Un trabajo de dos sociólogos argentinos reveló la complicidad del diario La Gaceta y algunos de sus periodistas –entre ellos, Joaquín Morales Solá– en el transcurso de la primera etapa del Operativo Independencia. A ello hay que sumarle un análisis comparativo de los escritos de ese periodista, que demuestra la perfecta sintonía entre sus artículos y el plan de acción psicológica de los militares, tanto para la creación y consolidación del “enemigo”, como para el ocultamiento del genocidio en esa provincia y la instalación del concepto de “guerra antisubversiva”.
Según Matías Artesse y Gabriela Rofinelli, autores de Responsabilidad civil y genocidio, el diario tucumano La Gaceta tomó la decisión política de informar y promover sistemáticamente las actividades de las fuerzas militares y civiles en la construcción de un “otro peligroso” al que había que destruir”.
Aseguran que esa tarea fue desarrollada por el diario y sus periodistas “que en más de una ocasión saludaban y mencionaban con elogios las actividades antisubversivas” y “se involucraron constantemente con la divulgación de los hechos realizados por los miembros del régimen político militar que gobernaba la provincia”.
De acuerdo con lo publicado por La Gaceta entre enero de 1975 y marzo de 1976, los sociólogos analizan que “el ‘enemigo subversivo’ era una realidad que debía construirse por medio del lenguaje escrito y oral, no sólo en los lugares ceremoniales sino con la difusión masiva del diario provincial de mayor influencia en todo el Noroeste del país”.
También afirman que “…las noticias del diario ocultan las prácticas de los grupos paramilitares que comienzan a tener una presencia sistemática en pleno desarrollo del operativo (…), nunca se mencionan las decenas de activistas que ‘aparecen’ ejecutados en la vía pública, ni los secuestros y desapariciones”.
En declaraciones efectuadas este año a Daniel Gutman, autor de Sangre en el monte, Joaquín Morales Solá afirmó que “llamaban a La Gaceta, nos decían que habían aparecido cadáveres en tal lugar, nos subíamos a un auto con un fotógrafo e íbamos. Nunca era un cuerpo, sino grupos de dos, tres o más”. No hay registros de que el periodista haya publicado algo sobre esos crímenes.
Más grave aún son los resultados de una comparación de las notas de Morales Solá con las instrucciones militares para la acción psicológica. Estas instrucciones indicaban la forma de manipular la información a fin de crear una “opinión pública” favorable al accionar militar, lograr que la gente viviera como familiar lo que era una irrupción violenta y sorpresiva y legitimaran el genocidio transformándolo en “salvación”.
El 5 de febrero de 1975 el gobierno nacional sancionó el Decreto secreto 261 ordenando el comienzo del Operativo Independencia. A ese documento, el Ejército le endosó la directiva 333 que desvirtuó todos y cada uno de los instrumentos legales contenidos en el Decreto 261. En esa directiva, se otorgó particular importancia al anexo Nº 4, Plan de Acción Psicológica, con instrucciones enmarcadas en el Reglamento RC-5-1 sancionado por el Ejército en 1968. Ese reglamento fue aprobado por el entonces comandante en jefe del Ejército, Alejandro Agustín Lanusse, durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía. Era, por lo tanto, ilegal e inconstitucional.
Si correlacionamos estas normativas con algunos textos escritos por Morales Solá resulta sorprendente lo bien que hizo su tarea. Los hechos que describe o relata organizan la realidad ciñéndose siempre a las instrucciones del Reglamento RC-5-1 y el anexo 4 de la Directiva 333.
A una semana de comenzar el operativo, el periodista escribe: “…en la esfera militar emergen las actitudes más críticas a la gestión del gobierno local (…), algunos deslizaron la versión de que dentro de la administración pública hay agentes de la sedición”. El Reglamento propone “crear la imagen de que el movimiento guerrillero ha penetrado en todos los niveles de la sociedad y del gobierno”.
