En un reclamo que parece más propio de un personaje salido de Peter Capussoto y sus videos, una vecinal de Funes exigió a la Municipalidad un registro de albañiles y jardineros para combatir “el flagelo de la inseguridad”.
Entendiendo, como les explicara la policía local, que entre los albañiles y jardineros «se camuflan los delincuentes», un grupo de habitantes de las zonas 1, correspondiente al centro de la localidad; y 8 y 9, aledañas a Roldán, formaron una nueva vecinal a partir del cansancio de sus vecinos tras una seguidilla de robos: 25 en los últimos seis meses.
Al polémico registro se sumó otra polémica solicitud: exigen “un censo habitacional y ambiental en terrenos cedidos por la Municipalidad para saber si coinciden los beneficiarios y los ocupantes, si vive el grupo familiar y determinar origen de sus ingresos».
Sin embargo, desde la Municipalidad se negaron a siquiera considerar tales medidas que «sólo servirían para estigmatizar». «Los vecinos quieren buscar algún culpable de la inseguridad y estigmatizan a un sector social y no me parece que sea la solución», adujo el Secretario de Gobierno y Reforma del Estado, Gonzalo Miranda Aguiar. Y agregó: «No podemos ir hacia la caracterización de un sector social vinculado al delito cuando es una actividad que tiene mucha fuerza y sostiene de muchas maneras el crecimiento de Funes, Rosario y la región».
No obstante, el gobierno del Jardín de la Provincia admite que sí existe un problema de inseguridad por lo que su intendenta, Mónica Tomei, asistió dos semanas atrás a un encuentro con el Subsecretario de Seguridad Pública de la Provincia, Osvaldo Laffatigue, con el afán de mostrar el Plan Municipal de Seguridad de la ciudad y a la espera que la Provincia lo apruebe.
Tres fueron los pedidos más importantes que Funes le hizo al gobierno provincial: cámaras de seguridad inalámbricas de fibra óptica; cuatriciclos para recorrer con más facilidad el largo de la localidad; y el montaje de dos destacamentos policiales en barrios periféricos con el fin de «descentralizar» acciones preventivas.
«La situación de desesperación e inseguridad lleva a hacer propuestas que no están dentro de las acciones del marco de las leyes. No creo que lo hagan como una voluntad de discriminación, sino como una respuesta a la preocupación creciente a unos episodios de inseguridad”, concluyó Miranda Aguiar tratando de poner paños fríos sobre la controversial petición.
Finalmente, respecto del censo de terrenos requerido, Miranda Aguiar explicó que, de hecho, se está llevando uno a cabo en conjunto con la Secretaria de Planeamiento local y la Oficina de Empleo, a los fines de ayudar a encontrar a sus titulares ocupantes, un empleo en blanco.
Fuente: Rosario 12
