El Puerto de la Música sigue trayendo polémica. Ahora la diputada provincial Alejandra Vucasovich sugiere que el gobernador Hermes Binner “podría incurrir en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Vucasovich se refirió al conflicto planteado por la falta de autorización de la Secretaría de Vías Navegables y Puertos de la Nación, que no autoriza el uso de terrenos portuarios en Rosario para levantar en ese lugar el Puerto de la Música. “Si el gobernador Hermes Binner decidió llevar adelante la obra sin contar con la autorización debida, podría incurrir en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La presidenta del Bloque Federal señaló: “El Poder Ejecutivo provincial, aún a sabiendas de las dudas que se plantearon desde el gobierno nacional, derivó fondos destinados a las obras de la cárcel de Piñero para su financiación, contrató al arquitecto brasileño Oscar Niemeyer para que elaborara el proyecto autorizando el pago de honorarios por una suma que supera los siete millones de pesos, impulsó la creación de la Fundación Puerto de la Música para la obtención de fondos privados que se aplicarían al financiamiento de la obra y decidió continuar con la construcción del proyecto llamando a licitación”.
Para Vucasovich, “se pretenden sustituir seis hectáreas de puerto productivo por una obra que sólo podrá ser disfrutada por 2.500 abonados, se desconoce el impacto ambiental que podría causar la misma y que, según el propio arquitecto Niemeyer, va a servir, como algunas de sus construcciones en Brasil para que sus “amigos los pobres” la disfruten mirándola desde la cerca”.
La legisladora se preguntó: “¿Por qué decidió el Ejecutivo provincial llevar adelante la obra sin contar con la debida autorización?”, para responderse a sí misma: “Ante la decisión caben dos posibilidades: se actuó por incompetencia, ignorancia, negligencia, impericia, incapacidad de gestión e inoperancia del gobernados Binner, su gabinete de ministros y la administración del ENAPRO o se configuró algunos de los delitos previstos en el Código Penal, tal como abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”.
La diputada del PJ también cuestionó: “¿Por qué, frente al rechazo, sigue sosteniendo la decisión?. También caben dos chances: por creer que se cuenta con la impunidad suficiente para ejercer el poder de manera abusiva o por las mismas razones que antes citaba: incompetencia, ignorancia, negligencia, impericia, incapacidad de gestión e inoperancia”.
