El Gobierno nacional reglamentó este miércoles la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El decreto 1.225/2010, publicado hoy en el Boletín Oficial, lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y en su primer artículo reza: “Apruébase la reglamentación de la Ley N° 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que como Anexo I, integra el presente decreto”. El instrumento faculta además a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual a dictar las normas complementarias y aclaratorias de la reglamentación que se aprueba por el presente decreto.
“El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial”. O sea, desde este miércoles, la Argentina tiene oficialmente las herramientas para desconcentrar lo que los monopolios informativos se encargaron de acumular durante décadas.
“La reglamentación de la nueva ley de Medios estará lista esta semana”, anunció el martes 10 de agosto pasado el presidente de la Autoridad Federal de Aplicación de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto. Veintiún días más tarde, el Boletín Oficial exhibe el tan ansiado instrumento, que permitirá poner en marcha la nueva legislación que regula el mercado y las licencias de los medios electrónicos.
Es que a partir de esta reglamentación debería empezar a correr el plazo de un año para que los grandes grupos de medios se desprendan de los activos que exceden los límites de la nueva regulación, aunque ese artículo –el 161– todavía no podrá ser aplicado hasta tanto se expida la Corte Suprema de Justicia sobre un recurso presentado por el Grupo Clarín, pero ese es otro cantar.
Mariotto, en ese sentido, ya había aclarado en su momento que “el artículo 161 es el que plantea la desinversión que tienen que llevar adelante aquellos grupos que tienen posición dominante. Y está en la Corte, esperando el fallo. Porque los grupos monopólicos no quieren desprenderse de aquellos medios que –parece– por orden natural les corresponde. Nosotros argumentamos que el año de plazo es absolutamente racional y que tiene antecedentes internacionales, como lo es el de Microsoft”.
Con la reglamentación se van a poder establecer los parámetros necesarios para, por ejemplo, limitar las áreas de coberturas, que se especificarán para contar las licencias y que no haya posiciones dominantes. Nada más, y nada menos.
