Jueces y funcionarios judiciales de Argentina capacitarán a sus pares de otros países sobre causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad. El anuncio fue realizado en el marco de un acuerdo firmado por el ministerio de Justicia argentino y el Auschwitz Institute.
"Es inspirador para nosotros ver la forma en que Argentina resuelve su pasado", sostuvo el titular de la institución, Tibi Galis, tras la firma del convenio. La primera actividad de los funcionarios argentinos será en septiembre en Nueva York. "El convenio es otro reconocimiento internacional a los avances de Argentina en el enjuiciamiento a los responsables del terrorismo de estado", reflexionó el ministro de Justicia, Julio Alak. El proyecto se conoce la misma semana en que los primeros cinco represores enjuiciados en Rosario fueron conenados a prisión perpetua.
"Tras la derogación de las leyes del perdón a represores, la experiencia argentina fue reconocida internacionalmente, sobre todo porque en ningún país con tragedias similares sus responsables enfrentaron procesos judiciales reales", agregó.
Tibi Galis estuvo en Argentina para asistir al Seminario Internacional "Memoria, Verdad y Justicia: Herramientas para la Prevención del Genocidio", organizado por el Gobierno argentino y el instituto sin fines de lucro que dirige.
El convenio firmado impulsa el intercambio de experiencias y prácticas sobre la prevención del genocidio y los procesos de memoria, verdad, justicia y reparaciones.
Los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura (1976-1983) se reactivaron en Argentina en 2003, cuando el Parlamento anuló las leyes de Obediencia Debida y Punta Final, denominadas "leyes del perdón" a represores.
Según un informe difundido el mes pasado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 1.464 personas, entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, están acusadas en Argentina por crímenes de lesa humanidad en causas vinculadas con el terrorismo de Estado, entre las que casi 100 tuvieron sentencia.
Fuentes: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos / CELS /Agencia EFE / Yah
