El gobernador Hermes Binner reiteró este miércoles su urgencia por “llevar adelante una reforma constitucional” en la provincia porque, según sostuvo, la norma actual “limita los avances que la Constitución Nacional reformada en el ‘94 otorgó al gobierno central”.
El tiempo pasa, y el pescado sin vender, y el candidato a sucederlo sin aparecer. Pese a que se autoexcluyó de cualquier intento reeleccionista, motivos no le faltan al mandatario socialista para tanta urgencia, el problema es si la Legislatura estará de acuerdo. Lo cierto es que el discurso de apertura del 128º período de sesiones ordinarias de la Legislatura del 1° de mayo ante la Asamblea Legislativa tendrá entre sus párrafos la renovada embestida binnerista para reformar la Constitución. Y algunas fuentes especulan con que el gobernador podría amenazar con una consulta popular. El justicialismo le dirá que no tiene problemas con avanzar hacia una reforma, el problema está en los contenidos, no en el frasco.
El mandatario adelantó que insertará esa urgencia política en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias, para lo cual apeló a una fórmula que preanuncia la ofensiva no sólo legislativa del socialismo para lograr la tan ansiada reelección de gobernador: Binner hará hincapié “en la necesidad de compartir una propuesta de reforma que se discuta entre todos los sectores”. Traducido al lenguaje cotidiano, el PS saldrá a buscar consenso en las instituciones que le son afines, promoverá la discusión a través de los medios de comunicación, y forzará la discusión haciendo eje en que quienes se oponen lo hacen para mantener privilegios y porque son parte del pasado, según los referentes consultados por este diario digital.
En esa línea, no se puede descartar que Binner lance un desafío que considera casi letal para el justicialismo: convocar a una consulta popular que plantee la consigna “Reforma constitucional Sí o No”.
El primer gobernador socialista de la historia argentina dijo que si bien “la actual Constitución de Santa Fe no impide gobernar, sí impide contar con los avances que se plasmaron en la Constitución Nacional del 94”. Como de costumbre, ni se plantea los orígenes de esa reforma –el Pacto de Olivos entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, que permitió la reelección de este último– ni algunos de los instrumentos que introdujo la misma en la Carta Magna, por ejemplo la institucionalización de los decretos de necesidad y urgencia tan criticados por los parlamentarios nacionales del socialismo en este período, no así cuando los firmaba el ex presidente de la Alianza, Fernando de la Rúa.
Binner también aclaró que el proyecto de reforma dejaría de lado cualquier propuesta “de reelección de nadie; nunca fue mi intención y jamás lo haría porque no corresponde con principios éticos que para mí son muy importantes”, pese a lo cual nadie en su fuerza descarta un posible operativo que le permita “por aclamación” borrar con el codo tan elevado renunciamiento.
Ya en la apertura de sesiones ordinarias de 2009, el jefe de Estado provincial introdujo en su discurso el tema de la reforma: “La reforma de la Constitución Nacional de 1994 introdujo modernas instituciones y consagró nuevos derechos y garantías, que aun no se han plasmado en la Constitución de nuestra provincia. En ese marco, nosotros queremos reflejar la sociedad santafesina en una nueva Constitución”.
Es más, aunque sólo mencionó generalidades, habló de los contenidos de esa deseada reforma: “Debemos incluir temas trascendentes que ya han sido incorporados en la Constitución Nacional: la autonomía municipal, los mecanismos de democracia semidirecta, la descentralización y la participación”.
Algunos legisladores justicialistas todavía se preguntan si el socialismo tiene real vocación por la autonomía municipal, porque incluso el mensaje de Binner no es impulsado en la Legislatura para que, al menos por ley, municipios y comunas se beneficien con ese instrumento que declama con tanto énfasis el mandatario.
Pero respecto del deseo del socialismo, para la mayoría de los legisladores justicialistas “cuando se abre la puerta de una reforma constitucional no se sabe ni quién ni cómo la cerrará y, fundamentalmente, qué mobiliario se habrá colado en el dormitorio entre una y otra acción”.