Un párrafo del RC-5-1 propicia “contribuir a aislar a las fuerzas irregulares enemigas, apelando a su función (de los militares) de protectores y guardianes de la paz”. Morales Solá, en sintonía con esa frase, decía que “…la presencia militar ha aquietado las aguas siempre turbulentas y, como barridas por un fuerte viento, han desaparecido huelgas, manifestaciones y disturbios”.
El reglamento dice que se debe priorizar “el contacto personal entre soldados y pobladores civiles; la participación en deportes comunes (…) contribuirán a crear fe en el gobierno legal y evitar el apoyo a los elementos irregulares”. El periodista, al término de una visita a la zona de operaciones, describe: “…algunos soldados hacen gimnasia esperando el partido de la tarde contra un equipo de Santa Lucía. El resultado: 4 a 1, ganan los locales”.
El Anexo 4 también proponía difundir que “frente a un pueblo maduro y consciente que ejerce su soberanía en plenitud, se alzan las minorías que levantando banderas extrañas a la nuestra y esgrimiendo consignas contrarias al sentir nacional, pretenden arrogarse el derecho a representarlo”.
El periodista lo interpreta así: “…no hay lugar a dobles interpretaciones: el rumbo de una nueva perspectiva alumbra en el firmamento político de la Argentina” y “…es obvio, a las armas se contestará con las armas mientras otro trabajo caminante de arenas ideológicas irá cortando los canales que sirvieron para la subsistencia física y política de los que intentan la aventura de la mutación nacional”.
Una cuestión central en la represión desatada por el terrorismo de Estado fue el secreto. Los integrantes de las patotas actuaban encapuchados, se identificaban con sobrenombres, operaban mayormente de noche y llevaban a sus prisioneros con los ojos vendados a lugares no identificados, los campos de concentración a los que los militares llamaban Lugar de Reunión de Detenidos.
Lo anterior estaba destacado en las instrucciones del anexo de acción psicológica: “Profundizar la conciencia del Secreto y la Seguridad”. En una crónica de una visita a un vivac militar, Morales Solá cuenta apesadumbrado que “no habrá información porque la disciplina y la prudencia militar indican que sólo el jefe puede hablar en estos momentos y el jefe no está, el general Vilas está de visita de inspección con el general Cánepa”.
Vilas, en su libro inédito sobre el operativo, reveló que apenas llegado a Tucumán se preocupó por formar una “minoría selecta” para lograr el apoyo civil a su cruzada antisubversiva. El trabajo de Artesse y Rofinelli afirma sin eufemismos que esa minoría selecta la integraban “políticos, gremialistas, empresarios, industriales, terratenientes (…) así como los periodistas cómplices que escamoteaban y/o directamente ocultaban los hechos”.
Télam fue intervenida en Tucumán por la inteligencia militar, colocando a su frente a Héctor Cacho D’Agostino, cofundador de Fasta (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino). Su jefe, Aníbal Fósbery, rector entonces de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, fue un hombre importantísimo para los militares que ejecutaron la represión en Tucumán.
El periodista Héctor Padilla desempeñó el doble papel de corresponsal del diario La Nación y secretario de Información Pública del gobierno dictatorial de Antonio Bussi. Ejemplos así abundan.
La difusión de los documentos con los nombres de los integrantes del aparato de la Inteligencia Militar provocó un temblor en Tucumán. Uno de los conductores más conocidos de la televisión tucumana, Osvaldo Cacho García, apareció integrando el Destacamento 142, al igual que otros periodistas de radio (Roberto Álvarez y Eduardo Morales).
El caso más patético es el de Ignacio Suárez Ledesma, ex redactor de LV7, emisora de la capital tucumana que, como está probado en la Justicia, integró la patota que en la madrugada del 24 de marzo de 1976 asaltó la sede de Atep (Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales). Allí asesinaron al secretario general del sindicato de los maestros y cofundador de Ctera, Francisco Isauro Arancibia.
(Fuente: Miradas al Sur)
