“Aprovechan estos momentos para agudizar los conflictos y demandas porque suponen que ahora es más fácil obtener beneficios”, afirmó Lifschitz este miércoles, en alusión a toda protesta que ose manifestarse en estas épocas electorales, tildándolas de oportunistas y políticamente tendenciosas.
Colgándose del discurso de la presidenta, quien este martes pidió a sindicatos y empresas métodos más racionales para encauzar los conflictos de índole gremial, el intendente rosarino pidió poner “límite a las protestas” que adolezcan de trasfondos políticos.
Específicamente, Lifschitz utilizó como pie lo dicho por Cristina Fernández para poder expresar su repudio a las variopintas manifestaciones de protesta que vienen teniendo lugar en el distrito rosarino: “La presidenta fue clara al referirse a los reclamos –dijo el intendente–. A las protestas movilizadas por grupos políticos también hay que ponerles límites”, disparó.
Con ello dejó en claro que además de ser producto de cierto oportunismo piquetero, las protestas locales tienen para Lifschitz un trasfondo político, es decir que tienen origen y fines políticos, y no una causa social legítima. ¿O acaso está queriendo decir otra cosa?
Porque si es así cabe preguntarse entonces si hay alguna manifestación pública a favor o en contra que no tenga trasfondo político. Y, además, ¿desde cuándo es pecado el cariz político que pueda tener una manifestación?
A fines de establecer parámetros exactos para analizar la política oficial ante las manifestaciones de protesta, resulta oportuno definir primero el término política. Y, a falta de una, van dos acepciones tomadas del Diccionario de la Real Academia Española:
» Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, o de cualquier otro modo.
» Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado.
Si contemplamos que los ciudadanos en protesta intervienen en asuntos públicos ya que reclaman por sus derechos en forma pública (¿si no, cómo?), podríamos enmarcar a sus acciones de protesta como parte de la política según la primera acepción.
Y si convenimos que la movilización, el piquete, la huelga, etc., se cuentan entre las trazas o artes o medios con los cuales se pretende alcanzar un fin determinado, digamos que toda manifestación pública, incluida la del intendente, son poseedoras en mayor o menor grado de algún trasfondo político. ¿Acaso no lo hay en las declaraciones del jefe municipal?
En realidad no. En todo caso no se trata de trasfondo –aquello que está o parece estar más allá del fondo visible de una cosa o detrás de la apariencia o intención de una acción humana– porque en el caso de lo dicho por Lifschitz resulta obvia la intención concreta de deslegitimar los reclamos sociales que afectan a su gobierno.
Y el oportunismo que les endilga, dado el contexto electoral del momento, a las agrupaciones sociales y políticas, a los ciudadanos que estas nuclean, o a todo aquel que ejerza su derecho a reclamar lo que sea que sientan, intuyan o determinen que debe ser reclamado, en todo caso, resulta considerablemente más justificable, razonable y admisible, que el oportunismo proselitista de las autoridades del municipio de turno, que mientras mugen su aversión a los piquetes, las marchas y los paros, siembran la ciudad de obras apuradas, amontonadas y anacrónicas en una especie de verdadero piqueterismo de campaña o, si se prefiere, ostentación insensata de espíritu de servicio que durante los años de gestión jamás evidenciaron.
Entre obras públicas nuevas y de mantenimiento de la infraestructura existente, la Municipalidad de Rosario ya emprendió o está en vísperas de emprender durante el corriente año, entre otras, obras de repavimentación de la avenida San Martín, intocada durante décadas, remodelación de Batlle y Ordóñez desde bulevar Oroño hacia el oeste, remodelación de calle Junín, bacheos y pavimento en zona oeste, desagües pluviales en Empalme Graneros y en zona sur, obras de cloacas en San Francisquito, San Martín A y Las Flores, demás bacheos, remodelaciones de veredas, etcétera, etcétera, etcétera.
Para el ejercicio 2010, según consta en los resúmenes publicados en el sitio web de la Municipalidad de Rosario, el presupuesto para obras públicas no alcanzó los cien millones de pesos. Vaya casualidad, para este año electoral de 2011, se presupuestó la humilde suma de 250 millones de pesos, casi el triple que el año pasado. ¿Algún trasfondo político en la diferencia?
