Daniel Noboa se inscribe entre los mandatarios que gobiernan sin respetar normas nacionales e internacionales, con el amparo de los poderes fácticos y el apoyo de parte de la población, que prefiere padecer una gestión desastrosa antes que vuelva el demonizado “correísmo”.
En junio de 1976, las fuerzas del ejército de Uruguay detuvieron a Elena Quinteros, una maestra y militante del Partido por la Victoria del Pueblo. Con la excusa de brindar información a sus captores sobre un contacto de la organización, Elena se hizo conducir hasta la Embajada de Venezuela en Montevideo, donde intentó escapar y buscar asilo. Se produjo entonces un forcejeo entre las fuerzas de seguridad uruguayas y el personal diplomático de la embajada, y Elena fue capturada nuevamente por los militares. El embajador de Venezuela de entonces, Julio Ramos, se comunicó con el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo para protestar por el secuestro de una mujer en territorio venezolano. La dictadura decidió no entregar a Elena, lo que llevó a que el 5 de julio de 1976, Venezuela rompiera las relaciones diplomáticas con Uruguay.
“Venezuela retira su embajador de Uruguay”, tituló El País de Madrid en su edición del 4 de julio de 1976.
Elena Quinteros fue torturada, asesinada y desaparecida por la dictadura cívico-militar de Uruguay (1976-1985).
El hecho se recuerda hoy como uno de los escasos ejemplos, al menos en la historia reciente, de un asalto como el perpetrado por la policía de Ecuador el 5 de abril de 2024, cuando atacó la embajada de México en Quito para capturar al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, que se encontraba refugiado en esa sede diplomática de México y ya tenía aprobada su petición de asilo.
Glas, todo un símbolo del uso de la denominada “guerra judicial” para demonizar y proscribir, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad y, al cierre de esta edición, había comenzado una huelga de hambre. La comparación con el accionar de dictaduras genocidas, da cuenta de que el gobierno del multimillonario Daniel Noboa responde a una matriz que se puede verificar asimismo en Perú y en la Argentina (por tomar sólo dos ejemplos de la región): gobiernos elegidos por el voto popular que toman una deriva autoritaria y violenta, que desconoce la Constitución y los tratados internacionales.
Pese a tener legitimidad de origen (la voluntad popular), en el ejercicio de la gestión los gobiernos ajustadores y entreguistas desconocen con total desparpajo el sistema democrático, la división de poderes, y los derechos humanos.
La legitimidad de origen es condición necesaria, pero no suficiente, para hablar de democracia, concepto, que al igual que “libertad”, son vaciados de sentido, instrumentalizados y manipulados por los aparatos propagandísticos de gobiernos que se manejan al margen de la ley.
Incluso pueden, en algunos aspectos, ir más allá del accionar de las dictaduras. Durante el genocidio perpetrado por Augusto Pinochet en Chile (1973-1990) los jardines que rodean a la embajada de Italia en Santiago estaban repletos de carpas ocupadas por asilados. En 2018 el director italiano Nanni Moretti dio a conocer el documental “Santiago, Italia”, un documental de 80 minutos que recoge testimonios de mujeres y hombres que vivieron esa experiencia.
Entrevistado por Horacio Bernardes en Página 12, Moretti señaló que quiso dejar documentado “un detalle que había quedado al margen: el albergue que la embajada italiana dio en 1973 a todos los perseguidos por la dictadura pinochetista”.
Los politólogos de hoy se preguntan cómo ciertos gobiernos de derecha y ultraderecha neoliberal, elegidos por el voto, tienen la posibilidad de cometer actos de flagrante ilegalidad, burlando las instituciones de la democracia en forma sistemática y, por ahora, impune. Actúan como topos, destruyendo desde dentro un sistema que detestan, y que, sin embargo, les sirve como herramienta para lograr que los poderes fácticos y el poder económico más concentrado, accedan al gobierno. Además, ni siquiera necesitan ocultarlo. Por el contrario, hacen campaña, y obtienen muchos votos, prometiendo destruir la democracia y los derechos de la ciudadanía.