Las cuentas ¿claras?
Al mandatario santafesino lo consultaron acerca de las proyecciones de las finanzas provinciales para el segundo semestre de 2010, y la respuesta fue que la provincia de Santa Fe “tiene un problema”. Volvió a diferenciarse de Córdoba y Buenos Aires, planteando como una virtud teologal que acá “no se pudieron aumentar los recursos provenientes del impuesto sobre los Ingresos Brutos, que es el que permite financiar la salud, la educación, la seguridad y la justicia, porque el Justicialismo se opuso” como sí pasó en los territorios bonaerense y mediterráneo.
Si ese y sólo ese impuesto fuera el que permite “financiar la salud, la educación, la seguridad y la justicia”, ya no existirían hospitales, escuelas, comisarías, cárceles ni nuevos tribunales, que el actual gobierno viene inaugurando, según la misma prensa oficial se encarga, cada tanto, de difundir. Si bien es cierto lo que alegan algunos dirigentes justicialistas –que muchas de esas obras son financiadas por el gobierno nacional o son heredadas de la anterior gestión–, los recursos provinciales que hacen falta para terminar esas obras o emprender las anunciadas por el propio Binner no podrían llevarse adelante según la acotada ponderación que el socialista hace del impuesto a los Ingresos Brutos.
Tal vez la administración provincial quiera asegurar una fuente de financiación para hacer frente al desafío electoral de 2011, y por eso tanta insistencia en promover una reforma tributaria. Su senador y diputados nacionales achacan esa misma intención al gobierno kirchnerista, de modo que no deberían ofenderse de que algunos sean tan insidiosos como la representación parlamentaria nacional socialista.
Voceros de la oposición justicialista en la Legislatura provincial plantearon que recibirán de buen grado una convocatoria a una reforma constitucional, pero aclaran: “El gobernador sabe que el justicialismo es proclive a una reforma, porque siendo oficialismo envió varios proyectos, pero también conoce que el punto de discordia está en torno a qué contenido pueda tener esa modificación”.
Las mismas fuentes piensan que el socialismo “está en una etapa de relanzamiento de su gestión, que apunta a sacar a relucir temas que consideran revulsivos para el peronismo, pero están confundidos, porque además de tratar todos los temas con la debida seriedad, los legisladores de la oposición creemos que la mayoría de los santafesinos esperan otra agenda de parte del oficialismo, un temario que les resuelva los problemas cotidianos”.
“La Legislatura nos autorizó a endeudarnos para pagar sueldos. En ninguna empresa, ni pública ni privada, el endeudamiento se utiliza para pagar sueldos. Esto no tiene nada que ver con una economía sustentable”, aseguró el mandatario santafesino. Sigue sin dar a conocer el crecimiento de la recaudación provincial en el primer trimestre de 2010, que excede por mucho a la carga financiera que le depara a su gobierno los aumentos obtenidos por los trabajadores de la educación y los estatales en paritarias que comenzaron con aquella exigua oferta del 7% de suba salarial. Es cierto, si los gremios hubieran aceptado ese guarismo, hoy la provincia tendría más recursos, pero no sería un éxito para enarbolar en un congreso socialista, por ejemplo.
De todos modos, la mención a las cuentas públicas se redujo a una renovada crítica a la oposición justicialista, porque el gobernador descartó un nuevo intento para incrementar los ingresos correspondientes al impuesto sobre los Ingresos Brutos: “Para qué vamos a insistir con algo en lo que no están de acuerdo. El tercer intento no fue nuestro, sino de legisladores de origen sindical y tampoco fue aprobado”, recordó Binner, sin percatarse de que las iniciativas parlamentarias pueden tener el origen y las buenas intenciones que se quiera, pero para prosperar lo que tiene que haber es consenso y votos. Como con la reforma constitucional, ni más ni menos.
