La Ansés no tiene superávit sino sus cuentas equilibradas debido a fuertes inversiones con impacto en todo el país como la asignación universal por hijo y la inclusión en el sistema jubilatorio de más de 2 millones de argentinos. Este fue el argumento principal que esgrimieron los enviados del Ministerio de Economía de la Nación a la audiencia en la Corte Suprema de Justicia de este miércoles, en la que se trató el reclamo de la provincia de Santa Fe contra la detracción del 15 por ciento sobre fondos que recibe por coparticipación de impuestos, que destina ese dinero al organismo provisional. La delegación santafesina, encabezada por el gobernador Hermes Binner, insistió con su reclamo y adujo que hay datos que indican que la Ansés tiene superávit, por lo que no se justifica la detracción.
La postura del gobierno provincial fue acompañada, de cuerpo presente, por el senador nacional Carlos Reutemann, el diputado nacional Jorge Obeid y el senador provincial y presidente del Partido Justicialista santafesino Ricardo Spinozzi.
El gobierno santafesino ratificó y desarrolló en la audiencia los ampliamente difundidos argumentos en los que basó su presentación ante el máximo tribunal nacional. Menos conocida era la postura del gobierno nacional ante el reclamo, que fue expresada por la subsecretaria de Relaciones con las Provincias, Nora Fracarolli, y Osvaldo Diez, ambos funcionarios del Ministerio de Economía cuyo titular, Amado Boudou, no asistió al encuentro por “compromisos impostergables”, según indicaron los mismos enviados.
Además de negar que la Ansés esté en una situación superavitaria que le permita prescindir de los fondos que se descuentan de la coparticipación a las provincias, los representantes de la cartera económica nacional sostuvieron que si prospera el pedido del gobierno santafesino podría producirse “un efecto cascada” traducido en planteos similares de otras provincias, cuyo resultado sería el desfinanciamiento de la Ansés.
También señalaron que la presentación ante la Corte del gobierno de Binner significa “la judicialización de la política”, lo que “no le hace bien a los otros poderes” del Estado.
Binner, por su parte, afirmó que la intención de su gobierno no es judicializar la política “sino defender los derechos de Santa Fe”. Y evaluó como positivo el hecho de haber podido exponer ante la Corte los motivos del reclamo.
Lo que el gobierno santafesino planteó ante el máximo tribunal nacional es un reclamo de inconstitucionalidad del artículo 76 de la ley Nº 26.078, que prorrogó –sin el acuerdo previo o posterior de la provincia de Santa Fe– la detracción del 15 por ciento de la masa de recursos de la coparticipación federal de impuestos, con destino al sistema de previsión social de la Nación administrado por la Administración Nacional de Seguridad Social (Ansés).
Según indicaron desde la Casa Gris, en 2006 Santa Fe retiró el consentimiento para que la Nación siga detrayendo el 15 por ciento de los recursos de la masa coparticipable con destino al financiamiento de la seguridad social, tal como se había establecido en el Acuerdo Federal de 1992 y en otros pactos fiscales posteriores. Como consecuencia de ello, la provincia reclama que esos recursos sean reintegrados desde esa fecha.
Por otra parte, la provincia destaca en su reclamo “la modificación fundamental de las circunstancias que dieron origen y justificaron la detracción de los fondos que actualmente efectúa la Nación”.
En tal sentido, se recuerda que en 1992, la Nación “tenía un stock de deuda inmanejable y se quedaba sin flujo de fondos ya que los ingresos corrientes por aportes y contribuciones pasarían, centralmente, a las Afjp (Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones)”, en el marco de la privatización del sistema previsional.
En cambio, se indica que en la actualidad “el perfil del sistema previsional es absolutamente distinto” ya que en 2008 la Nación “se apropió de un stock de activos valuados en unos 25.000 millones de dólares –que conformaban los activos netos del sistema privado de jubilación–; recuperó la totalidad de los flujos de aportes y contribuciones; y adquirió tenencias accionarias de magnitud en empresas y conglomerados privados de primera línea”.
A la vez, en una medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia tras la presentación inicial de la demanda correspondiente, el gobierno de Santa Fe solicita que, hasta tanto se resuelva de modo definitivo la cuestión de fondo planteada, “se ordene la suspensión parcial” de la aplicación del artículo en cuestión y también “el cese preventivo” de la detracción de los fondos coparticipables.
En tal sentido, la pretensión cautelar se limita “a los períodos sucesivos” y “tan sólo al 50 por ciento de los fondos que corresponden a la provincia de Santa Fe y se encuentran comprometidos en la detracción cuestionada, requerimiento parcial y mínimo anticipado al cual se ve forzada la provincia atento la grave situación financiera” que atraviesa.
Es ante estos planteos que desde el Ministerio de Economía de la Nación se explicó que, aunque efectivamente la Ansés se hizo de más fondos en los últimos meses, la detracción debe continuar porque el organismo provisional sostiene fuertes inversiones como la de asignación universal por hijo y la inclusión en el sistema previsional de más de dos millones de personas que no tenían aportes suficientes para acceder al beneficio de la jubilación.
Las posiciones de unos y otros fueron escuchadas, en la Sala de Audiencias del cuarto piso del Palacio de Justicia, por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti; la vicepresidenta, Elena Highton de Nolasco; y los ministros Carlos Fayt, Juan Maqueda, Carmen Argibay y Eugenio Raúl Zaffaroni.
Ahora, será la Corte la que deberá resolver qué responde al reclamo del gobierno santafesino, que en la audiencia de este miércoles estuvo acompañado por una “barra” bien nutrida: asistieron numerosos funcionarios provinciales y legisladores nacionales y provinciales afines y también el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Cristian Amuchástegui, y el titular de la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe), Carlos Garrera.
El reclamo del gobierno de Binner fue acompañado además por dirigentes del justicialismo santafesino opositores al gobierno nacional como Reutemann, Obeid y Spinozzi.
Reutemann se retiró de la audiencia sin hacer declaraciones, pero luego difundió un comunicado de prensa en el que afirmó que “Santa Fe y los santafesinos están por encima” de las “cuestiones personales” que lo distancian de Binner.
Gil Lavedra también faltó a la cita
Cabe recordar que Binner contrató a dos estudios jurídicos de la ciudad de Buenos Aires para demandar a la Nación por la coparticipación federal, pése a que cuenta con 140 abogados en la Fiscalía de Estado Provincial, que conduce quien lo acompañó este miércoles a la audiencia ante la Corte.
Elmandatario santafesino decidió contratar a esos bufetes sin licitación previa, a pesar de lo que estipula le legislación provincial, entre ellos al estudio jurídico de quien encabezó la lista del Acuerdo Cívico y Social en la ciudad de Buenos Aires, Ricardo Gil Lavedra.
Como Boudou, Gil Lavedra, ex integrante de la Cámara que juzgó a las juntas militares, faltó a la cita con la Corte.
