La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ordenó revisar la condena a prisión perpetua a un albañil de Villa Gobernador Gálvez por haberse impuesto en base a una confesión que el acusado denunció haber firmado bajo tortura.
Diez años se tomó el tribunal internacional para analizar el caso y ahora emitió su dictamen, el cual supone un duro revés para el Poder Judicial santafesino ya que él se concluye que en el trámite judicial de la provincia se violentaron garantías, no se le permitió al imputado apelar la sentencia y no se investigaron los apremios físicos referidos por el acusado, que lleva 19 años preso.
En un extenso veredicto favorable al detenido, la Cidh recomendó al Estado argentino que adopte cuatro medidas a fin de reparar el daño y evitar que se repita. Con la aplicación de estas sugerencias el gobierno podría llegar a un acuerdo amistoso y evitar así una condena internacional por incumplimiento de pactos de derechos humanos.
Una sanción de ese tipo haría figurar a Argentina como un país donde se violan derechos de las personas y acarrearía perjuicios económicos para la Nación. Si bien las irregularidades se produjeron en el sistema judicial santafesino, comprometen al Estado nacional porque es quien responde ante el organismo.
Más allá del caso puntual en análisis, el planteo entraña una crítica al sistema que derivó en la condena. El planteo que ahora resolvió la Cidh con un duro señalamiento a la Justicia santafesina fue presentado en 1998 por dos defensores públicos de Rosario.
El entonces defensor de Cámaras Carlos Giandoménico y el defensor general Héctor Guido Ceconi acudieron al tribunal internacional tras obtener rechazos en la Corte santafesina y de la Nación. La denuncia fue respaldada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y en 2004 el organismo la declaró admisible.
Ahora emitió un "informe de fondo" con las conclusiones finales. El caso por el que fue condenado Godoy ocurrió la madrugada del 10 de febrero de 1992 en Villa Gobernador Gálvez. La víctima fue Silvia Noemí Roldán, una chica de 19 años que volvía a su casa cuando fue abordada por un desconocido frente a una vivienda de Almafuerte 2832. El agresor intentó violarla y la golpeó en la cabeza con una piedra, con tanta fuerza que le provocó la muerte.
Las exigencias
Como primera acción, la organización con sede en Washington sugirió que se realice una revisión amplia de la condena impuesta al damnificado, Rubén Luis Godoy. El albañil fue sentenciado en 1994 en un juicio oral que, por ser de instancia única, no permitía la apelación. Tres jueces de la Sala II de la Cámara Penal rosarina le dieron prisión perpetua por el intento de violación y homicidio calificado de una joven de 19 años. Nadie revisó el caso y los defensores de Godoy siempre plantearon que fue condenado sin pruebas, sin más elementos que una confesión obtenida bajo torturas en la Jefatura de policía.
La segunda recomendación de la Cidh es que se abra una investigación "completa, imparcial, efectiva y a la brevedad" de los apremios ilegales detallados por Godoy casi dos décadas atrás, una denuncia que desde entonces descansa en el archivo de Tribunales sin esclarecerse.
El tercer pedido es que se realicen cambios legislativos para que todos los ciudadanos tengan derecho a apelar los fallos ante un tribunal superior. Esto ya está saldado con la reciente reforma del Código Procesal Penal en la provincia y a partir de nueva jurisprudencia, que le permite a la Corte provincial revisar con criterio amplio las condenas y no sólo cuestiones formales. Por último, la entidad que depende de la Organización de Estados Americanos solicitó que se le otorgue al preso una reparación material y moral por las "violaciones a los derechos humanos" detectadas.
El tribunal no se pronunció sobre la culpabilidad o inocencia de Godoy, pero dijo que durante el proceso judicial se violentaron sus garantías y se tomó en cuenta para condenarlo una prueba viciada. Tampoco aseveró que haya sido sometido a tratos crueles, pero sí que su denuncia no fue investigada como corresponde.
En definitiva, la Cidh concluyó que el Estado argentino cometió una serie de irregularidades: "No investigó debidamente la denuncia de tratos crueles, inhumanos y degradantes que hizo el señor Godoy", la confesión que el albañil firmó bajo alegatos de tortura "fue utilizada por los tribunales en su proceso penal" y, por último, no se le permitió apelar la condena. Todo ello implica que no se respetaron sus derechos a la integridad personal, a la protección judicial y a las garantías judiciales fijados por la Convención Americana de Derechos Humanos, a la que adhirió el país.
