¿Qué cambió entre un intento y otro del gobierno por pagar deuda con reservas? ¿Qué representa el conglomerado opositor en la puja al respecto? Este artículo del Cediape ensaya explicaciones a estos y otros interrogantes a partir del análisis de los decretos de necesidad y urgencia en cuestión.
La sucesión de hechos en el sistema institucional, para lo que va del año, tiene su puntapié inicial con el DNU que ordenaba al Banco Central transferir US$ 6.569 millones para conformar el Fondo del Bicentenario. Este decreto encontró resistencia del entonces presidente del Banco Central, Martín Redrado.
La oposición, que en su momento apoyó la postura del presidente del central, re-direccionó el conflicto hacia el parlamento. Esto se materializó en la reunión que organizó Julio Cobos con los presidentes de los bloques, queriendo darle carácter de sesión extraordinaria. De ahí lo llevaron al sistema judicial, apareciendo en el debate como "judicialización de la política", esto es, que la oposición interpone recursos, medidas cautelares, etc., para que la justicia impida el traspaso de los fondos y declare la nulidad del DNU. De este modo, queda la resolución del conflicto en manos de los tribunales, donde la última instancia es la Corte Suprema de Justicia, teniendo ésta una posición desfavorable al gobierno.
Al conflicto del Ejecutivo y el Central, le sobrevino el conflicto de la sesión del Senado para redistribuir los cargos en las comisiones. La sesión, prevista para el miércoles 25 de febrero, no se pudo realizar por falta de quórum. La oposición no llegó a conformar quórum propio: sólo tenía 36 de los 37 senadores necesarios para sesionar y el oficialismo abandonó el recinto. La retirada del oficialismo y la ausencia de Carlos Menem, el senador número 37, generaron otro conflicto institucional, el cual los órganos estratégicos (medios de comunicación masivos) instalaron como una negociación entre el kirchnerismo y el menemismo. El ideólogo de la oposición, Mariano Grondona, desechó esta supuesta negociación, dejando en evidencia que el "faltazo" fue un movimiento de Menem para reposicionarse al interior de la oposición y, de ese modo, tener mayor injerencia en el armado y conducción de la oposición parlamentaria-administrativa-laboral.
De este movimiento de Menem se dijeron muchas cosas, pero lo que se está olvidando son los intereses que representa. Así, su reposicionamiento implica lisa y llanamente un reposicionamiento del capital financiero transnacional. Su asistencia a la segunda sesión, realizada el lunes 1 de marzo, y la conformación de quórum propio, junto con la posterior composición de las comisiones con mayoría de la oposición, es indicador de que las negociaciones al interior del sector opositor le fueron favorables.
El movimiento de Redrado y el de Menem, sumado a la representación del capital financiero en otros espacios de la oposición (López Murphy, Prat Gay, Carrió, Bullrich, etc.) expresan un avance de dicha línea de capital en la oposición.
El conflicto en la órbita institucional se profundizó -así como el eje de debate sobre la degradación que el oficialismo provoca a las instituciones democráticas-, cuando la presidenta anunció que dejaba sin vigencia el DNU que había creado el Fondo del Bicentenario y, a través de uno nuevo, creaba el Fondo de Desendeudamiento Argentino por el mismo valor. El mismo día en que se efectuó el anuncio, el Central -ahora en manos del capital local (Marco del Pont)-, giró los fondos.
Los órganos estratégicos (La Nación y Clarín, entre otros) nuevamente delinearon el escenario del conflicto. Mientras que el Fondo del Bicentenario se centró en la justicia (judicialización de la política) al Fondo del Desendeudamiento lo atacaran vía la justicia y el parlamento. ¿Por qué ahora se vuelve a llevar el conflicto al congreso? Porque ahora la oposición cuenta con mayoría propia, gracias al acuerdo alcanzado con Menem (léase capital financiero transnacional), controlando dos de los tres poderes institucionales: el legislativo y el judicial. Esto es lo que se intentó evitar con el DNU del Fondo del Bicentenario.
¿Hay algo distinto entre el primer decreto y el último que justifique la decisión del Ejecutivo? Sí. Esta medida tiene un contenido distinto, son dos decretos. Uno es un decreto reglamentario en donde se establece el pago con reservas a organismos multilaterales (FMI, BID, CAF, etc.). Éste no está cuestionado por la oposición y ya se hizo un pago a la CAF (Corporación Andina de Fomento). El otro es un decreto de necesidad y urgencia a través del cual se resuelve pagar con reservas a los acreedores privados. Éste es el cuestionado y el que motiva los conflictos.
¿En qué se beneficia el oficialismo con este cambio de medida que tiene la misma modalidad (decreto) que la anterior? El oficialismo paga a los organismos multilaterales; mientras que la oposición va a impedir que sean canceladas las deudas con los privados. El beneficio radica en que el Gobierno, al cancelar deuda con los organismos multilaterales, podrá acceder a los créditos asequibles que se establecieron en las dos últimas reuniones del G20, del cual la Argentina forma parte. Estos créditos ya han sido otorgados a México y a Colombia. Con esto, el gobierno, obtiene una mejor imagen, generando mayor confianza a nivel mundial, que le permita posicionarse internacionalmente como el que quiere cancelar la deuda de la Argentina, sosteniendo que la imposibilidad de pago a los acreedores privados es responsabilidad exclusiva de la oposición (que ahora controla el congreso y se niega a pagar la deuda). Esa misma oposición que puede llegar a gobernar el país después de 2011 lleva a la Argentina al default.
Ahora bien, sin el pago a los acreedores privados el riesgo país no se reduce y, por lo tanto, el costo del dinero internacional sigue siendo alto. ¿Esto quiere decir que el gobierno sale perjudicado si la oposición logra anular el DNU y no puede realizar su estrategia de ser catalogado internacionalmente como un país confiable para obtener crédito? El plan de acción (Fondo del Bicentenario-Fondo de Desendeudamiento), la táctica (pago de la deuda), la estrategia (confianza internacional), el objetivo-visión (crecimiento económico) siguen siendo los mismos, eso no ha variado. Lo que sí ha cambiado es el contenido. El pago ya no es a todos los acreedores, sino a los organismos multilaterales. La obtención de confianza internacional ya no está orientada a todos los actores económicos del país, sino al gobierno.
Actualmente, el acceso al crédito internacional sólo lo tienen los capitales de escala regional (por ejemplo Arcor), multinacional (por ejemplo Techint) y transnacional (por ejemplo la conducción de la UIA, FIAT, Copal, etc.). Por su parte, el capital de escala local no tiene acceso. Todos los capitales que tienen condiciones para acceder a un crédito voluntario barato, son la oposición. La verdadera oposición. Lo que hay en el parlamento es un conjunto de políticos haciendo mérito para poder "alquilarles los brazos" para votar y administrar el proyecto estratégico que estos grupos económicos implementen; tienen una relación laboral con el capital.
Al dejar impagos a los acreedores privados haciendo que el riesgo país se mantenga alto, se obliga a la verdadera oposición a que salga a sostener que el plan de desendeudamiento es correcto. Así lo hizo Daniel Funes de Rioja, presidente de la Copal, después de una reunión con la ministra de Producción, Débora Giorgi.
* Centro de Diagnóstico y Análisis para la Planificación Estratégica – cediape@gmail.com