“La democracia ya no termina con un bang (un golpe militar o una revolución), sino con un leve quejido: el lento y progresivo debilitamiento de las instituciones esenciales, como son el sistema jurídico o la prensa, y la erosión global de las normas políticas tradicionales”, señalan los politólogos estadounidenses Daniel Ziblatt y Steven Levitsky en su libro Cómo mueren las democracias (2018), donde se examinan las condiciones que hacen posible que las democracias colapsen desde dentro, más que por factores externos como golpes militares o invasiones de otros países.
Un acto de guerra
La violenta e ilegal irrupción de la policía ecuatoriana en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente correísta Jorge Glas, que había recibido horas antes asilo político por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desató un conflicto diplomático que llevó a este país a romper relaciones con Ecuador y denunciarlo ante la Corte Penal Internacional de Justicia de La Haya (Países Bajos). Se trató de una flagrante violación del derecho internacional a la inviolabilidad de las embajadas y del derecho al asilo.
Y sucedió además en la embajada de México, lo que agrega al atropello un valor histórico y simbólico que da cuenta de la intención de los gobiernos de derecha y ultraderecha de redireccionar la historia, las leyes y la cultura en favor del mercado y el poder corporativo.
El derecho de asilo siempre fue un pilar fundamental de la política exterior mexicana, país que a lo largo de la historia acogió, incluso bajo gobiernos conservadores, a gran cantidad de exiliados, desde los republicanos de la Guerra Civil Española hasta los militantes perseguidos por las dictaduras genocidas de América Latina.
López Obrador advirtió que su gobierno “no puede quedarse callado ante un agravio como el que sufrió la representación diplomática en Ecuador”.
“Eso es lo que nos importa, que se actúe, porque se trata de una violación, no sólo a la soberanía de nuestro país, sino al derecho internacional, al derecho de asilo, al derecho que tienen todas las naciones de tener protección a sus embajadas, esto no se puede permitir, no se puede aceptar en ningún caso», agregó el mandatario mexicano.
“Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Esto para los hermanos ecuatorianos, que son nuestros hermanos, para que no haya nada que temer y, como siempre lo decimos, no somos iguales, nosotros no somos autoritarios, no somos fachos, no pensamos que los problemas se resuelvan con el uso de la fuerza”, aseguró López Obrador.
Según informó Página 12, la candidata presidencial del oficialismo mexicano, Claudia Sheinbaum, expresó su “enorme indignación” tras la revelación del video del asalto a la embajada. Sheinbaum, quien lidera todas las encuestas rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio, manifestó su “reconocimiento a la valentía del cuerpo diplomático, al presidente López Obrador y a la canciller Alicia Bárcena por la decisión de romper relaciones y llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia”.
La invasión constituye una violación flagrante de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático de 1954 y de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961.
“El asilo otorgado en legaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares, a personas perseguidas por motivos o delitos políticos, será respetado por el Estado territorial de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención”, señala el artículo 1 del Convenio sobre asilo diplomático” adoptado en la Décima Conferencia Interamericana realizada en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1954, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”, dispone el inciso 1 del artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (18 de abril de 1961).
“El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad”, indica el inciso 2.
“Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución”, indica el inciso 3.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la mayoría de los mandatarios del mundo (incluso conservadores y de derecha) salieron a repudiar la invasión. Hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos se sumó al repudio.
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reunió de urgencia con el objetivo de exigir a Quito “promover un diálogo para normalizar las relaciones con México” y, en caso contrario, “tomar posiciones políticas (contra Ecuador), ya sean éstas en conjunto, bilaterales o en organismos internacionales para obligarle a su cumplimiento”. También se discutió una resolución que contenga una “firme condena al Estado de Ecuador por el ingreso ilegal a la embajada de México en Quito, haciendo uso indebido de la fuerza (y) violentando el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas para el secuestro del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas”.
Los presidentes también debatieron la creación de un grupo de siete países como máximo “para definir acciones con el propósito de requerir al gobierno de Ecuador la rectificación por los hechos ocurridos”.
Además, miembros del Parlasur de Argentina y Uruguay solicitaron la exclusión de Ecuador del Mercosur, bloque del que la nación andina participa como estado asociado desde hace 20 años.
Por su parte, el representante del Movimiento Revolución Ciudadana y ex candidato presidencial ecuatoriano, Andrés Arauz, anunció que presentarán un pedido de juicio político contra el presidente Daniel Noboa por el secuestro del ex presidente Jorge Glas tras el asalto a la embajada de México en la capital del país suramericano.
