La cooperativa de Trabajadores en Lucha resiste un nuevo embate de la Justicia, que ratificó una resolución que obliga devolver el edificio de Tucumán al 1300, donde funciona de manera autogestionada el centro cultural y la cooperativa La Toma, a los acreedores de la quiebra del ex supermercado Tigre. “No nos moveremos de este lugar”, sostuvieron desde La Toma, con la firme decisión de resistir cualquier intento de desalojo.
Los trabajadores buscan respaldo en virtud del fallo del juez Pedro Boasso a cargo del juzgado Civil y Comercial Nº 16, que declaró inconstitucional la ley 12.964 a través de la cual la provincia de Santa Fe promulgó la expropiación temporaria del edificio de Tucumán 1349. Y ahora, con un reciente fallo, la Justicia dejó firme esa resolución, aunque no hay fecha de devolución del inmueble.
Mario Chaumé, María del Carmen Alvarez y Avelino Rodil son los jueces de la Sala 3 que hicieron lugar a la demanda de la sindicatura de la quiebra del ex supermercado Tigre para que se restituya el amplio local donde hoy funcionan varios emprendimientos productivos.
La Toma lleva adelante desde hace nueve años un trabajo cooperativo y social muy destacado, ejemplo para la ciudad, peleando por la definitiva transferencia de la propiedad del inmueble en manos de los trabajadores. “Luego de 9 años de lucha por los puestos de trabajo, el Poder Judicial a través de fallos y resoluciones vuelve a agredir y pretender el desalojo del establecimiento puesto en funcionamiento por sus propios trabajadores”, comentó Carlos Ghioldi, referente de la cooperativa.
El dirigente destacó que “gracias a la movilización y a la solidaridad popular se logró la sanción de dos leyes de expropiación votadas unánimemente por la Legislatura de Santa Fe a favor de la función social y de los puestos de trabajo recuperados por la lucha obrera”. Y agregó: “Actualmente a través de una resolución judicial se plantea nuevamente la amenaza de desalojo. Los trabajadores y las organizaciones sociales, las instituciones oficiales y las organizaciones gremiales que realizan sus actividades en La Toma comunicamos que no nos moveremos de este lugar”.
“Exigimos la sanción de una ley de expropiación definitiva sin indemnización a favor de la función social y de los puestos de trabajo desde La Toma. Que la Justicia debería rendir cuentas de los fraudes y estafas cometidos mediante una quiebra sospechosa que durante años permitió el endeudamiento y el enriquecimiento a costas de empujar trabajadores a la calle”, indicó Ghioldi.
“Convocamos a todas las organizaciones, a la ciudadanía y a los trabajadores a rodear de solidaridad este lugar ocupado por trabajadores. A organizar más actividades en el mismo. A ocupar activamente el lugar a través de la instalación, como hicieron los propios ex combatientes de Malvinas que empiezan a pasar las noches acampando en defensa del lugar. Estamos librando una larga y dura batalla contra la voracidad de lucro de un par de funcionarios judiciales, convocamos a ocupar el puesto de lucha junto a los trabajadores para poder derrotarlos”, invitó el dirigente de La Toma, quien depositó responsabilidades en el gobierno de la provincia pensando en la apelación del fallo judicial.
La cooperativa da trabajo directo a 35 personas, que sumadas a los puestos laborales de los demás proyectos hacen unas 120 fuentes de trabajo. Allí funcionan varios emprendimientos y un comedor popular. Además el lugar brinda espacio para el desarrollo de sus actividades a diez cooperativas de trabajo de distintas entidades sociales donde tienen su lugar de producción, acopio y comercialización más de ochenta microemprendedores y artesanos agrupados por la Subsecretaría de Economía Solidaria de la Municipalidad de Rosario. Un lugar de reunión para varias organizaciones, que también se levantaron en defensa de La Toma.
Fotos: Javier García Alfaro
