El diputado provincial Gerardo Rico respondió al ministro de Justicia , Juan Lewis, respecto de la política de derechos humanos del socialismo. “Si la impunidad que remarco en torno del asesinato de Silvia Suppo son «declaraciones en general», entonces Lewis no entendió nada” dijo el legislador del Movimiento Evita.
El diputado del Frente para la Victoria (FPV) reforzó su crítica respecto a la política de derechos humanos de la gestión socialista: “El acoso a testigos en Santa Fe; la nunca aclarada amenaza a la compañera Josefina T. –que sí estaba acogida al Programa de Protección–, o la total desprotección en Reconquista para con el fiscal de la causa no son opiniones arbitrarias, forman parte de la «no política» que el socialismo en el poder aplica en materia de derechos humanos”.
En este sentido, el legislador provincial del Movimiento Evita fue a fondo contra el funcionario socialista: “Desde 1983 nunca falté a las marchas organizadas por los organismos de derechos humanos, y a Lewis nunca lo vi”. Y agregó: “La relación que señalan los funcionarios socialistas entre mi crítica a sus políticas sobre derechos humanos y las declaraciones del actual intendente de Villa Gobernador Gálvez –que rechacé públicamente– es una chicana barata de parte de quienes en todo momento protegieron al ex jefe comunal Murabito, que hizo desaparecer mágicamente siete millones de pesos de las arcas públicas y se fugó al final de su gestión”.
Rico recordó que “Lewis –asesorado por el ex ministro Héctor Superti– calificó a mi crítica como «discurso de tierra arrasada»”, al tiempo que se preguntó: “¿La falta de compromiso en el avance de los juicios en Santa Fe y el fracaso del Programa de Protección de Testigos de causas por crímenes de la dictadura son responsabilidad de quienes venimos exigiendo un cambio desde la asunción del ex gobernador Hermes Binner y ahora insistimos en el reclamo ante la administración que encabeza Antonio Bonfatti?”.
Por último, el legislador rosarino remató: “La falta de un trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; el retaceo presupuestario permanente al área provincial; los impedimentos permanentes al Equipo de Antropología Forense; la indolencia en el manejo de elementos del archivo de la memoria, que motivó la intervención de la fiscal Mabel Colalongo, que tuvo que obtenerlos judicialmente para metodizarlos y que sean útiles como medios de prueba; el freno permanente a la Ley de Pensión para los ex presos políticos habla a las claras de esa «no política», que en realidad termina siendo una política absolutamente funcional a quienes quieren echar un manto de olvido sobre el tenebroso accionar de una dictadura genocida que –y algún día deberán explicarlo– no le deparó persecuciones ni desaparecidos a este socialismo que pregona progresismo pero derrocha prácticas conservadoras en su gestión”.
