En una larga sesión de más de 13 horas, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó por 50 votos a favor y 49 en contra, el proyecto de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación del feto.
En consecuencia, sólo resta que la mayoría oficialista en el Senado ratifique los cambios introducidos por la Cámara Baja al proyecto inicial para que la iniciativa sea convertida en ley.
La propuesta original, que había aprobado el Senado en diciembre pasado, establecía la legalización del aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación y catorce en casos de violación, y dejaba la decisión en manos de las mujeres sin ningún tipo de intermediarios.
En tanto, el proyecto aprobado, a las 23.35 de este martes por la anoche, cambió la legalización por la despenalización tras el apoyo del diputado Iván Posada, del Partido Independiente, luego de que el legislador frenteamplista Andrés Lima rechazara a la iniciativa y pusiera en jaque la mayoría de la bancada oficialista, que tiene 50 diputados sobre 99.
Además, como parte de la negociación entre el bloque del Frente Amplio (FA) y Posada, se estableció una instancia que obliga a las mujeres a comparecer ante una comisión integrada por médicos y asistentes sociales quienes le explicarán los alcances de su decisión.
Transcurridos cinco días de reflexión, entonces sí la mujer tendrá la última palabra.
En esa línea, el artículo 2 del proyecto recién aprobado dice: “La interrupción del embarazo no será penalizada, y en consecuencia no serán aplicables los artículos 325 y 325 bis del Código Penal, para el caso que la mujer cumpla voluntariamente con los requisitos que se establecen en los artículos siguientes y se realice antes de las 12 semanas de gravidez.”
Al comenzar la sesión Posada afirmó que el proyecto a consideración da soluciones «más concretas» y «más humana» al problema.
«Este proyecto opta por el camino del medio, por la senda del menor mal», agregó en referencia a la norma que, de aprobarse, creará un equipo de tres profesionales (ginecólogo, psicólogo y sociólogo), que apoyarán a la mujer en un espacio de cinco días para decidir un aborto.
La propuesta de ley establece que los profesionales de la salud que tengan objeción de conciencia deberán manifestarla en la institución en la que trabajan y dicha objeción será aplicable en todas las instituciones de salud donde se desempeñen.
A las instituciones que por su ideario sean contrarias al aborto, como el Círculo Católico y el Hospital Evangélico, tampoco se las obligará a realizar los procedimientos pero deberán derivar a la mujer a otra institución para que la interrupción sea realizada.
En la sesión que comenzó apenas pasadas las 10 de la mañana, hubo acusaciones cruzadas, gritos desde la tribuna y diputados que daban lugar a sus suplentes para no desacatar la disciplina partidaria de los bloques oficialista y colorado.
Durante buena parte de la tarde, decenas de mujeres que en los alrededores del Palacio Legislativo se manifestaron a favor de la despenalización sin ropa y con sus cuerpos pintados de naranja mientras grupos antiabortistas se congregaban también en las inmediaciones de la casa de las leyes.
Dentro del recinto, las posturas fueron variadas. El legislador del partido Colorado Fernando Amado marcó uno de los momentos cruciales de la sesión cuando argumentó a favor del proyecto y luego explicó que no podrá votarlo por la disciplina partidaria impuesta por su sector, Vamos Uruguay.
«Vengo con un sentimiento de profundo dolor como ciudadano uruguayo y como miembro del Partido Colorado», comenzó diciendo Amado, que argumentó a favor del proyecto en Diputados pero salió de sala para que entre un suplente, el diputado Álvaro Fernández.
Otro de los puntos esperados del debate era la argumentación del diputado del Partido Independiente Daniel Radío, que manifestó su posición contraria al proyecto del otro legislador de su partido, Iván Posada.
Según Radío, el proyecto de ley de Posada «constituye un retroceso en términos civilizatorios», afirmando que el nombre de «Interrupción Voluntaria del Embarazo es un eufemismo de la cesación provocada de la vida».
En ese sentido, sostuvo que la iniciativa es «otro gesto de desprecio por la otredad».
Por tratarse de un proyecto diferente al tratado en diciembre en el Senado, el proyecto deberá retornar a la Cámara Alta en caso de ser aprobado este martes. Se descuenta que allí nuevamente será aprobado y entonces sí convertido en ley.
