Empleados del Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (IRAR), denunciaron que en la entidad donde son detenidos los menores en conflicto con la ley penal, se duplicó la cantidad de reclusos. Según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que representa a los trabajadores del Instituto, “la situación es dramática tanto para los jóvenes como todos los trabajadores”.
Comunicado
Los trabajadores del IRAR difundieron el siguiente comunicado de prensa:
“En las últimas semanas, el IRAR duplicó el número de jóvenes alojados (de 30 a 55), y esto generó una situación dramática que sufren tanto los jóvenes como todos los trabajadores.
A las ya conocidas situaciones inhumanas de vida, producto de una edificación mal hecha y siempre en estado de reparación, se le suma ahora una superpoblación con respecto al número “aceptable” de jóvenes alojados.
A partir del año 2009 se comenzó a implementar un nuevo abordaje basado en la pedagogía de la presencia, con la figura del acompañante juvenil. Se pudo así modificar la cotidianeidad y la convivencia de los jóvenes. En este corto proceso se logró reducir al mínimo la violencia antes existente dentro de la institución, generando en los jóvenes la posibilidad de producir en los diferentes espacios, nuevas formas de expresión y comunicación.
En la actual coyuntura, nuestra tarea y la del resto de los trabajadores de la institución se encuentra imposibilitada de realizarse plenamente y no se puede cumplir con la obligación que el Estado tiene: la garantización de los Derechos a la salud, a la educación, el juego y un tránsito digno desde un abordaje responsable que respete la integridad de las personas.
Al duplicarse la población, los recursos –de por sí escasos- están totalmente colapsados: espacios para realizar actividades, profesionales, acompañantes juveniles, falta de movilidad para los traslados diarios a: tribunales, hospital, gabinete psicológico, centros de rehabilitación, registro civil, atención médica, permisos de salidas transitorias a los domicilios.
A esto se le suma la demora de la resolución de los procesos penales y las posibles definiciones de egresos.
Asimismo, advertimos que en muchos casos el IRAR se ha transformado en el primer y único recurso donde derivar a los jóvenes imputados de hechos penales, siendo que legalmente debe ser el último luego de haber agotado otras instancias. Creemos que esta problemática le compete a la sociedad en su conjunto y que no se puede ocultar lo que está ocurriendo y menos aún abordarla desde la perspectiva de la inseguridad que no da cuenta de la complejidad y multiplicidad de las causas que la componen.
Por lo antes expuesto alertamos y exigimos la puesta en marcha de políticas de Estado concretas y reales que den respuesta a esta dramática situación”.