El informe de la Cidh fue comunicado por vía diplomática al Ministerio de Justicia de la provincia. Desde el área comenzaron a darle trámite con miras a llegar a un acuerdo. Un primer paso fue girar el escrito al procurador de la Corte, Agustín Bassó, para que abriera la investigación de los apremios. El pedido bajó a la fiscal de Cámaras rosarina María Eugenia Iribarren y luego a la fiscalía de baja instancia que estaba de turno cuando fue detenido Godoy. Es la número 8, a cargo de Enrique Hernán Paz, quien ya ordenó sacar del archivo la denuncia de la golpiza.
Mientras tanto, las partes involucradas evalúan cómo avanzar en los otros pedidos. Para revisar la condena de Godoy, una posibilidad es que se presente un recurso especial ante la Corte Suprema de la provincia.
La denuncia
La escena fue vista desde una ventana por una vecina, que vio al atacante de perfil y a la distancia. La mujer colaboró para elaborar un fotofit del asesino. Por los rasgos del dibujo, un sargento de la zona lo identificó como Godoy, a quien le dicen Puchero y vivía a pocas cuadras del lugar. Lo detuvieron ocho días después del crimen. Pero no se encontró elemento alguno que lo ligara al caso: no había rastros del atacante, la sangre hallada en el lugar no se correspondía con la suya y la testigo no lo reconoció en rueda de personas.
Lo único decisivo en su contra fue su propia confesión, efectuada por escrito ante la policía la noche de su arresto y sin la presencia de un abogado.
Al día siguiente, en Tribunales, volvió a admitir su participación ante un juez. Dijo que el contenido de su relato policial era correcto. Pero cuando supo que ese mismo día sería trasladado a otro penal pidió volver a declarar.
Entonces negó todo, aseguró que era inocente y dijo que se había incriminado bajo tormentos. Finalmente en 1994, durante el gobierno de Carlos Reutemann, fue condenado en un juicio oral. Esa modalidad era por entonces excepcional y optativa, ya que regía el juicio escrito.
El dictamen del proceso oral era inapelable porque el tribunal se integraba con jueces de la misma Cámara de Apelaciones en lo Penal. Los integrantes de la Sala II Carlos Serrano Brignardello, Patricio Lara y Ramón Ríos lo condenaron a prisión perpetua y a pagar 90 mil pesos de indemnización a los familiares de la víctima.
El descargo desoído. "Me comí una paliza tremenda. La policía me fue a buscar a mi trabajo. Me dijeron que tenían testigos que me habían visto en un homicidio. Me llevaron a Seguridad Personal y me golpearon. Eran como seis. Me tuvieron colgado, esposado. Me tapaban la cabeza con una bolsa y me metían en el agua. Después me pusieron una lapicera en la mano y me dijeron «firmá»", contó Godoy en diciembre de 2000 en la cárcel de Coronda, donde llevaba ocho años preso con un concepto intachable.
Diecinueve años después de aquella noche en Jefatura, la Comisión Interamericana consideró que no cuenta "con elementos suficientes para establecer si Godoy fue sometido a tratos crueles. Sin embargo, la falta de pruebas se debe a la falta de una investigación diligente por parte de las autoridades".
Omisiones. Para la organización es objetable, además, que no se haya citado en el juicio al sargento que creyó reconocer a Godoy en los trazos del fotofit. El acta policial que lo explica contiene pasajes casi cómicos: "Es en ese boceto donde el experimentado golpe de vista del sargento E., antiguo personal policial en la zona, profundo conocedor de sus habitantes, identifica con baquiana profesionalidad a Puchero Godoy". Ese fue, al fin y al cabo, el único elemento de sospecha que condujo al albañil.
Más grave aún fue, para la Cidh, que se le diera valor a una confesión atribuida a torturas "sin siquiera haber investigado los hechos". Esos hechos ocurrieron hace muchos años pero recién ahora, después de un largo reclamo que viajó de una punta a la otra del continente, la Justicia santafesina comenzará a revisar sus tropiezos.
Fuente: La Capital
