El secretario de Comunicación Pública, Juan Manuel Abal Medina, recibió este miércoles a las autoridades de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de visita en el país. Les entregó un duro documento.
La SIP llegó a la Argentina con el no oficializado fin de supervisar la libertad de expresión. Además de entregarles un documento sobre las principales políticas que impulsa el gobierno a fin de garantizar tales libertades, Abal Medina les presentó formalmente una carta en la que les recuerda, entre otras cosas, cómo en 1978, cuando vinieron a la Argentina con la misma misión, omitieron deliberadamente difundir el informe que daba cuenta de la simpatía que sentían los editores de los principales medios del país por la dictadura militar.
El informe que la SIP confeccionó en 1978 durante su visita al país entre el 18 y 25 de agosto de aquel año, fue el resultado de una misión presidida por Edward Seaton, propietario del diario Mercury de Kansas e Ignacio Lozano, del diario La Opinión de Los Angeles.
Dicho análisis, que no se dio a conocer en los medios, fue elaborado por Seaton y Lozano y, entre otras cuestiones, daba cuenta de que para los editores argentinos en aquella época, la seguridad nacional era prioridad por sobre la libertad de expresión, ya que justificaban la censura impuesta por el gobierno de facto, compartían sus políticas y se negaban a informar sobre la desaparición de personas, además de beneficiarse con diversos negociados: baste citar como ejemplo el caso de Papel Prensa.
Seaton y Lozano, en su calidad de representantes de la SIP, entrevistaron en aquella época a más de sesenta personas a fin de elaborar su informe que, a la postre, no tuvo mayor difusión y que tres décadas más tarde volvió al tapete, dada la reapertura del debate sobre la libertad de expresión.
En la reunión, el secretario de Comunicación Pública les hizo entrega a los titulares de la SIP un comunicado, el cual expresa el compromiso de la actual gestión de gobierno “con la defensa más irrestricta de la libertad de expresión (…). Las críticas al gobierno nacional, en muchas ocasiones con tono despiadado y repetitivo, son moneda corriente en la mayoría de los medios que informan a los argentinos. Por otro lado, es notable la omisión de información relevante acerca de medidas del gobierno nacional, así como la desinformación a través de falsedades y mentiras exhibidas con muy poco pudor. Estos hechos contribuyen a la construcción imperturbable de realidades virtuales que obligan a los ciudadanos a verificar a diario en qué mundo viven”.
“Aunque resulta asombroso –agrega el escrito– que suceda de continuo sin que se tema poner en juego el prestigio y la confiabilidad que son valores indispensables para la labor periodística, esta administración no ha osado ni osará silenciar a nadie. Entiende que es preferible soportar la difamación constante antes que cometer el más insignificante acto de censura”.
Abal Madina les solicitó a las autoridades de la SIP que juzguen con ecuanimidad y que “escuchen con respeto la opinión de los numerosos sectores de la sociedad civil que han tenido participación en el proceso de debate público de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual”.
En ese sentido, le entregó a Marroquín un informe en el que se detallan las políticas que llevaron adelante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para promover la libertad de expresión en todo el territorio nacional y la democratización del espacio comunicacional para brindar acceso a la información a una mayor cantidad de personas y que cuenta con un anexo, intitulado “Amenazas a la libertad de expresión en el contexto de la concentración monopólica del mercado de las comunicaciones. El caso del Grupo Clarín”, que indaga respecto de la posición dominante de dicho grupo empresarial en la matriz comunicacional actual en Argentina.
Solicitada
Aprovechando la presencia de la delegación de la SIP, un grupo de periodistas y comunicadores se entrevistó este jueves con el presidente de esa entidad, a quien le hicieron entrega de una solicitada en defensa de la Ley de Medios, la cual se reproduce a continuación:
Nosotros, los abajo firmantes, periodistas profesionales y trabajadores de medios escritos, radiales y televisivos, representantes de la cultura y docentes e investigadores en comunicación social de universidades de la Argentina, ante la próxima visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), queremos manifestar:
1) Que la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un avance extraordinario para nuestra democracia.
2) Que la derogación en 2009 de los delitos de calumnias e injurias fue otro paso trascendente para el desempeño sin ataduras de nuestra tarea.
3) Que el desconocimiento a la ley de los grupos monopólicos de la comunicación constituye una amenaza cotidiana a la libertad de prensa, como se advierte en el Punto 12 de la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.
4) Que son estos grupos los que vulneran el derecho de las audiencias a ejercer sus plenos derechos cuando incumplen la resolución legal 296/2010, de la AFSCA, que incluye en la grilla a canales alternativos a la oferta de un cableoperador dominante como Paka-Paka, Telesur, Incaa TV y CN23.
5) Que el manejo oligopólico arbitrario de la producción y reparto del papel para diarios, principal insumo de la prensa gráfica, hoy en manos de una mayoría privada constituida tras un traspaso accionario protagonizado por sujetos físicos investigados en la justicia por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, viola el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, de jerarquía constitucional en nuestro país, que señala: “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
6) Que hay plena libertad de opinión, pero la difusión de ideas se encuentra amenazada por los monopolios informativos.
7) Que condenamos la censura previa ejercida por Cablevisión, empresa del Grupo Clarín, sobre el periodista Marcelo Almada.
8) Que condenamos la persecución sindical en empresas periodísticas que vulneran la libertad de expresión y la de conciencia.
La misiva lleva la firma de personalidades como Víctor Hugo Morales, Juan Gelman, Alejandro Dolina, Horacio González, María Seoane, Adrián Paenza, Stella Calloni, Héctor Larrea y Norberto Galasso, una gran cantidad de periodistas, comunicadores y referentes.