En la sesión se escucharon tres informes. Uno en mayoría a cargo de Posada y con el respaldo del FA expresando que el proyecto “apunta a preservar todos los derechos y valores en juego: el derecho de nacer del concebido, los derechos de la mujer y los derechos de la sociedad de construir una convivencia más digna para todos los ciudadanos”.
En su intervención Posada defendió el proyecto y lo indicó como “idóneo para disminuir la cantidad de abortos que se practican en el país”. “Este proyecto opta por el camino del medio, por la senda del menor mal”.
El segundo informe fue del opositor Partido Nacional, a través de su diputado Javier García, que expuso su posición “a favor de la vida” y en la “defensa de los derechos humanos” que “debe ser siempre irrestricta”.
El legislador del Partido Colorado Fitzgerald Cantero por su parte indicó que en el proyecto “se pone el acento en uno solo de los seres que son parte del proceso de construcción de la vida humana pues se ignora el embrión que no cuenta; solamente importa la mujer embarazada”.
En ese sentido, agregó que con este proyecto “la madre podrá hacer, de acuerdo a su estado de ánimo, lo que quiera con el embarazo”.
El diputado frenteamplista, Álvaro Vega, del mujiquista Movimiento de Participación popular (MPP) aportó a la discusión datos que provienen de la Organización Mundial de la Salud a través de los cuales se expone que “el 99 por ciento de las muertes maternas se dan en países en vías de desarrollo”.
“El 80 por ciento de los casos derivan de las hemorragias, de las infecciones, de la hipertensión en el parto y de los abortos en situaciones de riesgo. Impiden la atención de estas madres que se mueren, la pobreza, la distancia, la falta de información, la
inexistencia de servicios adecuados y las prácticas culturales”, agregó.
Por su parte, el diputado del Frente Amplio Julio Battistoni dijo que junto a sus amigos vendía pertenencias para financiar la operación clandestina de sus abortos. «Yo ayude a realizar a algún aborto a compañeras de estudio», dijo el legislador.
El proyecto para la “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo” plantea que antes de las primeras 12 semanas de gravidez, la mujer deberá concurrir a consulta médica habilitada por el Ministerio de Salud Pública, a efectos de poner en conocimiento del médico las circunstancias derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que, a su criterio, le impiden continuar con el embarazo en curso.
Luego, el médico tendrá que acordar una consulta con un equipo interdisciplinario, integrado al menos por tres profesionales, de los cuales uno deberá ser médico, otro deberá tener especialización en el área de la salud psíquica y el restante en el área social. Al menos uno de los profesionales que integren el citado equipo deberá pertenecer a la lista del personal con objeciones de conciencia, expresa el texto del proyecto.
Este último punto fue el que generó desacuerdo por parte del Frente Amplio. Ante ello, Posada planteo la posibilidad de eliminar esta disposición si eso significaba un escollo para el estudio del proyecto. No obstante, se mantienen exigencias como la
obligatoriedad de que la mujer, una vez concluida la sesión de asesoramiento, deba observar cinco días de reflexión antes de concretar la ya decidida interrupción de su embarazo. Así, las mujeres que lo deseen podrán quedar eximidas del castigo que impone la ley en vigencia, que establece prisión de tres a nueve meses a la mujer que consienta un aborto, de seis a 24 meses a quien colabore con el mismo y de dos a ocho años a quien lo practique sin consentimiento de la embarazada.
El proyecto no legaliza el aborto sino que lo despenaliza en la medida en que se cumplan los requisitos planteados. Así, estarán habilitadas para solicitar la interrupción
del embarazo en los términos del proyecto las ciudadanas uruguaya naturales y legales, mientras que las extranjeras deberán probar un año de residencia en el país.
A las mujeres menores de 18 años y a las declaradas incapaces se les demandará el consentimiento de sus responsables legales; si no cuentan con él, deberán tramitar ante la Justicia la determinación de que su decisión es voluntaria, espontánea y consciente, luego de lo cual también tendrán que transitar por el procedimiento legislado.
Fuente: Télam
