El constitucionalista Eduardo Barcesat advirtió que hay “un esfuerzo de los medios hegemónicos de introducir una crítica desgastante del Gobierno” a partir del tratamiento periodístico del caso Ciccone-Boldt.
Afirmó que se replica una situación similar a la que “ya tuvimos con el conflicto del campo”, y aunque reivindicó la honorabilidad y trayectoria del juez Daniel Rafecas, consideró que “lo preferible es que dé un paso al costado”.
En diálogo con el programa de Victor Hugo Morales de Radio Continental, el titular de la Cátedra de Teoría General y Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UBA y abogado de organizaciones defensoras de los derechos humanos, afirmó que si bien “parece una causa muy nimia para el grado de difusión pública, todo lo que ha rodeado la causa y la explotación mediática desvirtúa la función pública y la comunicación social”.
“Hay un esfuerzo de los medios hegemónicos de introducir una crítica desgastante del Gobierno y afectar la imagen de la presidenta en última instancia. Ya tuvimos el conflicto del campo. Ahora, aunque se cuidan bastante, ya daban como que el vicepresidente tiene que alejarse, que no debe seguir en la función pública», manifestó.
«Detrás de esto hay un sentido de desestabilización que es muy difícil que se consume pero que la intención subjetiva exista, no hay duda”, dijo.
Barcesat hizo un recuento de las alternativas de una “causa que complica mucho”.
“A mí me gustaría situar los hechos de acuerdo a lo que se conoce: una empresa que estaba en quiebra, solicita el levantamiento de la quiebra, propone un plan de pago que es aceptado por todos los acreedores. El síndico dictamina a favor, el juez levanta la quiebra, nadie apela. Y luego viene el tema de investigar si atrás no hubo segundas intenciones”, aseguró.
Barcesat explicó que son dos los delitos pasibles de ser investigados a partir de este dictamen: si hubo “malversación de caudales públicos” y “negociación incompatible con la función pública”.
“Para eso lo más eficaz son los informes y pericias contables, determinar si hubo sobreprecios y con esto sí se puede hacer una causa. Pero todo esto que ha rodeado la causa y la explotación mediática desvirtúa la función pública y la comunicación social”, consideró.
“A mí no me parece que forme parte del objeto procesal si son amigos íntimos (Vanderbroele y Nuñez Carmona), primero hay que determinar si hubo un perjuicio económico para el Estado y un beneficio económico para el funcionario. Una investigación que tiene que tener pruebas de cargo y descargo…pero esto que se haga un allanamieto y se quebrante el secreto de sumario, que trascienda un hecho en función de obtener un beneficio, si esto se ha perpetrado, mancha la causa”, agregó.
“Cuando la causa está así, con mácula, lo preferible es que el juez dé un paso al costado y esto no va a afectar su imagen como hombre honorable. Que venga un juez que no mire la causa por otra cosa más que por lo que tiene que mirarla que es el objeto procesal”, dijo.
