia de ex represores en sus filas.

Vidal pidió analizar la situación "en frío" y reiteró que son personas que no están condenadas por lo que desestimó con ironía las críticas sobre el tema al cuestionar si "hay que fusilarlos en la plaza pública".

El ministro informó que, cuando tenga todos los informes, a más tardar esta tarde, "se adoptará una decisión".

La vocera de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Mireya García, manifestó no estar sorprendida por "la protección que el Ejército da a los violadores de derechos humanos", y consideró "poco creíble" que el gobierno no supiera de la situación.

Por el contrario, el presidente de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, calificó las denuncias de "montaje mediático" y sostuvo que es una práctica común que personas que hayan cumplido funciones en las Fuerzas Armadas sean recontratadas.

El escándalo sobre la contratación de ex agentes de la dictadura fue revelado por el diario La Nación, en tanto, una investigación de DPA, sostiene que la práctica ocurrió también en la Dirección General de Aeronáutica Civil, (DGAC).

Un informe hecho por abogados del gobierno indica que 711 ex agentes fueron llevados a la Justicia, aunque sólo 51 cumplen condenas de cárcel.

(Fuente: Télam)

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