El presidente Daniel Noboa logró que se acepten las propuestas relacionadas con el combate a la inseguridad, pero cosechó un contundente rechazo popular a la precarización laboral y la entrega de los recursos naturales.

El discurso de la militarización y la mano dura siguen logrando la adhesión de buena parte de la ciudadanía en Ecuador, pese a que la realidad lo desmienta una y otra vez. Las medidas que esta narrativa propone e implementa no disminuyen la inseguridad ni la violencia, sino que la aumentan. Los ciudadanos no viven más tranquilos en un país militarizado. Por el contrario, a la violencia de las bandas criminales se suma la violencia estatal, que no está dirigida precisamente a quienes dice combatir. Las razones que explican la vigencia de esta dañina mentira son muchas y muy complejas. El enorme y poderoso aparato propagandístico de los medios hegemónicos al servicio de los poderes fácticos es una de ellas. Sin embargo, la manipulación encontró sus límites en temas que tienen que ver con el trabajo, la economía, los recursos naturales y la soberanía. No funcionó allí la realidad paralela, y la mayoría votó en contra de las propuestas del gobierno. 

Tras la militarización y la declaración de “guerra interna” y “estado de excepción”, y luego de caracterizar a las bandas criminales como “terroristas”, la violencia no disminuyó en Ecuador. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa llamó a un referéndum y a una consulta popular con el objetivo de recuperar terreno en medio del desastre de su gestión y, de ser posible, proyectarse para una reelección en 2025. En las preguntas que apuntaban a la mano dura, y a una mayor bukelización de ese país, ganó el Sí. Por el contrario, al oficialismo no le fue bien en los temas relacionados con el ajuste neoliberal (entre ellos, la reforma laboral) ni tampoco en otras propuestas paradigmáticas de los gobiernos de derecha en América Latina, y que apuntan a la pérdida de soberanía y el debilitamiento del Estado frente al poder corporativo internacional.

De las once preguntas, la mayoría estuvieron enfocadas a dotar al Estado de más herramientas para combatir a la criminalidad organizada, por ejemplo, la que propone que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la policía en operaciones contra las bandas criminales de forma permanente, sin necesidad de establecer estados de excepción.

Seis preguntas correspondían a la consulta popular, que no tiene carácter vinculante, y cinco al referéndum, que implica reformas legales y constitucionales. 

El oficialismo intenta además que los militares estén a cargo de controlar los accesos a las cárceles, el epicentro de la crisis de violencia, donde hasta hace unos meses las bandas tenían el control interno de las prisiones y contaban en su interior con grandes arsenales de armas de fuego, explosivos y armas blancas. Otra pregunta clave es la posibilidad de permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países, informó Página 12.

También se consultó a la población sobre elevar las penas en delitos relacionados con el crimen organizado transnacional y eliminar los beneficios penitenciarios para algunos de estos tipos penales, de forma que los condenados bajo esas figuras cumplan toda su condena en la cárcel. 

Se preguntó además sobre la necesidad de considerar un delito la tenencia y portación de armas de uso exclusivo de la policía y las Fuerzas Armadas. Otra de las consultas apuntaba a que el armamento incautado a la delincuencia pase inmediatamente a equipar a las fuerzas de seguridad. También se consultó sobre agilizar el trámite de expropiación de bienes de origen ilícito.

El medio ecuatoriano Radio Pichincha informó que la pregunta sobre el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía, obtuvo un 73,05 por ciento a favor del Sí. La consulta sobre la extradición de ecuatorianos, obtuvo el Sí en un 65,11 por ciento

En la pregunta sobre el arbitraje internacional ganó el No, con un 64,88 por ciento. La que consultaba sobre el trabajo por horas cosechó una respuesta negativa del 68,83 por ciento. Esta última apuntaba a flexibilizar la normativa laboral al modificar el Código de Trabajo en favor de la precarización, en línea con el ajuste neoliberal que intenta aplicar Noboa. 

En la pregunta sobre el control de armas que realizarán las Fuerzas Armadas en las cárceles, el Sí obtuvo un 70,72 por ciento. La que consultó sobre incrementar las penas para ciertos delitos, obtuvo un 68,23 por ciento por el Sí. También ganó la respuesta afirmativa, por un 67,69 por ciento, en la propuesta del cumplimiento total de penas dentro de las cárceles. El Sí ganó asimismo en la pregunta sobre tipificar el delito de tenencia y porte de armas.

La consulta sobre si las armas y los objetos decomisados al delito pueden ser utilizadas por la fuerza pública, obtuvo una respuesta afirmativa en el 64,80 por ciento. 

“No” a la propuesta de rifar la soberanía

En la nota titulada “El voto envenenado en Ecuador”, publicada en El Cohete a la luna el 14 de abril de 2024, antes de la consulta, Sergio Ferrari analiza la pregunta “¿Está usted de acuerdo en que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?”, y asegura que no es nada banal “en una nación en la mira de las multinacionales, principalmente las petroleras y las de recursos naturales”.

“El arbitraje internacional, un mecanismo concebido por y para inversores extranjeros, les brinda una vía judicial internacional, paralela y privilegiada, sin obligación de pasar por la justicia nacional. Uno de los pilares del actual sistema de resolución de controversias inversor-Estado, se trata de un mecanismo esencial de muchos de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y Tratados de Libre Comercio (TLC) existentes”, indica la nota al tiempo que advierte que la aceptación, por parte de la ciudadanía, hubiese significado un golpe fatal contra la soberanía nacional. Pero la mayoría dijo No.

De no haber sido así, argumenta Ferrari, las consecuencias podrían ser nefastas para la economía nacional porque se estaría modificando el artículo 422 de la Constitución de 2008. El mismo establece que “no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.

