El director del organismo de protección de niñez de Entre Ríos, Daniel Cottonaro, señaló que el caso de la niña de 11 años embarazada cuya familia pidió su interrupción, “es delicado y hay que esperar lo que diga la Justicia”. Organizaciones sociales, en tanto, solicitaron que "se preserven los derechos de la pequeña y se investigue el abuso sexual".
La nena denunció que fue abusada por un joven de 17, mientras que los familiares reclamaron la interrupción de la gestación.
"Sabemos que la mamá de la nena se presentó con un letrado ante la justicia que evaluará los exámenes clínicos y los psicológicos y se expedirá sobre el caso que es muy delicado y de difícil resolución", indicó Cottonaro.
El titular de Rehabilitación y Reparación de Derechos del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Entre Ríos (Copnaf) aseguró que el equipo del organismo "tomó contacto con la familia. Nosotros tenemos un protocolo ante los casos de abuso porque el exceso de intervenciones puede re-victimizar a la niña".
Cottonaro detalló que su equipo pudo tomar contacto con la madre, pero no con la niña "porque se encuentra shockeada y hay que ser muy cauteloso en el trato".
En tanto, el ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, sostuvo que el embarazo de la niña "no amerita interrupción por risego obstétrico", según el informe médico de los especialistas del Hospital de Concordia, que será evaluado por la justicia.
Por su parte, Lucía Garrido de la Red Alerta contra el abuso sexual infantil y la trata de Entre Ríos confirmó que, junto a la fundación Tramando, "estamos en contacto con Susana Benítez, abogada de la familia de la nena".
"Nos pusimos a disposición de la familia, para acompañarla en lo que la mamá decida; queremos que sepa que cuenta con nuestro apoyo, pero no queremos invadirla", explicó Garrido.
También, le pidieron al funcionario judicial que "respete la decisión de la madre y que cesen las opiniones públicas de funcionarios porque se está violando el derecho a la privacidad de la pequeña", dijo.
Asimismo, las dirigentes requirieron a Pedemonte que "se active la investigación por abuso sexual, que la interrupción del embarazo se realice en el circuito legal y que se preserven las pruebas del delito de abuso".
Según Garrido "la nena ya declaró, por lo tanto no debe ser sometida a ningún otro tipo de interrogatorio, ya que el nuevo Código Procesal Penal de la provincia establece que cuando la víctima tiene menos de 16 años, sólo debe testimoniar una vez".
En ese sentido, las organizaciones entrerrianas y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, solicitaron que "no se vulnere la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes".
La niña de 11 años es oriunda de General Campos, una localidad de 3000 habitantes, desde donde su mamá y una tía la llevaron al Hospital de San Salvador, cabecera de departamento, para recibir atención de lo que aparentaba ser una apendicitis.
Los médicos determinaron que estaba embarazada por lo que, pese a los requerimientos de la madre para que le realicen un aborto no punible a la niña, el director del Hospital de San Salvador, Juan Arletaz, le aconsejó que hiciera una denuncia policial y judicial.
Al conocer la noticia, la familia realizó una denuncia por abuso sexual contra un joven de 17 años, causa que se abrió en la ciudad de Colón.
Ante la negativa de Arletaz de practicar la interrupción del embarazo, la mamá de la niña solicitó un aborto no punible ante el juzgado de Familia de Concordia, a cargo durante la feria, del magistrado Raúl Tomaselli, quien todavía no tomó ninguna decisión.
Durante la jornada, organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer y la niñez emitieron comunicados recordando que "tanto el Código Penal, como el Protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales y la Guía Técnica de Atención Integral de los Abortos No Punibles -recientemente normatizadas por el Ministerio de Salud de la Nación- establecen criterios claros para la intervención médica en casos de embarazos no punibles".
Fuente: Télam