Un país militarizado y cada vez más violento
La jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson visitó Ecuador el 23 de enero de 2024 y el 12 de septiembre de 2023 (durante el gobierno de Guillermo Lasso). Junto a la militar, el asesor especial del presidente Joe Biden para las Américas, Christopher Dodd, se reunieron con Noboa para brindarle apoyo en la lucha contra las bandas narco. Además, Estados Unidos entregó armas y financiamiento para las fuerzas de seguridad de Ecuador, y tiene previsto un plan quinquenal de seguridad para ese país, con base a un acuerdo de cooperación marítima firmado entre ambas naciones.
El 9 de enero la violencia que desde hacía años padecía el pueblo ecuatoriano escaló en buena parte del territorio después de que el conocido líder de una pandilla desapareció de prisión. Se reportaron explosiones, saqueos, tiroteos y vehículos incendiados, y hubo disturbios en varias cárceles. Hombres armados irrumpieron en un estudio de televisión durante una transmisión en vivo. Se produjeron ataques a hospitales y universidades. El saldo fue de 14 muertos.
Noboa asumió el 23 de noviembre de 2023. El 9 de enero de 2024 decretó el “conflicto armado interno” declaró a las bandas criminales “como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”. En su campaña presidencial, había prometido “mano dura”, una de las medidas que, junto con la militarización de la sociedad (con tropas yanquis incluidas), siempre se presentan como la solución. La Corte Constitucional de Ecuador notificó el 23 de enero su dictamen sobre el tratado de cooperación militar marítima entre Estados Unidos y Ecuador, y determinó que no es necesario que el trámite pase por la Asamblea Nacional. El 14 de febrero, Ecuador ratificó sus acuerdos con Estados Unidos
El violento atropello se da en el contexto de una crisis de seguridad desbocada y una situación económica desastrosa. Noboa convocó para el 21 de abril una consulta popular y un referendo para borrar definitivamente el límite entre seguridad y defensa. El mandatario corre contra el tiempo, dado que su mandato es breve, y surgió de la “muerte cruzada” decretada por el mandatario anterior, Guillermo Lasso, en noviembre de 2023. Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán en febrero de 2025, y Noboa pretende ser reelecto.
La experiencia histórica demuestra que la militarización, la mano dura y el show al estilo Bukele, lejos de ser la solución, son parte del problema. Y que esconden, además, objetivos no declarados, que nada tienen que ver con la seguridad de la población, sino con el interés de Estados Unidos por tener una presencia militar en la región en el marco de su disputa con China. Tras la militarización y la ayuda de Estados Unidos, la violencia en el Ecuador de Noboa se incrementó.
El ex presidente Rafael Correa, también perseguido por la guerra judicial y asilado en Bélgica, consideró que el asalto a la embajada dio a conocer al mundo la desastrosa gestión de Noboa, que está destruyendo Ecuador. “Noboa no midió las consecuencias, es un chico soberbio, narcisista, que maneja una hacienda bananera de su papá en la que no paga impuestos y explota trabajadores”, señaló el dirigente en declaraciones a radio El Destape.
“Hay fanáticos que lo van a apoyar en todo, los fascistas van a saltar de alegría, pero la reacción mundial deja en claro que está solo frente al mundo”, agregó Correa, al tiempo que consideró que “nada es casual” y que tanto la guerra judicial (a la que denomina Plan Cóndor II) tienen por objetivo impedir que vuelvan al poder los gobiernos progresistas: “Están dispuestos a todo”.
“Quedó a la vista, y cualquier persona puede comprobarlo, que Glas es un perseguido político. Noboa es el hijo del hombre más rico del país, está acostumbrado a comprar todo con su dinero, es un explotador, un evasor de impuestos, muy prepotente (…) Ahora tiene tremendo lío nacional e internacional, esto es casus belli (causal de guerra), se puede declarar hasta la guerra. Imaginemos por un instante si esto hubiera ocurrido en la embajada de Estados Unidos, ya nos hubiera invadido, y con justa razón, se ingresó a territorio extranjero, se agredió al personal diplomático y se secuestró a un asilado. No sólo es muestra de barbarismo, sino también de extrema torpeza”, concluyó Correa.
Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 13/04/24
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