Diputados provinciales del PJ y el PPS presentaron un pedido de informes para saber si el gobierno de Binner le redujo una deuda de 69 millones de dólares a 10 millones de pesos al Complejo City Center, nombre de fantasía del casino de Rosario.
Se trata de una multa por demoras en la finalización de la obra, que se postergó por más de un año de la fecha establecida, y que de acuerdo al pliego de bases y condiciones de la licitación de la sala de juego, era del 0,07 por ciento diaria en relación al monto de inversión. La sustancial rebaja estaría vinculada al atraso oficial en reubicar a las familias que estaban asentadas en el terreno donde se levantó el casino, en el extremo sur de la ciudad.
“La provincia le está pagando con bonos a la policía y le estamos regalando a la empresa del casino 200 millones de pesos”, se quejó este viernes la diputada provincial reutemista Alejandra Vucasovich, una de las firmantes del pedido de informes.
“Es mucho. A veces el socialismo tiene actitudes de hijo único malcriado. Quieren mas plata y tienen serios problemas en cómo la gastan”, continuó la legisladora en relación a la reforma impositiva impulsada por la Casa Gris orientada a ampliar la recaudación fiscal de la provincia.
En los fundamentos de la iniciativa, los diputados expresan que “el 15 de octubre pasado finalmente se inauguró City Center, complejo comercial y turístico cuya principal actividad la constituye el casino de Rosario, cuya construcción y operación está a cargo del grupo empresario encabezado por la empresa Casino Club”.
“Tras un largo derrotero con opiniones favorables y en contrario, en diciembre de 2001 la Legislatura de Santa Fe aprobó la ley para la instalación de tres casinos en la provincia, pero recién fue en los primeros días de junio del año 2006 cuando se adjudicaron las salas de juego en Rosario, Santa Fe y Melincué”, reseña el proyecto legislativo.
Las salas de juego en las tres ciudades fueron licitadas durante el gobierno de Jorge Obeid. Sin embargo, la de Rosario recién se terminó de construir y fue inaugurada en la gestión de Hermes Binner.
Lo cierto es que la construcción del casino local llevó más tiempo del estipulado en el contrato que la firma Casino Club rubricó con la Lotería de Santa Fe, lo que habilitó al Estado provincial a aplicar una cláusula del mismo que establecía un interés por mora en la conclusión de la obra y posterior apertura de la sala de juego, aderezada con una enorme sala de convenciones y un hotel cinco estrellas.
“Según el pliego tendrían que haber sido 69 millones de dólares pero sólo se habría aplicado un punitorio de 10 millones de pesos en ocho cuotas”, señala el pedido de informes que, además de la firma de Vucasovich lleva las del reutemista Alberto Monti, el obeidista Mario Lacava y el cavallerista Oscar Urruty.
“Según lo publicado en diversos portales nacionales en los últimos días, el gobierno de Hermes Binner tendría que haber cobrado a Casino Club y sus socios una multa de casi 67 millones de dólares, pero según estas mismas fuentes el castigo solo se efectivizó en la suma de 10 millones de pesos, pagaderos en ocho cuotas”, indican los legisladores.
“En su edición del pasado martes 3 de noviembre, el portal www.LaPoliticaonLine.com publica una extensa nota, que adjuntamos, bajo el título Escándalo: Binner le perdonó una deuda de 67 millones de dólares a Cristóbal López, con la volanta “El gobernador de Santa Fe le cobró 10 millones de pesos por los retrasos en la inauguración del hotel casino de Rosario, el más importante de Latinoamérica. Según el contrato, la provincia tenía derecho a exigirle unos 70 millones de dólares. La sinuosa relación del gobernador Binner y el emblemático zar del juego kirchnerista”, dicen.
“Mientras tanto, el portal www.urgente24.com el día 16 de octubre publicó en una nota sobre la inauguración del complejo que “las obras en el casino de Rosario debían terminarse en julio de 2008. Los empresarios solicitaron una prórroga de 14 meses al gobierno de Hermes Binner. Las autoridades se la denegaron, aplicándole una multa que, con intereses, alcanzó los $ 10 millones por la demora. El pliego de la licitación preveía el pago de 0,07% del total de la inversión por cada día de demora. La multa se abonó en 8 cuotas” señalan los diputados.
Terminan diciendo Vucasovich, Monti, Lacava y Urruty que “la provincia habría concertado este extraño acuerdo con el fundamento de no haber cumplido por su parte en tiempo y forma con el traslado de las familias que debían ser desalojadas de diversos terrenos para la efectivización de la obra, pero es por todo lo expuesto que nos asiste el derecho como legisladores de contar con la información precisa acerca del tema”.
