Tras un maratónico plenario de las comisiones de Presupuesto, Libertad de Expresión y Comunicaciones, la Cámara de Diputados de la Nación emitió el dictamen de mayoría y este miércoles el proyecto de ley de servicios audiovisuales se tratará en una sesión especial. Sin la presencia de los legisladores de la UCR y del PRO, que se retiraron del plenario en desacuerdo con los procedimientos acordados por el resto de los bloques y anunciaron que no darán quórum, se aprobó entre otras modificaciones ampliar a siete el número de integrantes de la autoridad de aplicación, que contará con dos representantes del Poder Ejecutivo.
El oficialismo de la Cámara baja consiguió este martes, cerca de la medianoche, las firmas necesarias para emitir dictamen de mayoría en la propuesta del Ejecutivo que busca reemplazar la vetusta ley de radiodifusión de la dictadura, que este miércoles será considerada por el plenario de Diputados en una sesión especial convocada para las 10.
El Frente para la Victoria consiguió mayoría de firmas entre los integrantes de las tres comisiones que formaron el plenario que estudió el, en tanto que la oposición se dividió entre tres y cuatro dictámenes de minoría.
El plenario se inició poco después de las 14.30, con la lectura de las modificaciones impulsadas por el oficialismo, que se extendió por mas de tres horas, tras lo cual se decidió pasar a un cuarto intermedio de una hora y media para que los legisladores tengan tiempo de analizar los cambios.
Retomado el debate pasadas las 19, los diputados de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y de Libertad de Expresión expusieron sus posturas en torno a las modificaciones.
La mayoría de los cambios realizados al proyecto original fueron consensuados con los bloques de Encuentro Popular y Social, Solidaridad e Igualdad, el Partido de la Concertación y el socialismo.
La principal modificación a la norma anunciada ayer por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es la eliminación de la participación de las empresas de telefonía nacional en la explotación de señales televisivas, con la salvedad de las cooperativas telefónicas del interior del país.
La empresa Telefónica sentó su posición en un comunicado en el que señaló que "la decisión de excluir a las empresas de telecomunicaciones de brindar servicios convergentes va a contramano de lo que sucede en países como Estados Unidos, Alemania, Brasil, Chile, entre otros" y agregó que "sin duda se abre una brecha entre la Argentina y su futuro".
Al debate, que se realizó en el segundo piso del anexo de la cámara baja, asistió como invitado el titular del Comité Federal de radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto.
Otro de los cambios está vinculado con la conformación de la Autoridad de Aplicación que pasará de 5 (como establecía la redacción original) a 7 miembros: 2 por el Poder Ejecutivo, 3 propuestos por la comisión bicameral de seguimiento de la comunicación audiovisual (uno por la primera minoría, otro por la segunda y el último por la tercera minoría) y 2 por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Asimismo, la Autoridad de Aplicación, cuyos miembros tendrán una duración en el cargo de 4 años -que deberán ser renovados dos años antes de la finalización del mandato presidencial- será un organismo autárquico y descentralizado, en el ámbito del Poder Ejecutivo y no en el de la Secretaría de Medios de la jefatura de Gabinete de Ministros.
La remoción de los miembros de la autoridad de Aplicación, asimismo, deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual.
Por otro lado, se acordó que, en lugar del 20 por ciento de producción local independiente sea del 30 por ciento, cuando se trate de estaciones localizadas en ciudades con más de un millón quinientos mil habitantes.
En tanto, cuando se encuentren en poblaciones de más de 600 mil habitantes deberán emitir un mínimo del 15 por ciento de producción local independientes y un mínimo de 10 por ciento en otras localizaciones.
A través del proyecto se crea además, una comisión bicameral de control de la autoridad de aplicación, un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual y la figura del Defensor Público de consumidores de servicios audiovisuales.
En el reinicio del debate las diferentes bancadas comenzaron a exponer sus puntos de vista sobre el proyecto modificado que esta misma noche sería convertido en dictamen por el oficialismo y sus aliados.
La diputada peronista, Graciela Camaño, firmará un dictamen propio que será acompañado por el PJ disidente y que contempla algunas diferencias en lo referido a la autoridad de aplicación y en el tiempo para que los actuales licenciatarios se desprendan de algunos medios de acuerdo al orden establecido por la nueva normativa.
Desde la Coalición Cívica, el bonaerense Juan Carlos Morán, destacó el hecho de que "se hayan excluido a las empresas telefónicas de la posibilidad de ingresar al mercado audiovisual". Aunque justificó la firma de un dictamen diferenciado al del oficialismo "porque hay cosas que no quedan claras, como por ejemplo el tema de las mayorías parlamentarias para integrar el organismo de aplicación de la ley".
Por el lado de la UCR, la titular de la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Giudici, aseguró que su bancada firmará "un dictamen que reúna los consensos por los cuales el radicalismo trabaja desde 1983, porque coincidimos en que a esta ley hay que cambiarla, pero por un texto por el cual todos sepan a qué atenerse".
La diputada Cecilia Merchán, de Encuentro Popular y Social, justificó el apoyo de los cinco integrantes del bloque al señalar que "el tema hace 26 años que se está debatiendo y fue analizado en foros encabezados por la Coalición por una Radiodifusión Democrática, que curiosamente nunca ocuparon ni dos renglones en los principales diarios del país".
(Fuente: Télam / Página 12)