El analista cita a la investigadora y politóloga alemana Bettina Müller, asociada con el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, y con una larga experiencia en América Latina, quien explica que la Constitución ecuatoriana prohíbe ceder soberanía a instancias arbitrales internacionales en caso de disputas con entes privados extranjeros (inversores o empresas transnacionales). Entre ellos, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial y centro de arbitraje más usado a nivel global.

En la nota titulada “La consulta popular como tendencia de la derecha neoliberal ecuatoriana”, publicada en el sitio Nodal el 20 de abril con la firma de Mateo Flores se afirma que Ecuador es el quinto país de la región en cuanto a la cantidad de demandas en su contra por controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales, con grandes empresas, la mayoría mineras y petroleras. 

“El caso más simbólico de esto es el de Texaco-Chevron, que en la época de los 80 y 90 ocasionaron graves desastres ambientales en medio de la selva amazónica del Ecuador (incluso catalogándolo como ecocidio), con vulneración de la naturaleza y afectación a poblaciones cercanas a estos campos petroleros; cuando el país buscó demandarles por daño ambiental y por todas las acciones irresponsables que ocasionaron, el Ecuador perdió dicha demanda ya que el método de arbitraje internacional le dio el beneficio a la empresa y no al país demandante que éramos nosotros (…) ¿Qué busca el gobierno de Daniel Noboa con esta pregunta? Pues, es bastante sospechoso que, al ser su familia propietaria de empresas vinculadas a la minería y con representación en el extranjero, se vean beneficiados con este tipo de acuerdos que tan sólo perjudicarían los intereses del país”, señala Flores. 

A las urnas en medio de la violencia

Pese a que, según Noboa, el referéndum está enfocado a consultar medidas para combatir el crimen organizado, atraer inversiones y crear empleo, el pueblo concurrió a las urnas en medio de una grave crisis energética (con grandes apagones en gran parte del país), y pocas horas después del asesinato de dos alcaldes en tres días.

Apenas accedió al poder, el mandatario dio a conocer su intención de celebrar este referéndum en los primeros cien días de su mandato. Algunas de las once preguntas que se incluyeron son similares a las propuestas del ex presidente Guillermo Lasso en el plebiscito que convocó en febrero de 2023 y que perdió por completo, lo que lo dejó en una situación muy débil que pocos meses después condujo a las nuevas elecciones que ganó Noboa.

Pero a diferencia de Lasso, y en medio de un país en llamas, Noboa llegó a la consulta con un índice de popularidad que a principios de 2024 superó el 70 por ciento, un nivel parecido al de Nayib Bukele en El Salvador, con el que se lo ha comparado mucho por su mano dura contra la criminalidad y política carcelaria.

En las últimas semanas repuntó la violencia de las bandas criminales, que en los últimos años llevaron a que Ecuador sea uno de los países con más homicidios per cápita de Latinoamérica, con 45 por cada cien mil habitantes en 2023. Los dos alcaldes asesinados pertenecían a localidades en cuyos territorios hay presencia de minería ilegal, una de las actividades en las que incursionó el crimen organizado, además del narcotráfico.

Según informó el diario ecuatoriano Primicias, al conocerse los primeros resultados, Noboa publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que aseguró: “Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverles la paz a las familias ecuatorianas”.

El mensaje de Noboa fue acompañado con imágenes de él junto a su esposa Lavinia Valbonesi y sus hijos Álvaro y Luisa. En un segundo mensaje, posando junto con una parte de su equipo de trabajo, señaló: “El equipo ganador. Los mejores del Nuevo Ecuador”.

La realidad desmiente a la ficción, pero ¡aguante la ficción!

Pese al triunfalismo de Noboa, la realidad de Ecuador poco tiene que ver con las palabras del presidente de ultraderecha neoliberal, pero el blindaje mediático le permite mentir y ganar adhesiones con sus mentiras.

Además del asesinato de los dos alcaldes, el director de la cárcel El Rodeo fue asesinado en Jipijapa, en plena jornada electoral. 

Según el medio ecuatoriano Ecuavisa, el abogado Cosme Damián Parrales, quien se desempeñaba como director de la cárcel El Rodeo de Portoviejo, fue asesinado la tarde del domingo 21 de abril, en plena jornada electoral, en una cevichería (casa de comidas donde venden ceviche) de Jipijapa.

Según información preliminar, agrega Ecuavisa, fue atacado a varios balazos mientras estaba sentado en una de las mesas de un local. Los sicarios se movilizaban en una motocicleta. Este hecho violento ocurre durante la jornada electoral de la consulta popular y referéndum. De acuerdo a información de la Contraloría General del Estado, Parrales ostentaba este cargo desde el 15 de abril.

El 19 de abril fue asesinado el alcalde del municipio de Portovelo, Jorge Maldonado, en la sureña provincia costera de El Oro, limítrofe con Perú. Fue el segundo homicidio de un alcalde en tres días y se produjo en medio del “conflicto armado interno” que desde inicios de 2024 declaró el presidente Noboa para enfrentar al crimen organizado y en vísperas de un referendo propuesto por el mandatario que abordará cuestiones claves de seguridad, informó France 24.

El asesinato de Maldonado se produjo menos de 48 horas después del ataque perpetrado contra José Sánchez, alcalde de Camilo Ponce, municipio situado en la sureña provincia andina de Azuay. Ambos municipios (Portovelo y Camilo Ponce) tienen en común que en sus territorios hay presencia de actividades de minería ilegal, además de estar en zonas de tránsito hacia la costa ecuatoriana, que constituyen el principal eje del narcotráfico llevado a cabo por las bandas criminales que operan en Ecuador, agrega el medio francés.

Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 27/04/24

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