El juez federal Daniel Rafecas avanza en la causa sobre la complicidad civil con la dictadura militar, siendo uno de los ejes de su investigación el rol de los empresarios de la Sociedad Rural que integraban el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y desde el cual buscaban eliminar todas las políticas que afectaban sus intereses.
Según una nota del matutino Página 12, antes del golpe de 1976 el Inta tenía unos cinco mil trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura.
Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos: Marta Sierra, Carlos Alberto Costa Rodríguez, Gustavo Rodolfo Giombini Moser y María José Rapela de Mangone, que estaba embarazada.
Estos datos comenzaron a ser investigados por el juez Rafecas a partir de una causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos.
Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.
El escrito, presentado por el abogado patrocinante Rodolfo Yanzón, le pide a Rafecas que evalúe responsabilidades por 1) la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y 2) por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “la cadena de mandos”.
Entre los nombres, aparecen los dos interventores del INTA ya fallecidos: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias, un civil del mundo empresario.
También se menciona al Ministerio de Economía, encabezado por Martínez de Hoz, y a la Secretaría de Agricultura, de la que dependía directamente el Instituto.
Por allí pasaron Mario Cadenas Madariaga, una de las voces de la SRA que tuvo participación en el conflicto por la 125, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario a partir de abril de 1976 y secretario desde 1981.
Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la Subsecretaría impulsado por Martínez de Hoz, precisa el escrito.
El padre de la princesa Máxima elogió en 1981 en la revista Chacra la actuación de Arias al frente del Inta, aunque siempre aseguró que no sabía lo que sucedía en el organismo que estaba a su cargo.
Como la única denuncia que hasta ahora lo alcanzaba era por la desaparición de Marta Sierra, una de las trabajadoras, por un hecho previo a su nombramiento formal, hasta ahora no fue alcanzado por las imputaciones.
En este contexto, las víctimas le piden ahora a la Justicia una relectura de su rol tomando en cuenta todo lo ocurrido. El petitorio promueve otras posibles imputaciones entre los representantes de las entidades agropecuarias y otros civiles colocados en puestos estratégicos.
Sin nombrarlos, lo advierte en párrafos como el que sigue: “Las entidades patronales tuvieron un rol protagónico en el entramado que derivó en la desestabilización del gobierno constitucional, en el endurecimiento del discurso que las acercó a las pretensiones de represión de las Fuerzas Armadas y, finalmente, en el acuerdo con éstas de llevar adelante el golpe de Estado y la eliminación de dirigentes gremiales, comisiones internas y agentes y empleados que no respondiesen al modelo de organismos que esas entidades pretendían”, indica el texto.
“De allí se deriva la necesidad de esas entidades de acompañar la gestión de la dictadura con algunos de sus hombres en cargos de relevancia, que pudieran llevar adelante el modelo que requerían y dejar a las Fuerzas Armadas el camino libre para su política de persecución y eliminación de opositores políticos. Es por ello que entendemos que la responsabilidad penal en estos casos debe investigarse como un conjunto de características comunes”, sostiene.
“Los secuestrados, torturados, muertos y desaparecidos del Inta –continúa el escrito– fueron víctimas del accionar ilegal de las FFAA, como un modo de dejar el camino libre a las políticas que, desde las entidades patronales del campo –que tenían en sus manos la Secretaría de Agricultura y los órganos que de ella dependían– se impulsaban”.
